Un día como hoy, 17 de octubre, pero de 1953 se modificó la Constitución Mexicana para que las mujeres mexicanas pudiéramos votar y ser votadas, es decir, se alcanzó la igualdad jurídica a nivel federal. 

A 60 años de aquél logro alcanzado por aquellas pioneras, como diría mi estimadaRebeca Maltos, vemos que se ha avanzado en la consolidación de esta igualdad ante la ley por medio de otros avances: en 2001 se crea INMUJERES, en 2006 se crea Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; en 2007, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; y, en ese mismo año, la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.

En el campo de la participación política se crean las cuotas de género a nivel federal en 1997 con una obligación del 30% , en 2008 se aumenta al 40% el registro de candidaturas de diputados y senadores plurinominales propietarias de un mismo género.

En el año 2012, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación estableció el precedente que las fórmulas de candidaturas a diputaciones y senadurías por ambos principios debían integrarse con personas del mismo género. Obligando a los partidos políticos, por primera vez en la historia democrática de México, a respetar las cuotas de género. Lo anterior, permitió que por primera vez la Cámara de Diputados se conformara con 36% de mujeres y la Cámara de Senadores con un 34%.

Los retos, a 60 años de distancia, son desde mi punto de vista, los siguientes:

1. Armonizar las leyes locales con las federales y ambas con las recomendaciones internacionales para asegurar que la igualdad jurídica entre hombres y mujeres se traduzca en igualdad de hecho: cuotas de género paritarias (50%, dada la eficacia histórica para alcanzar en corto plazo la igualdad de facto) y establecer mínimo el 2% del financiamiento ordinario de los partidos políticos en la promoción y capacitación del liderazgo político de las mujeres con el respectivo reglamento que dé seguimiento a su cumplimiento y sancione, en su caso, la omisión de esta obligación.

2. Generar políticas públicas y presupuestos suficientes para invertir en la capacitación y la promoción de liderazgos políticos de las mujeres que trascienda la vida de los partidos políticos, es decir, vinculada con los planes y programas de estudio de SEP así como la garantía de una vida libre de violencia hacia todas las mujeres y el acceso pleno a todos los derechos humanos. El derecho a la participación política de las mujeres se vulnera cuando se limita el acceso a otros derechos humanos fundamentales como a la salud, al trabajo, a la educación, a la seguridad, a una vida digna, etc. Y sobre todo, cuando no se sanciona a quien vulnera o permite la vulneración de estos derechos.

3. Impulsar que la participación de las mujeres en espacios políticos trascienda justamente a los espacios donde se toman las decisiones donde confluyen el poder político y económico. Habrá que vincular la participación paritaria cuantitativa con la cualitativa. Es decir, se sigue observando que muchos de los espacios alcanzados actualmente son aquellos relacionados con la educación, la cultura, el género, el turismo y el cuidado del medio ambiente, sin embargo, los espacios donde se toman las decisiones económicas y políticas (como en la Secretarías de Estado, las comisiones de la Cámara de Diputados y regidurías municipales de gobierno, de economía, de hacienda, etc) siguen siendo espacios predominantemente masculinos.

4. Fortalecer la red de alianzas, principalmente de mujeres que han alcanzado el liderazgo político, para impulsar a las que ya han alcanzado espacios políticos, para que éstas abran más espacios de participación a las otras mujeres, para compartir la experiencia adquirida en esas luchas políticas e ir preparando a las otras generaciones de mujeres. Esta red de mujeres tendrá que ser plural y diversa e involucrar a todas las formas de ser mujer: mujeres indígenas, mujeres rurales, mujeres urbanas, mujeres lesbianas, mujeres bisexuales, mujeres transexuales, mujeres transgénero, mujeres con discapacidad, mujeres afrodescendientes, mujeres creyentes, mujeres ateas, mujeres jóvenes, mujeres adultas, etc.

A 60 años, tenemos el gran reto de convertir la igualdad jurídica en una igualdad real, que permita que todas las mujeres, en su diversidad pensamiento y en las diferentes formas de ser mujer, podamos tener la garantía de acceder a una vida libre, plena en derechos e igualitaria en hechos.

Luisa Rebeca Garza López