Las personas trans (transgénero o transexuales) somos aquellas cuya identidad de género (que es la autopercepción de pertenencia a una identidad sexo-genérica) no corresponde al sexo socialmente asignado.Esta auto-percepción tiene que ver más que nada con los procesos de subjetivación con los que cada persona construye su identidad de la misma forma que sucede con las personas que no son transgénero y que interpelamos como personas “cisgénero” o “cis-sexuales”, entendiendo que mientras que el prefijo “trans” sugiere un proceso subversivo para cruzar hacia otra identidad sexo-genérica socialmente asignada el prefijo “cis” sugiere un proceso más bien inconsciente en el que otras personas (llamadas incorrectamente “normales”) se alinean al sexo asignado socialmente al nacer. Uno, el de las personas transgénero o transexuales, es sancionado socialmente por no apegarse a la norma, mientras que el otro, las personas cisgénero o cis-sexuales, son beneficiadas socialmente por lo que llamamos “privilegio cisexual”, un privilegio similar a los privilegios masculinos, a los de clase o a los de raza.

Las principales sanciones que vivimos las personas trans son el rechazo del entorno familiar inmediato y de la comunidad que nos estigmatiza como personas pervertidas (violencia comunitaria), la criminalización de parte de las leyes y las autoridades principales policíacas por la sola expresión sexo-genérica que nos estigmatiza como ladronas o delincuentes sexuales (por como nos vemos y que forma parte de una violencia institucional), la patologización hacia nuestras identidades por las instituciones y autoridades médicas (que continuamente nos estigmatizan bajo el diagnóstico de “disforia de género”).

Estos diferentes tipos de violencia legitiman otros actos violentos de exclusión, segregación, violencia física e incluso transfeminicida bajo un discurso de odio y que en realidad es un discurso que busca normalizar estas identidades subversivas que cuestionan la naturalización de los conceptos de sexo y género.

En el caso de las mujeres trans, las violencias son mayores como lo demuestran las cifras de los pocos observatorios de organismos no gubernamentales donde identifican a México como el segundo país en Latinoamérica con más asesinatos a mujeres trans, después de Brasil. Huelga decir que estos asesinatos son abordados de forma sensacionalista por los medios de comunicación y tampoco son investigados por el Estado bajo el prejuicio “que era un hombre vestido de mujer que se lo buscó” lo que re-victimiza estos casos de asesinatos.

Pero sobre todo, la mayor sanción que recibimos es la invisibilización hacia nuestra existencia y hacia nuestros asesinatos que se reflejan en la ausencia total de políticas públicas que reconozcan y protejan las identidades trans desde la infancia ya que gran parte del acoso escolar la viven niñas y niños que no se ajustan al binario sexo-género lo que garantizaría que la personas trans podamos tener acceso el derecho a una educación libre de violencia (en México ninguna institución con el mandato de proteger los derechos de la niñez, incluyendo los centros escolares, reconoce la existencia de la niñez trans como sucede en España o Estados Unidos); el acceso a los servicios de salud que garanticen que las personas tras que así lo deseen puedan recibir terapias de reemplazo hormonal subvencionadas por el Estado así como acompañamiento psicoterapeútico para la persona y la familia así como la conformación de profesionales médicos que sepan atender las solicitudes de apoyo y acompañamiento de las personas y familias que así lo deseen sobre todo para superar los obstáculos productos del rechazo social; pero sobre todo, es de suma urgencia una reforma al código civil de Oaxaca como la realizada en la ahora Ciudad de México en 2014 que ha permitido que las personas trans puedan realizar una rectificación sexo-génerica (es decir, de su nombre y sexo) mediante la expedición de un acta de nacimiento nueva (sin notación marginal) mediante un trámite administrativo que no requiera peritajes médicos ni exigencias hormonales ni quirúrgicas de por medio partiendo, como lo he expuesto al inicio, que la identidad sexo-genérica es una auto-percepción que vivimos todas las personas, pero en el caso de las personas trans no es reconocida.  

Una reforma al código civil de Oaxaca no solo colocaría a la entidad como un lugar de avanzada en cuanto al reconocimiento de derechos humanos de la diversidad sexual a nivel país y a nivel mundial sino que sería una medida que resolvería en un corto plazo problemas estructurales que tenemos las personas trans puesto que sería la puerta para el ejercicio de derechos humanos fundamentales como el trabajo, la educación, el acceso a la salud y a la seguridad social, entre otros derechos.