México se ha convertido en el país que odia a las mujeres. Actualmente estamos viviendo una terrible crisis humanitaria de personas asesinadas o desaparecidas, pero en el caso de las mujeres las cifras no sólo son escandalosas sino ignoradas donde cada año son asesinadas más de dos mil mujeres y más de siete mil mujeres desaparecidas en 4 años.
Sin embargo, dentro de estas tragedias existen otras que son aún más invisibilizadas: los asesinatos a las mujeres trans. En menos de una semana y media hemos recibido noticias de asesinatos de compañeras trans como Paola y Alessa en la Ciudad de México, como el caso de Itzel en Chiapas, como el caso de una mujer trans asesinada en el Estado de México; y hemos recibido la noticia de la desaparición de una chica trans de Chihuahua.
Si bien, a estos casos les han sucedido protestas y exigencias enérgicas hacia las autoridades por justicia y protección no ha habido siquiera pronunciamientos de las autoridades más que de CONAPRED, y esto es insuficiente.
Para quienes piensan que las personas trans –hombres y mujeres- no tenemos protección alguna hacia nuestros derechos humanos les invito revisar el informe “Violencias contra personas LGBTI” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Con respecto a las violaciones de los derechos de las personas trans no sólo realiza recomendaciones para que los Estados incorporen de forma explícita el concepto de identidad de género dentro de sus protecciones legales sino que también solicita incorporar dentro de las penas el agravante por “crimen de odio” o “agravante cometido por prejuicio”, la obligación del funcionariado público por evitar a toda costa los discursos de odio porque además de menoscabar el derecho a la no discriminación afecta a la confianza que se le tienen a las instituciones de Estado, recomienda trabajar la educación de la diversidad sexual desde la infancia y la escuela, capacitar a las autoridades en los temas de la violencia derivadas de la diversidad sexual, desagregar en los indicadores de violencia información por identidad de género, orientación sexual y diversidad corporal, brindar facilidades para que las personas y asociaciones LGBTI accedan a espacios en medios de comunicación y generar debates más igualitarios dado el contexto de prejuicios y estereotipos, entre otras recomendaciones.
Para el caso de las mujeres trans, la Comisión también es clara en señalar que aunque no existan disposiciones específicas estamos protegidas bajo los instrumentos internacionales de derechos humanos como Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de la ONU (“CEDAW”, por sus siglas en inglés), la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y la Convención de Belém do Pará.
A partir de esta interpretación, a las mujeres trans también nos protege la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y sus correspondientes leyes estatales, por lo que la CONAVIM encargada de ejecutar esta ley, tiene la obligación de llegar las cifras de las violencias hacia mujeres tras e intersexuales y tomarlas en cuenta al momento de solicitar las Alertas de Género.
No lo ha hecho, porque aún persiste la idea de que las mujeres trans y, algunas mujeres intersex, no somos mujeres. Esta misma idea que niega nuestra identidad no sólo nos invisibiliza en las estadísticas y en las políticas públicas sobre la violencia, sino que detona la exclusión social que lleva la precariedad y está en la mente de cada uno de los asesinos por transfobia.
Rebeca Garza
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