Sobre empoderamiento de mujeres.


El concepto de empoderamiento fue acuñado en la IV Conferencia Mundial de Beijing en 1995 para “referirse al aumento de la participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones y acceso al poder”. Actualmente, en diferentes sitios lo definen como “la toma de conciencia del poder que individual y colectivamente ostentan las mujeres y que tiene que ver con la recuperación de la propia dignidad de las mujeres como personas”.

Por tanto, ¿cómo trabajar el empoderamiento hacia las mujeres sin caer en esencialismos o en ideas simplificadoras?

Si partimos que el “ser mujer” –lo mismo que el “ser hombre”, “ser indígena”, “ser trans” o cualquier otra identidad- es una construcción social de acuerdo a contextos históricos determinados más que un producto dado por la naturaleza y que son los cuerpos asumidos como “femeninos” quienes simbólica y socialmente son clasificados y jerarquizados en clave de subordinación, es probable que comprendamos no sólo las causas contextuales e históricas para erradicarlas sino que tengamos una aproximación hacia ideas de violencias de género más interseccionales y, por tanto, más contextuales e incluyentes.

Hablar de empoderamiento implica reconocer que existen brechas de desigualdad, violencia generalizada y un entorno social y cultural que introyecta que ciertos cuerpos asumidos como “masculinos” se consideren con el privilegio de dominar y subordinar a aquellos identificados como “femeninos”.

De esta forma, me parece que una de las principales claves para trabajar un empoderamiento que no devenga en la generación de fronteras imaginarias –que a la postre separen- dentro de los diversos grupos de mujeres categorizados por clase, grupo étnico, diversidad sexual, corporal o funcional, o en diversos contextos sociales de vulnerabilidad como quienes viven situación de migración, indocumentación o prostitución involucra reflexionar críticamente los discursos que hemos introyectado, muchas veces inconscientemente, para identificar no sólo las barreras simbólicas, sociales, políticas y económicas que dificultan el acceso a espacios de poder sino también reconocer los pocos, pero al fin y al cabo, privilegios  dentro de la diversidad que implica ser mujer  para comprender las diferentes prioridades y posicionamientos políticos de cada grupo con el objeto de poder  construir puentes que generen alianzas, aunque sean temporales, para el logro de objetivos relacionados con los grandes desafíos que tenemos todas las mujeres y otros grupos oprimidos.

A partir de la construcción de estas alianzas entre diversos grupos podemos generar sinergias para presionar con mayor fuerza a los grupos hegemónicos por mayores y mejores espacios para TODAS las mujeres y los grupos históricamente excluidos del poder.

La subordinación de las mujeres está intrínsicamente relacionada con la constitución de las identidades masculinas tanto a nivel social como subjetivo. Por lo que el empoderamiento de las mujeres no puede asumirse de forma aislada de dichos procesos que participan en la constitución de las identidades masculinas. De ahí que conforme las mujeres –e identidades disidentes- avanzan en espacios de poder o de visibilización se activan las diferentes formas de violencia. El poder político, económico  y social no sólo implica un lugar privilegiado de estatus sino que se vuelve en elemento “esencial” de aquello que participa en la constitución de la identidad de “ser hombre”. De ahí que los discursos tradicionalistas a favor de levantar fronteras que den la idea de consistencia y solidez que remarquen la diferencia sexual, étnica, económica y migratoria empiecen a cobrar fuerza.

Las opresiones que vivimos son muchas (el sistema sexo/género, el patriarcado, el sistema de explotación capitalista neoliberal, las colonizaciones ideológicas y raciales, etc) y aunque subjetivamente podamos priorizarlas de diferente manera, todas estas participan activa  y de forma compleja en los cuerpos que no nos ajustamos a aquello que se considera la norma cis-andro-heterocéntrica, blanco-burguesa, funcional y binariamente corporal.

Ante el resurgimiento de movimientos y posicionamientos políticos con fuertes raíces fundamentalistas religiosas y machistas que alimentan los discursos que claman por el surgimiento de fronteras  que nos separen para mantener la idea de un orden social inalterado que sirvan de contrapesos contra los avances hacia la igualdad y la convivencia pacífica de la pluralidad me parece que la construcción de estas redes entre los diversos grupos de mujeres se volverán estratégicas para apostar a estrategias y proyectos éticos y políticos que nos incluyan a todas  las personas y sostenga siempre una mirada crítica hacia lo que se siga, en un momento dado, excluyendo o invisibilizando, para garantizar así el avance progresivo a la conformación de verdaderas ciudadanías integrales.

Rebeca Garza

@Rivka_Azatl

Abriendo espacios a las juventudes #Trans y No conformes con el género


Conforme más personas trans y no conformes con el género jóvenes empiecen a ser más visibles los espacios sociales tendrán que ser repensados para asegurar la convivencia pacífica y respetuosa entre las diferencias.

Quizás nos sirvan considerar algunas buenas prácticas que se han explorado en países como Estados Unidos[1] para que la realidad no nos sorprenda.

  1. Sobre la privacidad: integrar a la diversidad de género requiere repensar el concepto de privacidad. Por ejemplo, donde sea posible es muy importante que existan baños y sanitarios individuales. Esta no es la única opción, pero es importante que exista. Con respecto al acceso a los sanitarios, en donde el contexto lo permita, se puede explorar la normalización de sanitarios sin género alguno, como se hace en casa.
  2. Sobre la capacidad de elección y agencia: hasta donde sea posible, permite que las juventudes trans y no conformes con el género tengan capacidad de decidir con respecto a sus compañeras o compañeros de habitación, la ropa para dormir, el nombre con el que se registrará en el hotel, entre otras decisiones. En la medida de lo posible, esta norma se puede extender a todo el grupo.
  3. Sobre normalizar la diferencia: es importante construir espacios y reglas de convivencia para que las personas trans y no conformes con el género no se sientan extrañas o fuera de lugar. Una forma de hacerlo es a partir de reconocer que las diferencias individuales forma parte de la naturaleza y, por tanto, de la condición humana. Necesitamos espacios que celebren la particularidad como una norma, en donde las personas nos reconozcamos también a partir de nuestras diferencias y no solamente por las semejanzas. Permite y fomenta la diversidad en general, por ejemplo, que las personas jóvenes elijan su nombre y sus pronombres en las etiquetas de nombre, en la ropa para hacer actividades recreativas y sociales, por ejemplo.
  4. Respeta el libre desarrollo de la personalidad: es decir, respeta el sentido identidad de cada persona independientemente de cómo percibas su apariencia, por su historia de vida u otras ideas preconcebidas. Esto incluye preguntar por el nombre y pronombres más apropiados para cada persona y reconocer que las personas trans y no conformes con el género tienen diferentes experiencias y percepciones.

 

Estas son algunas prácticas que ya se han explorado en algunas partes del mundo. ¿Cuáles podemos pensar  para volver nuestros espacios locales más incluyentes, libres y respetuosos?

 

Rebeca Garza

@Rivka_Azatl

 

[1] Adaptado y traducido de “Accommodating Our Transgender Youth” de Rev. Liam Hooper  : https://www.rmnetwork.org/newrmn/accommodating-transgender-youth/

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Jessica Marjane Durán, activista trans de 23 años y referente de derechos humanos y juventudes trans en México.

 

Hacia una interpretación más incluyente de la Constitución Mexicana


 

El pasado 5 de febrero se celebró el centenario de la promulgación de la Constitución Mexicana, nuestra carta magna, que tuvo el mérito de ser la primera en reconocer derechos sociales como a la educación, al trabajo, a la seguridad social y a la tierra.

Sin embargo, el artículo 34 consideraba que  tenían calidad de ciudadanos de la república “Todos los que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan, además, los siguientes requisitos: I.Haber cumplido 18 años, siendo casados, o veintiuno sino lo son, y II. Tener  un modo honesto de vivir.

Este artículo no excluía explícitamente a las mujeres de su calidad de ciudadanas mexicanas si partimos, como aún dicen muchas autoridades de la lengua española, que el masculino genérico es la forma correcta de manifestarse a un grupo mixto aunque incluso si las mujeres excedan el número de varones.

Sin embargo, en la práctica social y jurídica se negó el reconocimiento a la ciudadanía a las mujeres, negando acceso a sus derechos sociales y políticos como votar y ser votadas, puesto que la interpretación de la ley se alineaba a favor de ciertos grupos dominantes (hombres, cisgénero y, por supuesto, heterosexuales potentados) que además cumplían con los roles socialmente aceptados y que tenían como fin último el mandato de la procreación, de ahí la importancia del requisito de haber contraído matrimonio heterosexual para adquirir el derecho a la ciudadanía a los 18 años y sancionar con retraso de 3 años el ejercicio de la ciudadanía a quienes se desviaban de esta norma.

Por eso es tan importante que la lucha feminista logrará el 17 de octubre de 1953, 36 años después de su promulgación,  la modificación del artículo 34 para que dijera “”Son ciudadanos de la República los varones y las mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos” reunieran los requisitos ya señalados. El 22 de diciembre de 1969, se elimina la sanción de tres años para ejercer la ciudadanía a quienes no cumplían con el matrimonio heterosexual.

Y subrayo la idea del matrimonio heterosexual que subyace en el texto porque es evidente que hasta antes de la reforma de 1969 esta sanción normativa tenía repercusiones directas, aún hoy invisibilizadas, en la población no heterosexual de México de ese periodo, independientemente de la categoría identitaria que abrazara.

Finalmente, resulta extraño que aún hoy en día continúe vigente el apartado que hace referencia a “tener un modo honesto de vivir” dada la ambigüedad de esta idea y que, inevitablemente, remite un orden normativo moral a favor, nuevamente, de ciertas subjetividades hegemónicas.

Actualmente, las personas trans, pero especialmente las mujeres trans, dado el agresivo contexto de violencia de género, vivimos algo parecido a lo sucedido en México antes de 1953: no se nos reconoce el derecho de beneficiarnos de las políticas públicas y prerrogativas sociales que se han creado para las mujeres cisgénero, como en el caso de los Institutos o Secretarías de las Mujeres, el protocolo de violencia política contra las mujeres o el acceso a candidaturas paritarias. La constitución no nos niega ese derecho, lo niegan las interpretaciones sesgadas  y cargadas de prejuicio.

Considero que una forma de honrar el centenario de la Constitución Mexicana es, claro está, que las personas que formamos parte de las Instituciones que integran el Estado Mexicano las hagamos cumplir pero con una visión incluyente, que amplíe el reconocimiento de derechos y carente de prejuicios sociales.

Rebeca Garza

@Rivka_Azatl

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Mensaje de presentación de las legisladoras y legisladores infantiles de Oaxaca 2016


Desde sus inicios, el Parlamento Infantil de las Niñas y los Niños de México ha tenido como uno de sus objetivos prioritarios que este sector de la población ejerza su derecho a la participación.

En sus orígenes, nos fundamentábamos en la Convención sobre los Derechos del Niño adoptada de forma unánime por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989 y que fue ratificada por México en 1990 en donde se solicitaba a las instituciones del Estado concebirles como sujetos de derechos más allá de políticas asistencialistas y paternalistas.

Asimismo, en diciembre de 2016 el Congreso de la Unión aprobó la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que toma el principio de interés superior de la infancia como criterio orientador para toda acción del Estado.

Las legisladoras y los legisladores infantiles han surgido de procesos de elección democráticos en su propia escuela bajo el nombre de “representantes escolares” y, posteriormente, surgieron de otra elección realizada en las convenciones distritales convocadas por el INE donde las personas adultas participamos como organizadoras y testigos. Ellas y ellos son quienes han elegido directamente a sus representantes. En Oaxaca se eligieron once, siete niñas y cuatro niños. En el país, trescientos. En Oaxaca, seis provienen de primarias regulares (cinco de escuelas públicas y una de escuela privada) y cinco representan cursos comunitarios de CONAFE. Siete tienen 10 años y cuatro, 11 años.

Invariablemente, en todas las ediciones del Parlamento Infantil la representación por género ha rondado entre el 60% de niñas y 40% de niños y hemos podido constatar que al momento de elegir votan sin prejuicios de género, clase, grupo étnico o diversidad funcional por lo que en cada edición nos dan una cátedra de que sí es posible a aspirar por una sociedad donde las mujeres y los grupos históricamente vulnerados tengamos acceso a espacios de representación política acordes con la población que integramos, sin violencia, con reconocimiento a la dignidad y respeto a las diferencias.

Sin embargo, creo que lo más importante de abrir este espacio de interlocución con las niñas y los niños es escuchar lo que tienen que decirnos, sus preocupaciones, sus inquietudes, sus anhelos, sus sueños. En el Parlamento Infantil 2016 que realizarán en el Congreso de Unión aprobarán los resolutivos que resulten de una semana de trabajo y lo presentarán primero en el Congreso del Estado de Oaxaca el 18 de febrero y posteriormente en sus lugares de origen en eventos públicos que se llamarán “rendiciones de cuentas” (pueden consultar la programación que se les entregó al ingresar).

En estos ejercicios estaremos invitando a las diferentes autoridades municipales, estatales y federales así como a la academia, a la sociedad civil organizada y a los partidos políticos para que les escuchemos, retomemos los contenidos de los resolutivos e identifiquemos la problemática local que puede ser atendida para reconocer, fortalecer o ampliar el ejercicio de sus derechos como población infantil así como crear el compromiso de seguir abriendo espacios en la familia, en la escuela, en la comunidad, y en los espacios políticos donde las niñas y los niños pueden alzar su voz.

De esta manera y sólo de esta manera, estos espacios donde las niñas y los niños ejerzan su derecho a expresarse y a participar podrán ser elementos detonadores para que la sociedad, los medios de comunicación pero, sobre todo, las instituciones de Estado alineemos nuestros esfuerzos en el inacabable trabajo de mantener un horizonte de derechos humanos progresivo y universal. Muchas gracias.

Luisa Rebeca Garza López

@Rivka_Azatl

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Ser o no ser, la invisibilización de las disidencias sexuales en los censos


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En 2016, Elena Long quien es científica nuclear y mujer trans fue reconocida por la revista científica Nature como una de las personas más relevantes en la ciencia por “allanar el camino para una mayor aceptación de los grupos minoritarios” en el gremio científico.

Long realizó una investigación considerada novedosa con 324 científicas y científicos con el objeto de conocer si las personas científicas lesbianas, gays, bisexuales y trans* se sentían discriminadas en el ámbito profesional por su orientación sexual o su identidad de género. Long argumenta su estudio así: “No teníamos datos, porque la gente consideró demasiado ofensivo preguntar si existimos. Era una encerrona”. Su estudió encontró que la personas trans* fueron las que mayor índice de discriminación sufrieron en el gremio científico y, a partir de este diagnóstico, fundó un grupo de apoyo LGBT + Physicists para compartirse experiencias. [1]

Este ejemplo, detona diferentes cuestiones. ¿Cuántas otras formas de exclusión y discriminación siguen siendo invisibilizadas ante la inexistencia de diagnósticos o espacios para que las diversas posiciones identitarias pueden manifestarse en un espacio libre de violencia? ¿cómo se puede evitar que estudios tan valiosos como éstos y acciones que busquen generar espacios libres de violencia fortalezcan el reverso de la diferencia y esencialicen la diferencia?

Asimilación contra Exclusión, quizás será otro de los siguientes grandes debates en las democracias contemporáneas.

Rebeca Garza

@Rivka_Azatl

[1]  Castelvecchi, Davide. Nature, International Weekly Journal of Science. 19 de diciembre de 2016. http://www.nature.com/news/nature-s-10-1.21157 (último acceso: 02 de enero de 2017).

Mensaje que leí Dentro De La Firma Del Convenio General De Coordinación Y Colaboración Para La Organización Y Desarrollo Del Laboratorio De Cohesión Social II INE / IAIP 2017


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Desde 1990, año de fundación del entonces Instituto Federal Electoral y tomando en cuenta la desconfianza histórica hacia los procesos electorales federales, el IFE se ha caracterizado por transparentar sus procesos de toma de decisión y sus resultados.

Si bien, la transparencia y el acceso a la información pública no eran conceptos que explícitamente aparecieran en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) el IFE siempre tuvo un compromiso con la transparencia desde la conformación de sus diferentes órganos colegiados como el Consejo General, sus 32 Consejos Locales y 300 Consejos Distritales cuyas deliberaciones siempre han sido públicas, sometidas al consenso o acuerdos por mayoría y cuyos acuerdos siempre han sido públicos hasta sus órganos ejecutivos como las 300 juntas distritales ejecutivas, sus 32 juntas locales y la Junta General Ejecutiva cuyas tomas de decisiones también son llevadas a cabo por órganos colegiados y cuyos resultados siempre han quedado documentados para futuras solicitudes.

Asimismo ha sucedido con los procedimientos para la organización de las elecciones. Desde la contratación de las personas que realizan la capacitación y la supervisión electoral cuyas convocatorias han sido públicas, cuyos procedimientos han sido supervisados por órganos ciudadanizados y representantes de partidos políticos hasta su contratación final, siempre sujetos a su escrutinio y cuestionamiento.

Lo mismo ha sucedido con los procedimientos para integrar las mesas directivas de casilla cuyos resultados no sólo se informan en sesiones de consejos e incluso en la página de internet oficial sino que se han establecido procedimientos para verificar dichas actividades.

El IFE, en cumplimiento a la ley electoral, desarrolló también el programa de resultados electorales preliminares (PREP) para dar seguimiento durante el mismo día de la elección a los resultados que fueran informando las casillas electorales; también desarrolló el sistema de Cómputos Distritales para brindar certeza a la realización de esta determinante actividad de verificar el correcto cómputo de los votos en las casillas electorales y que siempre ha sido realizado por la ciudadanía, entre otros sistemas.

Por tanto, me atrevo a decir que el entonces IFE le hereda al INE el legado de ser una de las instituciones pioneras en trabajar a favor de la transparencia y acceso a la información pública desde la conformación de su estructura, desde la implementación de sus procedimientos de toma de decisiones, y desde la innovación en el uso de las tecnologías de información y comunicación para poner a disposición pública de la información que es producida con los impuestos del pueblo mexicano.

Con la reforma electoral de 2014, se crea el Instituto Nacional Electoral y no solo  hereda los principios rectores de certeza, legalidad, imparcialidad, independencia y objetividad sino que se le agrega uno más: el de máxima publicidad. Lo anterior, junto con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública fortalecen el compromiso del INE por la protección y el ejercicio de este derecho humano.

En octubre de 2016, el INE aprobó la nueva Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023, que es el gran documento rector para generar una cruzada nacional a favor de una cultura democrática basada en el respeto de los derechos humanos, que llamamos ciudadanía integral. Sus tres grandes ejes son: Diálogo, Verdad y Exigencia. Y una de sus líneas de acción es justamente trabajar el fortalecimiento de la transparencia, el  acceso a la información pública y la rendición de cuentas.

Por tanto, es en este contexto donde la Junta Local Ejecutiva del Estado de Oaxaca y el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca firman este convenio de apoyo y colaboración.

El convenio es el inicio de un trabajo colaborativo y en la construcción de redes en donde me permito invitar al resto de las instituciones públicas, a las organizaciones de las sociedad civil organizada y a la ciudadanía en general para fortalecer este derecho humano. Sin transparencia ni acceso a la información pública, difícilmente la ciudadanía podrá ejercer rendición de cuentas y sin éstas se genera el caldo de cultivo para mayor opacidad, para la corrupción y para la impunidad lo que a la postre significa menos derechos humanos y menos democracia.

Muchísimas gracias.

Luisa Rebeca Garza López

@Rivka_Azatl.