@jessica_hg @Congreso63Oax Ponencia sobre matrimonio igualitario de Lic. Jessica Jazibe Hernandez


Comparto la ponencia realizada por Lic. Jessica Jazibe Hernandez en el Foro "Matrimonio igualitario e identidad de género" realizado el 8 de agosto de 2017 en el H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca:

Integrantes de la Comisión de Administración de Justicia de la Cámara de Diputados del estado de Oaxaca,
Diputados y Diputadas,
Representantes de los medios de comunicación,
Ciudadanas y ciudadanos
 
 
Buenos días a todos y todas:
 
 
Agradezco la invitación de la Diputada Hilda Graciela Pérez Luis, Presidenta de la Comisión, así como la gestión de su equipo de trabajo para hacer realidad este Foro.
 
Y sin mayor preámbulo me gustaría dar inicio, después de escuchar las valiosas aportaciones de las y los ponentes que me antecedieron, para lo cual, retomaré algunos antecedentes; me situaré en el año de 1857, año en que se promulgó la Constitución, de corte liberal en nuestro país, a diferencia de la que le antecedió en 1824, (que impuso la religión católica como oficial y conservó los fueros militar y eclesiástico).
 
La Ley Fundamental de 1857 fue de avanzada, al incluir la separación iglesia-estado, la prohibición de la esclavitud, la pena de muerte y la tortura, además la educación laica, razones por lo que esta Constitución encontró una fuerte oposición en los conservadores, como ustedes puedes ver, algo similar a lo que ocurre actualmente en el tema de Matrimonio Igualitario, Adopción, Reconocimiento de la Identidad de Género e Interrupción Legal del Embarazo.
 
Posteriormente, en el año de 1859, se promulga la Ley del Matrimonio Civil (como parte de las Leyes de Reforma), instituyendo el matrimonio como un contrato civil indisoluble que solo podía disolverse por un medio natural, es decir, por la muerte de uno de los cónyuges, por cierto aquí tenemos nuevamente otro término utilizado por aquellas personas conservadoras en contra del Matrimonio Igualitario, que hacen referencia a la cuestión natural.
 
De estos dos antecedentes jurídicos, tanto la Constitución de 1857 como la Ley del Matrimonio Civil de 1859, se desprenden dos aspectos sumamente importantes, primero, que el catolicismo no fuera reconocida constitucionalmente como la religión oficial y, segundo, la regulación civil del Matrimonio.
 
¿A qué me refiero con estos dos puntos? Que para tratar el tema de Matrimonio Igualitario debemos separar cualquier perspectiva o creencia religiosa, católica o no, del tal forma que debemos comprender que se trata de un acto jurídico, solemne e incluso como una institución jurídica, que para su validez no necesita en ningún momento del reconocimiento de religión alguna y mucho menos de una justificación “de la naturaleza” toda vez que el Matrimonio Civilen nuestro país, fue establecido hace Ciento Cincuenta y Ocho años, no desde que aparecieron Eva y Adán, no desde el nacimiento de religión alguna y por supuesto, no se trata de un hecho “Natural”.
 
Si separamos esas dos cuestiones, tendremos un panorama muy claro de que se trata la lucha de las personas que conformamos el Colectivo Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Trensgénero, Travesti e Intersexual (LGBTTTI), por el reconocimiento del Matrimonio Igualitario y los derechos que se derivan de este Contrato Civil e iniciaremos con la discusión argumentativa, democrática, liberal  y de derechos humanos que realmente importa para el libre desarrollo de la personalidad y la dignidad de las personas con una orientación y/o identidad sexual diferente a la heterosexual.
Ahora bien, ya entrando en materia, tenemos que el 4 de marzo de 2010, entró en vigor la reforma al Código Civil del Distrito Federal, aprobada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo y el derecho a la adopción.
 
Un año después, se publica la reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos del 10 de junio de 2011, reforma que sin duda no solo reconoció la obligatoriedad de los derechos humanos en el Estado Mexicano, sino que cambió el Sistema Jurídico Mexicano, a través del Principio Pro Persona, la Convencionalidad, el Bloque de Constitucionalidad, así como el Control Concentrado y el Control Difuso de Constitucionalidad.
 
En pocas palabras, el Artículo 1º Constitucional reconoce a todas las personas el goce de los derechos humanos reconocidos en la Ley Fundamental y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, normas que deberán interpretarse favoreciendo en todo momento a las personas, es decir, con la protección más amplia.
 
Pero la redacción de este magnífico precepto no se queda ahí, va más allá al señalar la obligación para todas las autoridades dentro de su ámbito competencial, para “promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad…” y remata con la prohibición de toda discriminación motivada por las preferencias sexuales “o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.”
 
Después de leer parte del contenido del 1º Constitucional e incluso sin realizar un análisis profundo del tema que lamentablemente no da para una intervención de 20 minutos pero si para mencionar que la interpretación conforme debe atender a los derechos consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, específicamente en su numeral 16, Convención Americana sobre Derechos Humanos, numerales 1, 2 y 24; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, numeral 2 y, la Declaración de Naciones Unidas sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer, entre otros instrumentos internacionales, queda claro que toda autoridad está obligada a respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas, lo cual incluye el derecho a no ser Discriminada, a la Igualdad, a tener un nombre (en el caso del reconocimiento de Identidad Sexual), así como a contraer matrimonio y tener una familia con el goce de todos los derechos, incluyendo la Adopción –que por cierto, en la iniciativa de reforma no se incluye-.  
 
De tal suerte que, las autoridades del estado de Oaxaca están incumpliendo con su mandato constitucional, desde cada una de sus competencias y atribuciones, al no reconocer el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo y la adopción, con todos los derechos y obligaciones que de estos actos jurídicos se derivan.
 
Del mismo modo, el Poder Legislativo no está protegiendo ni garantizando los derechos fundamentales de las personas LGBTTTI, en virtud de que sus integrantes no ha reformado el Código Civil de la entidad, a pesar de que en junio de 2015, cuatro años después, la Cámara de Diputados reformó la Constitución Local, para armonizarla con la reforma de la Ley Fundamental del año 2011, reconociendo en el Artículo 1º de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, el goce de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal, así como el de los tratados internacionales, el Principio Pro Persona y la prohibición de la restricción de los derechos humanos.
 
No puedo dejar de mencionar, la Sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Acción de Inconstitucionalidad 2/2010, referente a la reforma de los artículos 146 y 391, del Código Civil del Distrito Federal, por el reconocimiento del Matrimonio entre personas del mismo sexo y adopción por familias homoparentales, presentada por el entonces Procurador General de la República, quien defendió el matrimonio tradicional, en donde la Suprema Corte resolvió la validez de dichos preceptos legales.
 
Actualmente, diferentes personalidades como académicos, investigadores, activistas, litigantes, todas y todos ellos han contribuido desde cada una de sus trincheras en la lucha por la conquista de nuestros derechos civiles, mi reconocimiento para Alex Alí Méndez, Geraldina González de la Vega, Estefanía Vela y, especialmente a las y los ministros liberales de la Suprema Corte, a todos ellos Gracias.
 
Finalmente, una mención especial a las y los entonces integrantes de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, quienes en diciembre de 2009, aprobaron la reforma al Código Civil del Distrito Federal, en una demostración de la defensa de los derechos humanos de las personas LGBTTTI, garantizando el Matrimonio entre personas del mismo sexo y adopción por familias homoparentales, sin temor a una condicionante o prohibición de alguna institución religiosa o grupo social y si con la firme convicción de garantizar a todas las personas, el derecho a la No Discriminación, la Igualdad y la Dignidad Humana, reforma gracias a la cual personas con una preferencia o identidad diferente a la heterosexual hemos ejercido nuestro derecho a contraer matrimonio civil y disfrutar de los derechos y también cumplir con nuestras obligaciones, formando una familia homoparental.
 
Hago un llamado para que esta Legislatura Local apruebe la iniciativa que hoy se discute en este foro para el Matrimonio Igualitario incluyendo la adopción por familias homoparentales.
 
Gracias.

Sobre el reconocimiento legal a la identidad de género en Oaxaca (ponencia) en ‪@Congreso63Oax ‬


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Con respecto al debate alrededor al matrimonio igualitario y al derecho a la identidad de género en Oaxaca, considero que éste análisis debe incorporar las otras categorías de opresión que participan en la exclusión social de la población de la diversidad sexual en la entidad como son, por ejemplo, la categoría étnica, las barreras lingüísticas y el nivel socioeconómico.

De acuerdo al INEGI, el 34% de las personas mayores de 5 años hablan una lengua indígena y el 14% no habla español. Por otra parte, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) considera que Oaxaca tiene 62% de la población  viviendo en la pobreza con 3 millones de personas pobres (2 millones en pobreza moderada y 1.3 millones en pobreza extrema), además 7 de cada 10 personas carece de seguridad social, tiene un ingreso por abajo del salario mínimo y no tiene derecho al seguro social, a la vivienda y no está sujeta a crédito.[1]

Por otra parte, dado que no existen censos ni diagnósticos de la población de la diversidad sexual en México, no podemos analizar las cifras anteriores a partir de categorías como la orientación sexual, la identidad de género o la expresión de género, aunque documentos como el informe Violencia contra personas LGBTI de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dan cuenta de la violación sistemática y estructural a los derechos fundamentales de este sector de la población y que les recomiendo ampliamente recuperar.

Ante este escenario de carencias, hay que recordar que el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce que la Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas y, por su parte, el artículo 1 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca reconoce al estado como multiétnico, pluricultural y multilingüe.

Recordemos que de conformidad con los Principios de Yogyakarta, la identidad de género es “la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo (que podría involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida) y otras  expresiones de género incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales”.

Todas las personas poseemos una identidad de género. Las personas cuya identidad de género no corresponde con el sexo asignado al nacer, generalmente nos ubicamos bajo el término paragüas de trans, abarcando con esto a las identidades transgénero, transexuales, travesti o no conformes con el binario de género hombre-mujer.

Siendo Oaxaca multiétnico y pluricultural, ha aportado al mundo una categoría identitaria única fuera del binario hombre-mujer e intersectada a su vez con la identidad étnica zapoteca como son las identidades muxe e ngui’u. Sin embargo, diversas personas muxe han denunciado la exclusión social y diversas formas de violencias de género, incluyendo la violencia feminicida, como en los casos de Niza Santiago Medina asesinada en 2012 o Adriana Fonseca asesinada en 2009, ambas de Juchitán; o las amenazas de muerte que han recibido quienes han denunciado como en el caso de Peregrina.[2]

Por lo tanto, creo que es conveniente preguntarnos ¿cómo proteger y fortalecer derechos fundamentales de la población de la diversidad sexual dentro de este contexto de precariedad? ¿Cómo analizamos y debatimos la discriminación y el rechazo socialmente legitimado hacia las personas gays, lesbianas, bisexuales, intersex, trans,  muxe e ngui’u de Oaxaca, por citar algunas identidades diversamente sexo-genéricas, no sólo en este escenario de precariedad sino además de indiferencia política –porque muchas personas, especialmente trans,  ni siquiera somos beneficiarias de programas sociales porque carecemos de documentos de identidad como las mujeres u hombres que somos? ¿Cómo atendemos la desigualdad en un entorno de indiferencia económica –porque las tasas de desempleo de la población de la diversidad sexual son altísimas con respecto al promedio nacional en donde se habla que el 98% de las personas trans estamos en desempleo? ¿Cómo hablamos de progresividad y universalidad de derechos humanos ante entornos de indiferencia legislativa –en donde aún hoy en día se sigue debatiendo en los congresos estatales y federal si se pueden aprobar reformas para que el Estado reconozca nuestras uniones civiles y nuestra identidad de género a pesar que existen criterios firmemente asentados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación así como las recomendaciones emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su informe Violencia contra personas LGBTI?

Si uno de los grandes cambios de paradigmas de la reforma constitucional de derechos humanos de 2011 fue pasar de la noción de que el Estado otorgaba garantías a uno en donde el Estado reconoce derechos humanos inherentes a cada persona por el sólo hecho de serlo, me pregunto si cada vez que debatimos si las personas trans, muxes, ngui’u o no conformes con el género  tenemos derechos a la identidad de género ¿no se está cuestionando en el fondo nuestra calidad como persona?

La posibilidad de que este Honorable Congreso realice reformas al código civil para que las personas trans, intersex,  muxe e ngui’u de Oaxaca puedan acceder a rectificar su acta de nacimiento en cuanto al nombre y al sexo mediante un trámite administrativo, gratuito y en cualquier registro civil sin condicionamientos de peritajes psiquiátricos o de ajustarse a un estereotipo de género, como ya es una realidad en la CDMX, significará abrir una gran puerta para acceder al ejercicio a otros derechos como a la educación en donde se nos reconozca nuestro historial académico, como al trabajo donde podamos ser contratadas conforme a nuestra identidad de género, el derecho a la salud donde podamos ser atendidas y atendidos a partir de nuestras particularidades, es decir, dejaremos de ser indocumentadas e indocumentados en nuestro propio estado y en nuestro propio país. Y también significará dejar de ser una ciudadanía de segunda porque, evidentemente, las personas trans y muxe que estamos en este recinto y que  ya contamos con un acta de nacimiento rectificada, hemos tenido que acudir a la CDMX a hacer valer este derecho ya que en nuestros estados de origen se nos niega este derecho.

Estoy segura que la reforma al código civil que reconozca la identidad de género no eliminará inmediatamente las diferentes formas de violencia de género y la exclusión social que vivimos las personas trans, muxe y ngui’u pero será un primer gran paso para erradicarlas, es el camino correcto hacia una sociedad más igualitaria fundamentada en un respeto irrestricto e irrenunciable a los derechos humanos y, sobre todo, dará justicia y reconocimiento histórico a un sector de la población indígena zapoteca oaxaqueña como son las personas muxe y ngui’u.

Muchas gracias.

Luisa Rebeca Garza López

[1] Oaxaca Día a Día. Tiene Oaxaca 3 millones de pobres. Oaxaca. 25 de febrero de 2017.Consultado el 07 de agosto de 2017. Liga: http://oaxacadiaadia.com/2017/02/25/tiene-oaxaca-3-millones-de-pobres/

[2] Thomas Lupita. Quadratín / El Universal. Muxes, frente al crimen e intolerancia. México. 25 de mayo de 2014. Consultado el 07 de agosto de 2017. Fuente: http://archivo.eluniversal.com.mx/estados/2014/impreso/muxes-frente-al-crimen-e-intolerancia-94865.html

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