Con respecto al debate alrededor al matrimonio igualitario y al derecho a la identidad de género en Oaxaca, considero que éste análisis debe incorporar las otras categorías de opresión que participan en la exclusión social de la población de la diversidad sexual en la entidad como son, por ejemplo, la categoría étnica, las barreras lingüísticas y el nivel socioeconómico.
De acuerdo al INEGI, el 34% de las personas mayores de 5 años hablan una lengua indígena y el 14% no habla español. Por otra parte, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) considera que Oaxaca tiene 62% de la población viviendo en la pobreza con 3 millones de personas pobres (2 millones en pobreza moderada y 1.3 millones en pobreza extrema), además 7 de cada 10 personas carece de seguridad social, tiene un ingreso por abajo del salario mínimo y no tiene derecho al seguro social, a la vivienda y no está sujeta a crédito.[1]
Por otra parte, dado que no existen censos ni diagnósticos de la población de la diversidad sexual en México, no podemos analizar las cifras anteriores a partir de categorías como la orientación sexual, la identidad de género o la expresión de género, aunque documentos como el informe Violencia contra personas LGBTI de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dan cuenta de la violación sistemática y estructural a los derechos fundamentales de este sector de la población y que les recomiendo ampliamente recuperar.
Ante este escenario de carencias, hay que recordar que el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce que la Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas y, por su parte, el artículo 1 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca reconoce al estado como multiétnico, pluricultural y multilingüe.
Recordemos que de conformidad con los Principios de Yogyakarta, la identidad de género es “la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo (que podría involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida) y otras expresiones de género incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales”.
Todas las personas poseemos una identidad de género. Las personas cuya identidad de género no corresponde con el sexo asignado al nacer, generalmente nos ubicamos bajo el término paragüas de trans, abarcando con esto a las identidades transgénero, transexuales, travesti o no conformes con el binario de género hombre-mujer.
Siendo Oaxaca multiétnico y pluricultural, ha aportado al mundo una categoría identitaria única fuera del binario hombre-mujer e intersectada a su vez con la identidad étnica zapoteca como son las identidades muxe e ngui’u. Sin embargo, diversas personas muxe han denunciado la exclusión social y diversas formas de violencias de género, incluyendo la violencia feminicida, como en los casos de Niza Santiago Medina asesinada en 2012 o Adriana Fonseca asesinada en 2009, ambas de Juchitán; o las amenazas de muerte que han recibido quienes han denunciado como en el caso de Peregrina.[2]
Por lo tanto, creo que es conveniente preguntarnos ¿cómo proteger y fortalecer derechos fundamentales de la población de la diversidad sexual dentro de este contexto de precariedad? ¿Cómo analizamos y debatimos la discriminación y el rechazo socialmente legitimado hacia las personas gays, lesbianas, bisexuales, intersex, trans, muxe e ngui’u de Oaxaca, por citar algunas identidades diversamente sexo-genéricas, no sólo en este escenario de precariedad sino además de indiferencia política –porque muchas personas, especialmente trans, ni siquiera somos beneficiarias de programas sociales porque carecemos de documentos de identidad como las mujeres u hombres que somos? ¿Cómo atendemos la desigualdad en un entorno de indiferencia económica –porque las tasas de desempleo de la población de la diversidad sexual son altísimas con respecto al promedio nacional en donde se habla que el 98% de las personas trans estamos en desempleo? ¿Cómo hablamos de progresividad y universalidad de derechos humanos ante entornos de indiferencia legislativa –en donde aún hoy en día se sigue debatiendo en los congresos estatales y federal si se pueden aprobar reformas para que el Estado reconozca nuestras uniones civiles y nuestra identidad de género a pesar que existen criterios firmemente asentados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación así como las recomendaciones emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su informe Violencia contra personas LGBTI?
Si uno de los grandes cambios de paradigmas de la reforma constitucional de derechos humanos de 2011 fue pasar de la noción de que el Estado otorgaba garantías a uno en donde el Estado reconoce derechos humanos inherentes a cada persona por el sólo hecho de serlo, me pregunto si cada vez que debatimos si las personas trans, muxes, ngui’u o no conformes con el género tenemos derechos a la identidad de género ¿no se está cuestionando en el fondo nuestra calidad como persona?
La posibilidad de que este Honorable Congreso realice reformas al código civil para que las personas trans, intersex, muxe e ngui’u de Oaxaca puedan acceder a rectificar su acta de nacimiento en cuanto al nombre y al sexo mediante un trámite administrativo, gratuito y en cualquier registro civil sin condicionamientos de peritajes psiquiátricos o de ajustarse a un estereotipo de género, como ya es una realidad en la CDMX, significará abrir una gran puerta para acceder al ejercicio a otros derechos como a la educación en donde se nos reconozca nuestro historial académico, como al trabajo donde podamos ser contratadas conforme a nuestra identidad de género, el derecho a la salud donde podamos ser atendidas y atendidos a partir de nuestras particularidades, es decir, dejaremos de ser indocumentadas e indocumentados en nuestro propio estado y en nuestro propio país. Y también significará dejar de ser una ciudadanía de segunda porque, evidentemente, las personas trans y muxe que estamos en este recinto y que ya contamos con un acta de nacimiento rectificada, hemos tenido que acudir a la CDMX a hacer valer este derecho ya que en nuestros estados de origen se nos niega este derecho.
Estoy segura que la reforma al código civil que reconozca la identidad de género no eliminará inmediatamente las diferentes formas de violencia de género y la exclusión social que vivimos las personas trans, muxe y ngui’u pero será un primer gran paso para erradicarlas, es el camino correcto hacia una sociedad más igualitaria fundamentada en un respeto irrestricto e irrenunciable a los derechos humanos y, sobre todo, dará justicia y reconocimiento histórico a un sector de la población indígena zapoteca oaxaqueña como son las personas muxe y ngui’u.
Muchas gracias.
Luisa Rebeca Garza López
[1] Oaxaca Día a Día. Tiene Oaxaca 3 millones de pobres. Oaxaca. 25 de febrero de 2017.Consultado el 07 de agosto de 2017. Liga: http://oaxacadiaadia.com/2017/02/25/tiene-oaxaca-3-millones-de-pobres/
[2] Thomas Lupita. Quadratín / El Universal. Muxes, frente al crimen e intolerancia. México. 25 de mayo de 2014. Consultado el 07 de agosto de 2017. Fuente: http://archivo.eluniversal.com.mx/estados/2014/impreso/muxes-frente-al-crimen-e-intolerancia-94865.html
"YO SOLO SOY": Sitio Web de Rebeca Garza #LoTransEsPolítico 
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