"YO SOLO SOY": Sitio Web de Rebeca Garza #LoTransEsPolítico

En una sesión histórica del Consejo General del INE se habló sobre los contextos de violencia generalizada que viven las personas trans y que representan barreras para que las personas trans puedan ejercer su voto en las mismas condiciones de igualdad que el resto de la población.

Se habló del largo proceso y debate que se desarrolló a lo largo de casi seis meses de trabajo con colectivos y activistas trans, representantes de partidos políticos y del poder legislativo así como de diferentes consejeras, consejeros, direcciones y unidades técnicas del INE.

Yo digo que fue un protocolo construido a muchas, pero muchas manos. Y esto, no necesariamente es malo. Se ha enriquecido desde una amplia pluralidad.

Seguramente se pudieron haber integrado las observaciones de la Consejera Dania Ravel sobre eliminar la palabra «discordante» por su trasfondo patologizante, quizás se pudo haber explorado redacciones que fueran más claras con respecto de proteger la libre expresión de género cuando no coincida con los datos de la credencial de elector, quizás faltaron más exploraciones para evitar la exposición pública de una persona trans (propuesta de dirigirse al electorado por sus apellidos); pero es cierto que el engrose presentado por Lorenzo Córdova estaba validado por CONAPRED, algunos colectivos trans y no dudo que era la versión más incluyente que al mismo tiempo lograba el mayor número de votos.

Así pues, hoy 22 de diciembre de 2017 en INE da un gran paso hacia la igualdad a favor de uno de los sectores de la población más violentados: las personas trans.

El protocolo tiene sus grandes bondades: se convierte en el primer documento normativo con impacto nacional que reconoce explícitamente derechos de la población trans a partir de visibilizar los fuertes prejuicios sociales que legitiman vulneración de derechos, actos de exclusión y violencia hacia este sector de la población; la segunda bondad, como dijo la consejera Ravel será que permitirá sensibilizar a 1.4 millones de personas -sorteadas a lo largo y ancho del país- que fungirán como funcionarias y funcionarios de casilla en una de las elecciones más grandes en la historia de México: la del 1 de julio de 2018. Adicional a todo el funcionarado que integra tanto al INE como a los 32 OPLES.

Sin embargo, esto no es suficiente. Hay que decirlo con todas sus letras: esta acción de nivelación del INE surge de un contexto en donde tanto la Cámara de Diputados así como los diferentes congresos locales (a excepción de la Ciudad de México, Nayarit y Michoacán) han sido omisos e indiferentes a las diferentes iniciativas que se han presentado en diferentes momentos y que han tenido por objeto reconocer la identidad de género como un derecho al libre desarrollo de la personalidad.

Si la memoria no me falla en la Cámara de Diputados la última iniciativa que se presentó fue en 2008 o 2009 y fue mantenida en la «congeladora».

En Puebla sucedió lo mismo por el año 2011 y ni siquiera el vil e impune asesinato de nuestra compañera y activista Agnes Torres rompió los prejuicios de quienes nos dicen representar y sigue estando en lista de espera.

Em Oaxaca apenas hace varias semanas también un partido hizo llegar una iniciativa para reconocer la identidad de género y el matrimonio igualitario pero tampoco pudo salir de comisiones.

Son muchos los argumentos que revisten de prejuicios que se han dicho en esos espacios: que México no está preparado, qué hay otras prioridades, que somos una minoría que desea imponer su «ideología» a una mayoría incluso se nos sigue llamando en algunos congresos como personas enfermas o pervertidas.

Mientras tanto, México sigue siendo el segundo país del mundo donde más asesinan personas trans; sigue siendo el país con una de las mayores tasas en el mundo de acoso escolar donde quienes más sufren son aquellas personas que no se ajustan a los estereotipos derivados de pensar que la heterosexualidad es la única orientación sexual válida y la cisgeneridad, la única identidad verdadera y real.

Por lo tanto, pregunto cuánto tiempo mas tendrá que pasar para que la Cámara de Diputados y los respectivos congresos locales reconozcan y protejan pronto los derechos de las poblaciones trans para eliminar las barreras sociales, legales e institucionales que limitan el ejercicio pleno de derechos.

Espero que no pase mucho tiempo. Entre más tiempo pase más compañeras y compañeros trans siguen viviendo fuertes contextos de violencia desde la infancia, siguen siendo personas indocumentadas en su propio país y siguen viviendo con la zozobra no solo si comerán mañana, como un gran sector precarizado de la población, sino si seguirán vivas y vivos mañana mismo.

Rebeca Garza.

Pueden ver el debate aquí, es el punto número 4.