Foro de discusión sobre el derecho a la identidad de género y la participación política de las personas #trans @TEPJF_informa @INEMexico @CONAPRED @IBERO_mx Para garantizar el pleno acceso y ejercicio de sus derechos, es necesario que se legisle en materia de identidad de género


Comparto mi participación en el foro, algunas fotos y los dos boletines que emitió el Instituto Nacional Electoral. Si alguien tiene la liga donde se pueda consultar el video, se le agradecerá.

¿Qué tienen en común un foro de discusión sobre los derechos políticos electorales de las personas trans en Mexico y la controversia mediática alrededor de Angela Ponce, mujer trans que está participando en miss universo representando a España ?

Desde mi punto de vista, tienen en común el cuestionamiento a las categorías de hombre y mujer que históricamente han sido consideradas como predeterminadas biológicamente, con sus implicaciones éticas y políticas, específicamente hacia las estructuras sociales, políticas y económicas que se han montado a partir de esta mirada.

En otras palabras, es pertinente preguntarnos tanto de forma individual y luego de forma colectiva si en nuestros espacios sociales las mujeres trans están consideradas como parte del grupo de mujeres y si los hombres trans son considerados como parte del grupo de hombres con todos los derechos y prerrogativas correspondientes. Y si no es así, ¿porque? ¿Al menos les vemos ? ¿Les escuchamos directamente? Si existe rechazo o la franca indiferencia ¿cómo participan los prejuicios y estigmas sociales que pesan sobre las poblaciones de las diversidades sexuales y de género ?

Creo que el avance de los derechos políticos electorales de las personas trans en este proceso electoral se puede leer a partir de dos experiencias muy importantes:

El llamado “protocolo trans” del INE y el artículo 16 de los lineamientos de paridad de IEEPCO.

El primero, fue un producto que surgió de un largo proceso de aproximadamente seis meses en donde participaron de manera colectiva y a través de diálogos horizontales tanto autoridades electorales, como instituciones especializadas en materia de derechos humanos y de no discriminación pero sobretodo, subrayo, se contó con la presencia y la participación activa de personas trans activistas tanto independientes como representaciones de colectivos trans de diferentes partes del país como Nuevo León, Baja California, Yucatán, Oaxaca, además de la Ciudad de México, entre otros.

En el área de educación cívica he aprendido que el proceso es tan importante como el producto. Por lo tanto, desde mi punto de vista, fue un protocolo surgido de un proceso histórico e inédito por la manera en que se construyó como medida de nivelación que a pesar de su importancia política quizás no estaría exento de controversias sociales.

Lo anterior, permitió el espacio plural que generó fuertes debates que se esperan en procesos democráticos de diálogo y de construcción de políticas pero al mismo tiempo fue retroalimentado tanto por las aportaciones de las diferentes perspectivas y visiones así como las experiencias -algunas encarnadas en las propias personas trans participantes lo que es insustituible- y las competencias de las diferentes personas y actores que se involucraron.

Cuando se tuvo el conflicto entre dos principios fundamentales como el de legalidad y el derecho al libre desarrollo de la personalidad, reconozco que las voces mayoritarias fueron las de ampliar el derecho de una población históricamente vulnerada como las poblaciones trans.

También pienso que mucho tuvo que ver la alta participación de personas trans que el propio INE propició al mismo tiempo que involucró y tomó verdaderamente en cuenta las opiniones de las instituciones expertas en materia de derechos humanos y no discriminacion (como CONAPRED que también tuvo un papel fundamental).

Incluso, un tema muy álgido al interior de estas mesas de trabajo fue justamente la posibilidad de que las personas cisgénero (personas no trans ) quisieran hacerse pasar por personas trans para, por ejemplo, votar más de dos veces pero al revisar los propios candados que ya existen en materia electoral se consideró que el contenido del protocolo trans reconocía y protegía los derechos de las personas trans sin vulnerar el principio de legalidad.

Desde mi punto de vista, el contenido del protocolo fue el piso mínimo de lo que se puede lograr para reconocer y ampliar derechos de las poblaciones de las diversidades sexuales y de género.

Comparto todo esto porque considero que el abordaje del tema de las llamadas “falsas candidaturas trans” tiene que partir desde su proceso de construcción y tomando lo ciclos de violencia y exclusión que viven estas poblaciones.

Particularmente me parece que es histórica en términos de inclusión la mera existencia del artículo 16 de los lineamientos de paridad del IEEPCO como medida de nivelación a favor de las poblaciones trans, muxe e intersex sin embargo también considero que sus limitaciones quizás se pueden comprender también por la forma en que fue construido.

No recuerdo la presencia de reuniones de personas expertas en materia de derechos humanos y no discriminación que participaran activamente en su construcción o entregando dictámenes formales.

Quizás también faltó el acompañamiento formal de personas y colectivos trans locales que hubieran podido enriquecer dicha medida de nivelación a partir de la invaluable experiencia encarnada para reconocer y anticipar los contextos de alta violencia política que efectivamente surgieron.

Considero que lo que sucedió con la implementación del artículo 16 de los lineamientos de paridad del IEEPCO refleja la forma en que los prejuicios sociales contra las poblaciones trans atraviesan a las autoridades electorales y los partidos políticos que nos continúan invisibilizando y violentando, a los medios de comunicación que aún continúan abordando los temas de las poblaciones trans* con morbo y sensacionalismo y a diversos movimientos sociales como ciertas corrientes feministas que apuestan y siguen apostando por políticas trans excluyentes.

Todo esto suma a la narrativa simbólica y social de que las identidades trans* son inferiores, artificiales o menos auténticas que las identidades de las personas cisgénero o que no son trans.

En un país donde nuestras identidades fueran consideradas tan validas como las cisgénero y por lo tanto, respetadas, si la medida era laxa se pudo haber impugnado dicho artículo para fortalecerla pero cuando los partidos políticos impugnaron los lineamientos de paridad jamás mencionaron ese artículo.

En retrospectiva me pregunto si existió una estrategia para boicotear el artículo 16 por parte de los partidos políticos involucrados aprovechando la nobleza de dicho artículo que, en mi lectura, apostó a la buena fe de los partidos políticos y de la ciudadanía.

¿En que país quienes ya han ostentado el poder público son capaces de usurpar la lucha y el discurso de las personas trans e intersex por la autonomía de las identidades y expresiones de sexo y género para permanecer en la lucha del poder vulnerando también el principio constitucional de paridad de género producto de luchas feministas de años?

Varias eran candidaturas a reelegirse cuyos performances de género eran notorios y públicamente conocidos como hombres cisgénero heterosexuales con cero discursos a favor de las mujeres y de las diversidades sexuales y de género.

A mi juicio, todas esas violencias hacia las poblaciones trans más la denuncia pública hecha por los colectivos trans y muxe de Oaxaca y algunos colectivos feministas debió haber fundamentado ante la Sala Superior del TEPJF la duda razonable para efectivamente proceder a entrar en el análisis profundo del asunto y descartar una nueva modalidad de violencia política en razón de género: la usurpación de una medida de nivelación a favor de las personas trans, muxe e intersex por parte de hombres cisgénero heterosexuales para evadir el mandato constitucional de la paridad de género tal y como lo documentaron los colectivos denunciantes como lo siguiente:

1. Que nunca se habían pronunciado en lo público ni en lo privado -como sus redes sociales- ni como mujeres trans, ni como parte de los colectivos LGBTI e incluso algunas de esas personas fueron señaladas por sus acciones o discursos misóginos y machistas.

2. Que la medida de nivelación del IEEPCO surge para eliminar un obstáculo real: la inexistencia de normas que permitan a nivel local o federal rectificar el acta de nacimiento de las personas trans y poder contender en la boleta electoral por el nombre con el que socialmente estas poblaciones son conocidas y no por el nombre asignado al nacer. Esas iniciativas han sido rechazadas por los mismos partidos y coaliciones que registraron las llamadas “falsas candidaturas trans” incluso cuando han sido mayoría en congresos locales y federal. Al mismo tiempo estas personas pretendieron ser registrados con sus nombres masculinos asignados al nacer, para lo que se supone existe el procedimiento ordinario.

3. Lo anterior cobra relevancia al comparar las llamadas “falsas candidaturas trans” con la candidatura al municipio de Juchitán de Zaragoza de Felina y su sustituta, ambas personas muxe, que sí fueron reconocidas como tales por los propios colectivos trans y muxe.

4. Que, como ya se mencionó, algunas de esas candidaturas ya estaban ejerciendo el cargo o han estado cercanos al ejercicio del poder público.

5. Que ninguno ratificó ni ha ratificado su auto adscripción trans en público ni siquiera en sus redes sociales. Algunos incluso señalaron en notas periodísticas que no habían dado su autorización. Mientras los colectivos feministas, trans y muxe hicieron la denuncia pública a estas personas y a pesar de los cuestionamientos documentados se les permitió ratificar en un formato y en privado la supuesta identidad trans para acceder a una candidatura como mujer.

Creo que esta es la parte más delicada. Entiendo que el TEPJF quiso maximizar el derecho al libre desarrollo de la personalidad de las personas trans pero, desde mi punto de vista, al no considerar los argumentos anteriores en contextos de poder y de competencia por el poder por parte de las corposubjetividades denunciadas se pierde de vista la hipótesis que esas representan a las corposubjetividades hegemónicas: es decir a hombres cisgénero heterosexuales como lo señalaron y documentaron.

Esta hipótesis no fue considerada dentro del análisis y desde mi punto de vista es la omisión más importante porque puede revivir los argumentos de los posicionamientos trans excluyentes al validar la tesis de que las mujeres trans somos una “sofisticación del patriarcado” para infiltrarse en los espacios de y para las mujeres (cisgénero obviamente) lo que puede llevar a retrocesos tanto en derechos ganados a favor de la identidad de género como la paridad de género en candidaturas.

Rebeca Garza

@Rivka_Azatl

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