Inclusión de grupos en situación de vulnerabilidad en el proceso electoral federal 2017-2018 por @DaniaRavel


El artículo se publicó originalmente en este sitio.

Dania Ravel Cuevas*

Desde su origen la democracia ha sido entendida y aplicada de diferentes formas. Quienes constituyen al pueblo o a la ciudadanía, así como sus derechos y atribuciones se han modificado a lo largo del tiempo.

En Atenas, la ciudadanía se conformaba por todos aquellos hombres libres mayores de 18 años; la ciudadanía se adquiría por nacimiento y se le consideraba un privilegio. Así, los esclavos y otros grupos estaban fuera de ella. Por su parte, las mujeres podían ser consideradas ciudadanas de acuerdo con su estatus social, aunque eran los varones los únicos que podían ejercer su voto y tener voz en las asambleas, por lo que el verdadero poder político recaía en ellos.[1]

En otros periodos históricos y naciones no fue diferente; basta recordar la Revolución francesa –que sentó las bases de la democracia moderna–, guiada por los principios de “libertad, igualdad, fraternidad”. En ese contexto, ser ciudadano implicaba que se era “habitante de una ciudad o cité, de un Estado libre, que tiene el derecho de sufragio en las asambleas públicas y que se formaba parte de la soberanía”. [2] En el Supplément de 1798, ser ciudadano se establecía como el “nombre común para todos los franceses y demás individuos de naciones libres que disfrutan de derechos de ciudadanía. Relativo a las mujeres, es un simple calificativo”.[3] De esta forma se hacía una distinción clara entre hombres y mujeres, en donde, de nuevo, el poder político sólo pertenecía a unos cuantos, hecho que se alargó, como es del conocimiento general, por varios años.

En los siglos xix y xx comenzaron a gestarse diferentes movimientos sociales impulsados por grupos que históricamente habían sido excluidos e invisibilizados y a quienes se les habían negado sus derechos fundamentales. En Estados Unidos, por ejemplo, la población de varones afroamericanos vio reconocido su derecho al voto en 1870,[4] aunque fue hasta 1965 cuando el presidente Lyndon B. Johnson firmó el Voting Rights Act o Ley del Derecho al Voto, declarando ilegales las leyes que restringían el sufragio a las y los afroamericanos, pues los actos de violencia y racismo en su contra, incluso desde las instituciones, no les permitían ejercer sus derechos políticos.[5] Por su parte, las mujeres pudieron ejercer este derecho a partir de 1920 y cuatro años más tarde se reconoció el derecho a la ciudadanía estadounidense de las personas indígenas americanas.[6]

Alain Touraine define la democracia moderna como “el régimen político que permite que vivan bajo las mismas leyes individuos de intereses y creencias distintos, que nos permite vivir juntos con nuestras diferencias, como decían los jóvenes ‘beurs’ (franceses de origen argelino) en su marcha por la igualdad en 1983”.[7] Esta definición me parece fundamental, pues hace referencia a las diferencias, ya que “el pueblo no es una entidad orgánica ni una especie de espíritu colectivo, sino que es solamente el conjunto de ciudadanos y ciudadanas distributivamente considerados; es decir, de ciudadanos tomados en tanto individuos libres e iguales, haciendo abstracción tanto de su papel socioeconómico como de sus capacidades e identidades culturales.[8]

En el contexto nacional se han hecho esfuerzos por garantizar los derechos políticos de todos los sectores y grupos de la sociedad. Algunas de las reformas que han buscado la inclusión de diferentes grupos son las de los artículos 34 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (cpeum) que reconocieron el sufragio femenino a nivel federal en 1953 y el voto en las elecciones locales de 1947, respectivamente, a pesar de que en algunos estados de la república ya se había legislado en su favor desde 1923. Otro ejemplo de ello, en relación con los pueblos originarios e indígenas, es la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 2001, a partir de la cual el artículo 2° de la cpeum establece el derecho de los pueblos a la libre determinación y autonomía.

Actualmente, podemos decir que el sufragio universal es la condición mínima de la democracia; sin embargo, asegurar la total inclusión y respeto a los derechos políticos de todas las personas aún es un gran reto, pues varios grupos en situación de vulnerabilidad siguen enfrentando diferentes actos de discriminación por diversos motivos tales como sexo, identidad y/u orientación sexual, raza, condición social, origen étnico y discapacidad, por lo que podríamos considerar la división que establece Ana Montoya de dos tipos del ejercicio ciudadano:

El primero de ellos, la “ciudadanía formal”, consistente en la positivización de derechos y deberes políticos circunscritos en todos los Estados a la nacionalidad, tales como el derecho de sufragio, el ser elegido para desempeñar cargos públicos, tomar parte en partidos y movimientos políticos y hacer uso de los mecanismos de participación ciudadana, entre otros. Y la “ciudadanía sustantiva” referida al contenido de los derechos, a su ejercicio por medio de los espacios tradicionales y no tradicionales y al contar con mecanismos administrativos, judiciales y políticos para su realización.[9]

En este sentido resultan necesarias medidas que reduzcan las desigualdades históricas entre los distintos sectores de la sociedad para establecer las condiciones necesarias para el pleno desarrollo de todas y todos. Es decir, para hacer efectiva la ciudadanía sustantiva de la que habla Montoya, pues los logros normativos, aunque indispensables, no resultan suficientes frente a los prejuicios y estereotipos que permean nuestra cultura.

Es por lo anterior que  el ine buscó coadyuvar en la plena inclusión de todos los sectores de la sociedad en el proceso electoral 2017-2018, de forma tal que se implementaron diversas acciones en este sentido. Éstas fueron diseñadas e instrumentadas considerando las características propias de cada grupo. Al respecto, Marcela Lagarde menciona que:

Cada condición social y cultural o de experiencia vital hace que grupos y personas enfrenten la vida cotidiana de formas particulares específicas. Sus necesidades, carencias, privaciones, oportunidades, aspiraciones y deseos están cincelados por su condición de género, de edad, de salud, de clase, en síntesis, de proceso histórico, o sea, por su condición histórica síntesis de todas las dimensiones específicas y particulares.[10]

A continuación, se da cuenta de las principales acciones y criterios implementados por el INE buscando reducir las barreras que impiden el ejercicio pleno de los derechos de participación de algunos grupos en situación de vulnerabilidad.

  • Mujeres

Aun cuando las mujeres representan la mitad de la población, fue apenas hace 65 años que sus derechos políticos fueron reconocidos, y desde ese momento han debido ganar terreno en los espacios de representación. En la década de los noventa se implementaron por primera vez las cuotas de género (sin sanción), las cuales fueron evolucionando hasta que en 2014 se estableció el principio de paridad de género que establece la obligación de los partidos políticos de “[…] garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales”[11]

Aunado al principio de paridad, el INE implementó, en el marco del proceso electoral 2017-2018, acciones afirmativas para la postulación de las candidaturas tanto a las diputaciones federales, como a las senadurías. En éstas se fijó que:

-La lista de candidaturas a senadurías por el principio de representación proporcional deberá encabezarse por una fórmula integrada por mujeres.

– Al menos dos de las cinco listas de candidaturas a diputaciones federales por el principio de representación proporcional deberán encabezarse por fórmulas de un mismo género.

– La primera fórmula que integra la lista de candidaturas a senadurías de mayoría relativa que se presente para cada entidad federativa, deberá ser de género distinto a la segunda fórmula.

– De la totalidad de las listas de candidaturas a senadurías de mayoría relativa por entidad federativa, el 50% deberá estar encabezada por mujeres y el 50% por hombres[12]. (Acuerdo INE/CG508/2017).

Estas medidas propiciaron que tuviéramos un número inédito de candidatas contendiendo por un cargo federal en el pasado proceso electoral (3 494). Hay que decir que todos los organismos públicos locales electorales (ople) que tuvieran elecciones concurrentes emitieran criterios similares a los referidos, de tal suerte que el número de candidatas locales (46 884) también fue histórico.

Pueblos indígenas

El artículo 2º constitucional reconoce la pluriculturalidad del Estado mexicano por lo que ésta debería verse reflejada en la conformación de las autoridades. Así, con la finalidad de que las personas indígenas fueran representadas, como parte de las acciones afirmativas para abrir espacios de representación a estos grupos, para el pasado proceso electoral se estableció que los partidos políticos nacionales debían postular a personas que se autoadscriban como indígenas en 12 de los distritos electorales cuya población estuviera conformada por al menos 40% de población indígena; asimismo, lo anterior sin perder de vista el principio de paridad, para que 50% de las candidaturas correspondieran a mujeres y 50% a hombres.

Esta medida fue profundizada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que, a través de la sentencia SUP-RAP-726/2017, aumentó una postulación de persona indígena para que los partidos políticos tuvieran la obligación de postular a 13 personas indígenas en vez de 12 y estableció garantías para que la persona postulada efectivamente perteneciera a un pueblo indígena. Al respecto señaló que:

En efecto, para hacer efectiva la acción afirmativa en cuanto a que las personas postuladas por los partidos sean representativas de la comunidad indígena, no basta con que se presente la sola manifestación de autoadscripción sino que, al momento del registro, será necesario que los partidos políticos acrediten si existe o no una vinculación de la persona que se pretende postular con la comunidad a la que pertenece, con la finalidad de dar cumplimiento al principio de certeza y seguridad jurídica, así como de preservar el cumplimiento de la medida; esto es, estamos en presencia de una autoadscripción calificada que debe ser comprobada con los medios de prueba idóneos para ello.[13]

Gracias a estas medidas, para la pasada jornada electoral del 1 de julio de 2018 se registraron un total de 42 fórmulas de candidaturas en los 13 distritos con mayoría de población indígena, de ellas 19 correspondieron a mujeres (45.23%) y 23 a hombres (51.17%). Derivado de la implementación de esta medida, por primera vez tenemos a 13 personas indígenas electas a una diputación federal, de las cuales tres son mujeres y 10 son hombres.

Diversidad sexual

La identidad de género, orientación sexual y expresión de género no debería significar impedimento alguno para el ejercicio de los derechos políticos. Sin embargo, en el caso particular de la comunidad trans (travestis, transgénero y transexuales) enfrenta diversas formas de discriminación en la vida diaria y al momento de ejercer sus derechos políticos, principalmente cuando la credencial para votar expedida por el ine contiene datos que no concuerdan con la expresión de género de la persona titular.

Para garantizar los derechos de la comunidad trans, desde 2015 el ine estableció procedimientos que facilitan la actualización de la credencial para votar con los datos de las personas que han decidido cambiar de sexo o, incluso, actualizar su fotografía, reflejando su expresión de género; sin embargo, no se habían incorporado medidas tendientes a evitar la discriminación de las personas trans el día de la jornada electoral, por lo que fue necesario desarrollar y poner en operación el Protocolo para adoptar las medidas tendientes a garantizar a las personas trans el ejercicio del voto en igualdad de condiciones y sin discriminación en todos los tipos de elección y mecanismos de participación ciudadana.[14]

Con este documento se proporcionó una guía que orientara las acciones conducentes a garantizar el ejercicio del voto de las personas trans en todas las elecciones y mecanismos de participación ciudadana, en igualdad de condiciones y sin discriminación alguna.

Este protocolo se dirigió a todas las personas involucradas en el desarrollo de la jornada electoral, con especial énfasis a quienes participaron como integrantes de las mesas directivas de casilla. El protocolo planteó brindar capacitaciones a todas y todos los involucrados en la jornada electoral para evitar acciones discriminatorias contra la comunidad trans, tales como ser cuestionadas sobre su identidad y/o realizar actos intimidatorios que invadieran su privacidad y significaran un trato desigual.[15]

Las acciones que se llevaron a cabo fueron clasificadas en el protocolo en tres rubros correspondientes a diferentes momentos del proceso electoral: jornada electoral, capacitación electoral y promoción del voto libre y razonado. Entre las medidas que se llevaron a cabo podemos destacar que para la capacitación de las y los funcionarios de casilla se establecieron alianzas con organizaciones de la sociedad civil que permitieran planear actividades para orientar a las y los funcionarios en temas relacionados con derechos humanos, orientación sexual y expresión e identidad de género; para la jornada electoral se estableció que no podría cuestionarse la identidad de las personas y, en el marco de la promoción del voto libre, se hizo una campaña de difusión del protocolo y de actualización de la fotografía de la credencial para votar, a fin de que ésta reflejará la expresión de género de las personas.

Personas con discapacidad

Las personas que viven con alguna discapacidad física, mental, intelectual o sensorial sufren distintos actos de discriminación o exclusión y enfrentan barreras relacionadas con la actitud y el entorno, las cuales evitan su participación plena y efectiva en la sociedad. Ante esta situación, el ine elabora distintos materiales para que este sector de la población pueda ejercer su voto, por ejemplo: la plantilla braille de boletas electorales y la etiqueta en este mismo sistema para identificar las urnas en las que deben ingresar sus votos (2003); la mampara especial y las bases porta urnas para personas en silla de ruedas, con alguna discapacidad motriz o de baja estatura desarrollados (2006) y el cartel de atención preferente para quienes están en alguna situación de vulnerabilidad. Es importante señalar que desde 1990 la legislación contemplaba que las personas que tuvieran una discapacidad que les impidiera ejercer por si solos su voto, pudieran ser asistidas por una persona de su confianza; asimismo, se permite el ingreso a la casilla de las personas con discapacidad visual que estén acompañadas de un perro guía.

En adición a estas medidas, el Reglamento de Elecciones del ine estableció las reglas comunes para la ubicación e instalación de las casillas. De éstas destaca que las casillas no deben presentar obstáculos naturales o artificiales que dificulten o impidan el acceso y tránsito de las personas con alguna discapacidad, personas adultas mayores, así como mujeres embarazadas. La recomendación es instalarlas en planta baja, en un terreno plano, evitando en la medida de lo posible el uso de escalones y desniveles; y en caso necesario, se podrían colocar rampas sencillas o realizar adecuaciones con autorización del responsable dueño del inmueble.

La innovación introducida en el pasado proceso electoral fue que se buscó la inclusión de las personas con discapacidad en todos los ámbitos del proceso electoral. A efectos de lo anterior se desarrolló e instrumentó el Protocolo para la inclusión de las personas con discapacidad como funcionarios y funcionarias de mesa directiva de casilla,[16] en el que se establecieron las condiciones para facilitar y coadyuvar a la participación de las personas con discapacidad en los procesos electorales.

Considero que la medida más importante que surge de este documento fue la implementación de acompañamiento para las personas con discapacidad que así lo requirieran, posibilitando así el desempeño de esta forma de participación ciudadana. El o la acompañante en cuestión podría ser otro integrante de la Mesa Directiva de Casilla o un capacitador o capacitadora-asistente electoral, o bien, una persona de su confianza que lo acompañase durante la jornada electoral, quien debería cumplir los mismos requisitos que se solicitan para ser funcionario.

Hospitales

Para los comicios de julio pasado se instrumentaron medidas que impulsaran la participación de la ciudadanía que por diferentes motivos se encuentra en hospitales. Con el fin de posibilitar el ejercicio de este derecho se emitieron los Lineamientos de operación de casillas especiales para el voto de las personas hospitalizadas, familiares o personas a su cuidado y personal de guardia, durante la Jornada electoral del 1 de julio de 2018 en hospitales. Prueba piloto y dispositivo ordinario.[17]

En este documento se establecieron las particularidades que tendría la Casilla Especial para personas hospitalizadas, tanto para la prueba piloto, como para las casillas especiales que se instalaron en las 31 entidades federativas bajo la modalidad de votación convencional. Para la prueba piloto en la Ciudad de México, se definió la operación de dicha casilla pues contó con dos modalidades para recabar la votación: fija e itinerante. La modalidad itinerante recopiló la votación de las personas hospitalizadas directamente en el lugar en donde se encontraban, observando en todo momento las medidas de sanidad determinadas por la autoridad de salud. Por su parte, la modalidad fija permitió que los familiares, personas al cuidado de otras y otros y el personal de guardia del hospital, acudiera directamente a la casilla instalada dentro del hospital.

Estas medidas pretenden también, impactar positivamente en la vida cotidiana de las personas, ya que a través de la capacitación brindada para su implementación creemos que podemos coadyuvar a reducir la incidencia de violencias y discriminación que enfrentan diferentes sectores de la sociedad.

Para concluir retomo las palabras de Marcela Lagarde respecto a la igualdad que para la autora  “consiste en reconocer igual valor a cada ser humano y actuar en consecuencia, plasmar en la sociedad, en el Estado y en la cultura lo conducente para realizar dicha igualdad”,[18] con esto se reafirma la importancia y valor de la normativa y las acciones afirmativas para generar un cambio profundo en la cultura y la sociedad.

* Consejera electoral del Instituto Nacional Electoral (ine).

[1] Respecto a la calidad de ciudadana de las mujeres Galaz comenta que para éstas la distinción entre ciudadanas y no ciudadanas radicaba exclusivamente en su condición social; las mujeres de clase alta lo eran aunque en la práctica eran tratadas como eternas menores de edad. Véase: Mariateresa Galaz (2000). “Historia del concepto de ciudadanía en la Atenas clásica” en Ciudadanía en movimiento, México: Universidad Iberoamericana.

[2] Raymonde Monnier (2004). La noción de ciudadano en Francia. De la Ilustración a la Revolución. Definiciones, normas y usos, en Historia Contemporánea, núm. 28. Universidad del País Vasco: p. 294. Disponible en: http://www.ehu.eus/ojs/index.php/HC/article/view/5033/4901, consultado el 11 de diciembre de 2018.

[3] Idem.

[4] El sufragio de las mujeres afroamericanas estaba reconocido en la decimonovena enmienda de la Constitución, que garantiza el derecho a voto de las mujeres.

[5] “Principales hitos en la lucha por los derechos civiles y la igualdad en EE.UU” en La Vanguardia, 2014, disponible en: https://bit.ly/2EhjpZd, consultado el 11 de diciembre de 2018.

[6] A pesar del derecho a la ciudadanía para las y los indígenas americanos, fue hasta 45 años más tarde que pudieron ejercer su derecho al voto, pues cada estado tenía la autoridad de decidir quiénes podían votar, siendo Nuevo Mexico el último estado en reconocer este derecho en 1962. Véase: “Voting Rights for Native Americans” en Library of Congress disponible en:

https://bit.ly/2qcM8Uk, consultado el 11 de diciembre de 2018.

[7] Alain Touraine (1998). “Las condiciones, los enemigos y las oportunidades de la democracia” en Democracia: principios y realización. Ginebra: Unión Interparlamentaria, p. 90.

[8] Luis Salazar y José Woldenberg (2016). Principios y valores de la democracia. México: ine, p. 22.

[9] Ana Montoya Ruiz (2009). “Mujeres y ciudadanía plena, miradas a la historia jurídica colombiana” en Opinión Jurídica, vol. 8, julio-diciembre, núm. 16. Medellín: p. 141.

[10] Marcela Lagarde y de los Ríos (2012). El feminismo en mi vida. Hitos, claves y topías. México: Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, p. 101.

[11] Artículo 41, fracción i, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

[12] Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se indican los criterios aplicables para el registro de candidaturas a los distintos cargos de elección popular que presenten los partidos políticos y, en su caso, las coaliciones ante los Consejos del Instituto para el Proceso Federal 2017-2018. INE/CG508/2017, p. 31.

[13] Recurso de Apelación y Juicios para la protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano. Expedientes SUP-RAP-726/2017 Y ACUMULADOS, p.188.

[14] Acuerdo INE/CG626/2017.

[15] Aunado a las medidas emprendidas por el ine, cabe resaltar el caso del ieepco (Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca) que incorporó el artículo 16 en sus lineamientos de paridad. El cual establece que, en caso de postulación de personas transgénero, transexuales, intersexuales o muxes, la postulación de la candidatura corresponderá al género al que la persona se autoadscriba y dicha candidatura será tomada en cuenta para el cumplimiento del principio de paridad de género.

[16] Acuerdo INE/CG161/2017.

[17] Acuerdo INE/CG431/2018.

[18] Op. cit., p. 100.

Publicado por @Rivka_Azatl Rebeca Garza

Este es un blog que nació por el simple deseo de compartir lo que leo, lo que veo, lo que escucho, lo que hago, aquello que me gusta y disgusta también. No tiene mayor pretensión que esa, el simple y profundo deseo de compartir.

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