Fuente : Blog de Roberto Medina
Fecha: 17 de mayo de 2019
1. ¿Cuál es su nombre?
Luisa Rebeca Garza López
2. ¿Cuál es su profesión y su ocupación? Estudié administración en la UANL, cuento con una maestría en Instituciones y Procesos Electorales también por la UANL-INE y soy funcionaria electoral con 17 años de experiencia en capacitación electoral, promoción de la educación y la cultura cívica con perspectiva de género y derechos humanos en Puebla, Baja California, Oaxaca y ahora en Querétaro. Además soy una mujer trans y transicioné laboralmrente en el entonces IFE en 2007.
3. ¿Cuál es su opinión con respecto a la situación de los derechos políticos electorales de las personas LGBTTTI en México?
A excepción del IEDF, INE e IEEPCO son inexistentes. Desgraciadamente las poblaciones de las diversidades sexuales y de género seguimos siendo poblaciones cuyas vidas no sólo NO le interesan al Estado Mexicano en su generalidad sino que en ciertos estados como Nuevo León, Baja California y Yucatán recientemente representantes de las cámaras de diputados se han manifestado en contra de nuestro derecho humano al libre desarrollo de la personalidad, en específico el acceso al matrimonio igualitario y reformas al código civil que reconozcan la identidad de género para las personas trans, intersex y muxe. En otros estados como Oaxaca, Querétaro y Veracruz siguen enviando a la “congeladora” las iniciativas que la sociedad civil organizada en coordinación con algunas diputaciones locales han hecho llegar lo que demuestra la indiferencia de estas corporalidades sobrerrepresentadas en estos órganos de decisión con respecto de las otras experiencias, vivencias y por lo tanto necesidades de las diversidades sexuales y de género.
4. ¿Cuáles considera que son los avances más representativos en cuestión de reconocimiento pleno de derechos políticos electorales para las personas LGBTTTI en México?
Desde mi punto de vista el llamado “Protocolo Trans” (1) que el INE aprobó en 2017 porque fue la primera política federal con impacto en todo el país donde las personas trans somos reconocidas como sujetos de derechos y, aún más, lo más importante y que generó más controversia fueron estos apartados:
“1. Todas las personas ciudadanas trans que tengan Credencial para Votar vigente y estén inscritas en la Lista Nominal de Electores podrán emitir su voto el día de la elección.
En ningún caso la falta de concordancia entre la expresión de género del o de la votante con la fotografía de la Credencial para Votar, o bien con el nombre o el sexo (hombre o mujer) asentados en ella podrá ser causa para impedir el voto.
2. El presidente o la presidenta de la mesa directiva de casilla debe resolver, de acuerdo con lo señalado en el numeral anterior, si fuera el caso, cualquier observación o cuestionamiento que formule alguna de las personas presentes en la casilla, ya sean personas que participan como representantes de partido político o candidatura independiente, observadores electorales o ciudadanos/as electores.
En todo caso, si existió oposición para que la persona trans votara, por parte de alguna persona autorizada para estar presente en la casilla, se deberá asentar esta situación en la hoja de incidentes.”
¿Por qué? Porque aparentemente podía haber una tensión entre el principio de legalidad y certeza con respecto a la identidad de las persona votante y el Derecho humano al libre desarrollo de personalidad de las poblaciones trans de todo el país que, a partir de la documentación de los históricos ciclos de exclusión y violencias que viven, considero llevó al INE a adoptar esta medida de nivelación (2) y el principio pro persona al para eliminar obstáculos que dificultan el ejercicio del voto de las poblaciones trans al mismo tiempo que revisó los otros candados de seguridad ya existentes para asegurar un voto por persona para que la redacción eliminara cualquier procedimiento en donde se pusiera en duda la identidad de las personas trans, aspecto que a mi me parece fundamental porque históricamente ha sido al revés: la reiterada histórica tutela y cuestionamiento social e institucional hacia nuestras identidades desde el Estado y en lo social de ahí que lo controversia tenía un contexto histórico y situado.
Es importante mencionar que el protocolo trans del INE tiene antecedentes y se rastrean hasta las primeras reformas al código civil del DF en 2008 que establecía la rectificación de actas mediante juicios largos y peritajes caros que lo hacían prácticamente inaccesible para el grueso de las poblaciones trans que sobreviven en la pobreza; y luego, la de 2015 que volvió el trámite administrativo, gratuito y rápido incluso para cualquier persona trans del país. Todo lo anterior llevó a las personas activistas trans, feministas, alianzas y colectivos a trabajar en coordinación con el IEDF y que dieron como resultado que en 2011 se emitiera la primera Circular (la 111) que reconoció a nivel local a las personas trans como sujetos de derechos (incluyendo personas con perforaciones corporales y tatuajes) al momento de votar y en 2015 se repitió esta buena práctica reforzada con una campaña de difusión con carteles. Las áreas de oportunidad que identifico es que seguían trasladando al funcionariado de casilla la tutela y cuestionamiento a las identidades trans. Sin embargo, desde mi punto de vista el protocolo trans del INE no se puede entender sin estas acciones realizadas en lo local en CDMX y el trabajo del activismo trans con alianzas feministas fue fundamental.
También en 2017, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) aprobó en los lineamientos para regular la paridad de género en las candidaturas locales un artículo 16 que decía lo siguiente: “En caso de postulación de personas transgénero, transexuales, intersexuales o muxes, la postulación de la candidatura corresponderá al género al que la
persona se auto adscriba y dicha candidatura será tomada en cuenta para el cumplimiento del principio de paridad de género. De la cual el partido político postulante deberá informar en el registro correspondiente a la fórmula o planilla de que se trate”.
A mi me pareció una excelente medida se nivelación histórica que adolecía de la falta de un claro procedimiento sobre cómo se implementaría para blindar el principio de certeza que aunado a la resistencia histórica machista que normaliza la sobrerrepresentación masculina en los cargos de poder (con la indiferencia y silencioso aval de los partidos políticos) y que buscan perpetuarse incluso a través de lo que llamamos violencia política en razón de género derivó en los lamentables casos de las “falsas candidaturas trans” que eran hombre cisgénero, heterosexuales. Muchas de estas personas fueron desconocidas pública y jurídicamente como pertenecientes a las poblaciones trans o muxe y también eran conocidos localmente con prácticas y discursos machistas e incluso transfóbicos. El IEEPCO les retiró la candidatura pero cuando impugnaron ante el Tribunal Electoral éste hizo una interpretación que no comparto para regresarles la candidatura bajo el argumento de que cuestionarles su identidad sería violatorio a su derecho humano al libre desarrollo de la personalidad.
No comparto el criterio porque considero que no lograron hacer una ponderación de derechos aterrrizada al contexto que aplicaba: algunos buscaban reelegirse (habían llegado al poder como hombres), no se analizó que en realidad eso fuera una sofisticada modalidad de violencia política en razón de género para vulnerar el principio constitucional de paridad usurpando el discurso y las vindicaciones políticas de las poblaciones trans; todos querían seguir usando su nombre masculino para hacer campaña pero querían ser registrados en las cuotas de mujeres incluso algunos pidieron al IEEPCO que el acceso a la cuota se les diera sin difundir sus nombres porque “serían atacados en sus comunidades”. En verdad, el contenido de las solicitudes, lo que pedían e incluso cómo hicieron campaña y las entrevistas que dieron en su momento ratifica que ninguno de ellos se manifestó ni antes ni después ni como persona trans ni mucho menos manifestaron discursos a favor de nuestros derechos o al menos una agenda feminista. A pesar de todo lo anterior, el tribunal les devolvió las candidaturas. Para mi fue una lectura de como el patriarcado se protege a sí mismo.
Recientemente, en 2019 entró en vigor una reforma al código civil en Coahuila que permite que las personas trans puedan rectificar sus actas de nacimiento como un trámite gratuito, administrativo y rápido (criterios acordes con los más altos estándares internacionales).
Lo anterior llevó a que activistas trans de dicho estado y el Instituto Estatal Electoral de Coahuila (IEEC) en coordinación con Ericka López (académica de la universidad de Guanajuato), Emanuel Rodríguez (académico de la UNAM), Jessica Marjane (joven activista trans y directora de la “Red Mexicana de las Juventudes Trans”) y conmigo se elaborara e implementara un taller para generar herramientas básicas para ejercer derechos políticos de las personas trans a partir de la construcción colectiva y horizontal de una agenda política.
Lo comparto porque me parece que es una buena práctica sobre qué otras cosas se pueden hacer para fortalecer derechos políticos de grupos históricamente vulnerados mediante redes diversas de trabajo que involucren academia, instituciones públicas y, por supuesto, sociedad civil. En el IEEPCO también recuerdo que se organizaron diversos foros sobre ciudadanía de las poblaciones de las diversidades sexuales y de género de la mano de la sociedad civil mismos de donde surgió la propuesta que posteriormente el IEEPCO materializaría en el artículo 16 de los lineamientos de paridad.
5. ¿Según su punto de vista qué es lo que falta en México para que las personas LGBTTTI gocen y ejerzan plenamente sus derechos políticos electorales?
Creo que lo anterior refleja gran parte de los retos de las poblaciones trans, que es donde he especializado mi análisis, para el pleno ejercicio de nuestros derechos políticos.
Los prejuicios sociales en donde los medios masivos de comunicación tienen una responsabilidad social importante en mantenerlos legitimados y que se perpetúan desde la familia mediante violencias que inician fuertes ciclos de exclusión y pobreza hacia las poblaciones de las diversidades sexuales y de género, en particular las poblaciones trans; estas violencias y exclusiones socialmente legitimadas pasan lo comunitario y atraviesan lo institucional y se materializan en marcos normativos , discursos y prácticas que en el mejor de los casos nos invisibilizan; si se nos abordan, lo hacen con morbo y sensacionalismo o bien, bajo miradas y discursos en donde subordinan nuestras experiencias y vindicaciones políticas porque se asume que nuestras necesidades no son importantes o que “el país no está preparado”, que son eufemismos para no decir que nuestras vidas y necesidades no les importan.
Por otra parte, en CDMX, Nayarit, Michoacán, Coahuila e Hidalgo las personas trans ya pueden rectificar sus actas de nacimiento de forma gratuita, fácil y rápida lo que generará más exigencias al Estado Mexicano para atender la gran deuda en materia de igualdad y no discriminación como llave de acceso a otros derechos humanos como la educación, la salud integral y los espacios laborales que siguen siendo grandes pendientes especialmente para las poblaciones trans precarizadas; en este sentido, el fortalecimiento de los derechos políticos de las poblaciones trans permitirá mayor nivel de agencia pero insisto, no puede desvincularse del pleno ejercicio y disfrute de derechos fundamentales como la salud , la educación y el trabajo digno porque nos llevaría al riesgo de una democracia simulada.
Ante la baja calidad de la ciudadanía mexicana y la histórica desconfianza hacia las instituciones que minan la credibilidad de la democracia como forma de gobierno y de vida considero que esta ruta y prácticas que te he compartido encaminadas bajo una lógica de “más derechos, más democracias” puede ser una vía para la verdadera inclusión de poblaciones históricamente excluidas y para recomponer un tejido social bajo una mirada diversa e interseccional y que indudablemente fortalece la democracia.
Rebeca Garza
@Rivka_Azatl
(1)https://sidj.ine.mx/restWSsidj-nc/app/doc/1361/INE-CG626-2017_Proyecto_DJ y https://www.ine.mx/wp-content/uploads/2018/06/DECEyEC-Protocolo-Trans.pdf
(2)http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/262_210618.pdf
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