De: Matanza Digital / Por: Matanza Digital / Fecha: 23 de julio de 2019
Pidieron la adhesión de La Matanza a la ley del cupo laboral travesti-trans
Pidieron la adhesión de La Matanza a la ley del cupo laboral travesti-trans
Organizaciones de mujeres y de la comunidad LGTB realizaron una actividad esta mañana reclamando la adhesión del municipio a la ley de cupo laboral travesti-trans y la creación de Centros Integrales de la Mujer (CIMs) en La Matanza, para contener a las mujeres que atraviesan situaciones de violencia de género.
La actividad fue impulsada por el Plenario de Trabajadoras (PDT) de La Matanza, organización que se referencia en el Partido Obrero. La actividad tuvo lugar en la plaza San Justo, lugar desde el que llevaron a cabo una “Radio Abierta de mujeres y disidencias”.
Posteriormente, las organizaciones se dirigieron al Concejo Deliberante para presentar un proyecto de ordenanza que dispone la adhesión a la ley provincial. “Estamos presentando el proyecto por el cupo laboral trans y también presentamos un proyecto de ordenanza para la creación de centros integrales de la mujer, ya que hay una merma acá en La Matanza”, indicó a MD, Gabriela de la Rosa, integrante del PDT La Matanza.
La ley de cupo laboral trans (n° 14783), también llamada Diana Sacayán en reconocimiento a la militante matancera que impulsó la sanción de la ley, establece que el 1% de los cargos provinciales deben ser destinados a personas travestis, transexuales y transgénero “que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo”. Dicha normativa también incluye el empleo de los municipios.
La ley se sancionó en septiembre de 2015 y se promulgó en octubre de ese mismo año. Pero nunca fue implementada por el gobierno provincial. En La Matanza existe un registro de personas travesti-trans en el que ya están inscriptas más de 50 personas que todavía no pueden ocupar un cargo municipal.
De hecho, en abril de este año el Consejo Escolar le reclamó a la provincia que reglamenten la normativa. Pero las organizaciones de la comunidad LGTB exigen que el municipio tome la iniciativa y sancione en el Concejo Deliberante la adhesión a la ley provincial, tal como hicieron otros municipios como Avellaneda o Quilmes.
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