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Por Rebeca Garza / Querétaro, México / 21 de octubre de 2020

El 20 de diciembre de 2017, el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el “Protocolo para adoptar las medidas tendientes a garantizar a las personas trans el ejercicio del voto en igualdad de condiciones y sin discriminación en todos los tipos de elección y mecanismos de participación ciudadana” y que es conocido como el “Protocolo Trans”. El 7 de septiembre de 2020 inició el Proceso Electoral cuya jornada electoral se realizará el próximo 6 de junio de 2021 ¿a la luz de dicho protocolo que acciones implica y qué reflexiones detona al respecto desde un lugar donde me atraviesa ser funcionaria electoral pero también una mujer trans dentro del INE?

Se pueden considerar dentro de dicho Protocolo Trans a las medidas para garantizar el derecho al voto de las personas trans en tres momentos: durante la capacitación electoral y la promoción del voto libre y razonado, ambas se realizan durante la etapa de las actividades preparatorias a la jornada electoral y las que se realizan durante la jornada electoral.

En el numeral 34 del apartado 5.2 Capacitación electoral se establece como una de las acciones “promover la participación de personas trans como supervisores/as electorales y capacitadores/as asistentes electorales, así como en cualquier otra función electoral temporal: capturistas, técnicos electorales, entre otros cargos”.

La implementación de esta medida debería incidir en fomentar una mayor inclusión laboral de personas trans dentro de los 332 órganos desconcentrados que integran el Instituto Nacional Electoral dispersos en todo el país, tanto en las 300 oficinas que se encuentran en cada cabecera de distritos electorales federales como las 32 que se encuentran en las capitales del país. Aunque no lo menciona, se pensaría que las oficinas centrales del INE también hicieran lo propio.

La pregunta que surge es la siguiente: ¿efectivamente se está realizando? Si la respuesta es afirmativa, ¿cómo da seguimiento el INE para que este apartado del Protocolo Trans no sea letra muerta?

Durante los meses de septiembre y octubre de 2020 en todo el país se hicieron actividades para contratar personal como capturista, técnico o técnica electoral y auxiliares jurídicas (os) en los 332 órganos desconcentrados del INE. En cada una de estas oficinas se contrataron aproximadamente a 5 personas. ¿Se difundieron dichas plazas entre los diferentes grupos y colectivos tanto de personas trans como LGBTI+ de cada entidad? ¿De cuántas persona Trans se recibieron documentación para dichas plazas? ¿Del total de plazas que se ofrecieron cuántas fueron asignadas a alguna persona trans?

Considero que la respuesta a estas preguntas permitirá dar una idea del gran reto que implica generar verdadera inclusión laboral trans en contextos sociales que son cissexistas, es decir, en donde no genera ninguna inquietud que en dichos espacios no exista la presencia de ninguna persona trans a pesar de la existencia de este protocolo.

Por otra parte, el 18 octubre de 2020 inició la difusión en todo el país de la convocatoria para las figuras de supervisora o supervisor electoral (SE) y capacitadora o capacitador asistente electoral (CAE). En promedio cada uno de los 300 órganos desconcentrados del INE más otro tanto de los Organismos Públicos Locales (OPL) o Institutos Estatales Electorales contratarán a 100 personas o incluso más. Pienso que es un gran despliegue de la estructura electoral para convocar a la ciudadanía mexicana trans para participar en la organización de las elecciones locales y federales trabajando dentro de estas instituciones electorales administrativas.

Estas líneas son escritas en el día cuarto de la difusión de esta convocatoria para contratar SE y CAE en todo el país y surgen las mismas preguntas en particular porque el 1 de diciembre es la fecha límite para que las personas se registren en esta liga https://pef2021-reclutaseycae.ine.mx/loginSEyCAE para poder participar.

¿Se tiene en mente este Protocolo que aún es vigente para dirigir las actividades de difusión? Recuerdo que una de las actividades preparativas a la construcción de las mesas de trabajo para que el INE co-construyera con la sociedad civil fue la creación de un directorio de alianzas. ¿Se está usando dicho directorio para difundir esta convocatoria?

Durante el proceso de deliberación , construcción, implementación e incluso evaluación del Protocolo Trans aplicado en las elecciones de 2018 participaron diferentes grupos, colectivos y personas trans y no binarias tanto de la capital como del resto del país, incluso a nivel local varias personas y colectivos trans dieron seguimiento incluso con recursos propios. Durante las mesas de evaluación de dicho protocolo sucedió lo mismo. En un sano ejercicio de ética y reciprocidad ¿se está invitando a participar a laborar a estos grupos, colectivos y personas trans y no binarias?

Incluso pienso que si bien esta modalidad de registro en línea se justifica por las medidas sanitarias de la pandemia por el coronavirus SARS-Cov-2 ¿cómo afecta a las poblaciones que viven en contextos de precariedad sin acceso a tecnologías y conocimientos que permitan hacer un registro en línea? Evidentemente esta la opción de hacerlo físicamente en cada oficina del INE o de los OPL. ¿Se están considerando y previendo a estos sectores poblacionales, incluyendo a les trans, dentro de estas medidas de excepción tanto en la difusión como en la implementación de la convocatoria de SE y CAE federales y, posteriormente en mayo de 2021, locales?

Como mujer trans y funcionaria electoral considero que la importancia y potencial del Protocolo Trans no radica solamente en lo que está escrito y que en términos de reconocimiento puede ser considerado como un avance.

Me parece que su potencial radica en la posibilidad transformadora de los espacios sociales, laborales e institucionales dentro de la organización de los procesos electorales en donde históricamente las personas trans hemos sido colocadas en muchos contextos en el lugar de la abyección, extrañeza e imposibilidad lo que lleva a un franco rechazo a estas políticas de nivelación e inclusión; y en el mejor de los casos, como diría Blas Radi en un lugar de lo “inesperado” o la “excepción” de la “norma” o lo “normal” lo que sacude dichos entornos que no se quieren reconocer como cissexistas sin embargo, es justamente esa miopía de género lo que impide identificar que la aparente “neutralidad” jurídica y procedimental en realidad mantiene y legitima la discriminación indirecta y cotidiana hacia las personas trans aún con la existencia de un protocolo cuyos objetivos se dirigen hacia la inclusión y no discriminación.

Rebeca Garza

@Rivka_Azatl