Trans*, pánicos morales ante las elecciones de 2021 por Rebeca Garza @Rivka_Azatl


Resumen:

Ante los pálidos avances de los derechos de las personas trans* en México surgen voces que se oponen tanto de grupos ideológicamente ubicados como conservadores dado su argumento de defensa a la familia y el interés superior de la niñez como voces feministas que manifiestan su preocupación del aparente borrado del sujeto político mujer tanto del feminismo como de las políticas públicas. ¿Cómo articular el reto de reconocer los derechos de las personas trans*, en particular la identidad de género, ante dichas inquietudes? Se revisarán los avances en materia de reformas al código civil que reconozcan la de identidad de género en México así como una iniciativa que regulan las falsas candidaturas trans en Oaxaca aprobada en mayo de 2020.

Texto elaborado para su discusión en el Seminario Internacional “Las reformas políticas a la representación en América Latina”, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas, de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Organización de Estados Americanos, en la Ciudad de México, del 30 de septiembre al 2 de octubre de 2020.

TRANS* , PÁNICOS MORALES ANTE LAS ELECCIONES DE 2021

Luisa Rebeca GARZA LÓPEZ

SUMARIO:

I. Introducción
II. Avances y desafíos en México en cuanto al reconocimiento a la identidad de género como un derecho humano
III. Contextos de violencias en México en razón de identidad o expresión de género
IV. Miradas trans* a la Reforma a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales en el estado de Oaxaca de 2020 que regula la usurpación de la identidad de género
V. Conclusiones
VI. Bibliografía

Con cada teoría habla la cultura a través de la voz de un individuo, quienes no tienen voz dentro de esta teorización son las personas transexuales

Sandy Stone

A partir de las elecciones de 2018 se está asentando una narrativa que promueve una construcción deliberada de pánicos morales en contextos electorales cuando se incorpora el reconocimiento de la identidad de género. Estos pánicos morales suponen un miedo irracional o un fenómeno fuera de control que se presenta de manera estereotipada en algunos medios, donde personas acreditadas socialmente proponen diferentes soluciones y, posteriormente, el pánico aparentemente desaparece. Algunos criterios para identificar estos pánicos morales van desde la exageración, la protección y promoción de valores, la ansiedad y la hostilidad y el interés exagerado hacia comportamientos o personas que se consideran perturbadoras y que deben ser detenidas porque les caracterizan tres elementos: ser una otredad que les vuelve el enemigo, la emergencia de una víctima con la que es fácil identificarse y un sentido de emergencia, es decir, que de no hacer algo a la brevedad las consecuencias serán graves y devastadoras (Treviño, 2009: 644-646).

Los pánicos electorales en México no son nuevos pero es importante reconocer que muchos de esos problemas o peligros en realidad son construcciones subjetivas promovidas por prejuicios, estereotipos o creencias preestablecidas; que al denominar a una persona o suceso como peligrosx no significa que lo sea; lo anterior exige una mirada crítica y ética a las agendas políticamente correctas en particular aquellas que están íntimamente ligados a ciertos medios de comunicación (Treviño, 2009: 647).

La complejidad es aún mayor cuando el enemigo, en este caso el término trans* es polisémico lo que problematiza a las políticas institucionales que pretenden abordar a las personas trans* como un corpus homogéneo e identificable y que tienen consecuencias graves para estas poblaciones cuando las creencias cissexistas preestablecidas no sólo no se cuestionan sino que se consideran como verdaderas, naturales y auténticas como sucede con las personas con experiencias, conocimientos y saberes a partir de trayectorias de vida que no son trans, es decir, que son cisgénero por lo que existe un punto ciego, una miopía epistémica que se vuelve históricamente injusta y se materializa en el cissexismo entendido como la creencia de que las personas cisgénero son más auténticas, naturales y verdaderas que las personas trans* y la transfobia que es entendida como el odio irracional hacia las personas trans, como una forma de extrema violencia cissexista (Garza, 2017, Radi, 2014:2019; Serano, 2007).

Se entenderá a la ignorancia que alimenta estos pánicos morales como un: “fenómeno activo y deliberado que implica un patrón de hábitos de (des)atención socialmente autorizados a beneficio de los grupos dominantes, lo que lleva a errores conceptuales y a la ignorancia activa como práctica epistémica sustantiva en donde la desatención se vuelve en un patrón o incluso un hábito socialmente autorizado y siempre presente” (Pérez y Radi, 2018:84-85; Radi, 2020:33) Esto sostiene un concepto que se llama cisnormatividad entendido como la expectativa de que todas las personas son cis, es decir, se asume socialmente que todas las trayectorias de vida estarán siempre alineadas con el sexo asignado al nacer y esta creencia con(forma) parte de los valores, las subjetividades hegemónicas y nuestra forma de vivir la sexualidad así como las estructuras y entrañas de las instituciones sociales, políticas y económicas y sus procedimientos que hace que la presencia de las personas trans sea vista como una suerte de imprevisto o algo excepcional que genera una emergencia social y que se suele resolver con dos estrategias alternativas: la que excluye para mantener intacta la norma y la que incluye a la fuerza pero sin hacer los ajustes estructurales necesarios, lo que perpetúa a la cisnorma. Evidentemente ambas alternativas son problemáticas y éticamente cuestionables (Radi, 2020:26-27)

Teniendo en cuenta lo anterior: hay que tematizar la significación epistemológica y las implicaciones ético-políticas del concepto género, particularmente cuando se compara con los usos y alcances del concepto de identidad de género acuñados por los principios de Yogyakarta en 2007 en donde conviven armónicamente la teoría feminista de la afirmación del género como construcción social con la afirmación de la bioanatomía como fundamento y como verdad (Radi, 2019:2-3) de tal forma que como sucede en Argentina y México, las medidas que apuntan a la paridad, al establecimiento de cupos o la implementación de techos suelen ser cisnormativas por lo que cuando se habla de género parece que se habla de mujeres cisgénero mientras que cuando se habla de identidad de género parece que se habla sólo de personas trans* lo que lleva a que, por una parte, las personas trans* puedan ser reconocidas y atendidas en temas de identidad de género pero no con demandas relacionadas con violencias y desigualdades sociales, políticas y económicas por razón de género (Radi, 2014:2020; Garza, 2017).

Como señalan Pérez y Radi (2018:73-82) toda expresión de violencia hacia las mujeres puede ser motivada por el género pero no todas las violencias motivadas por género son casos de violencia contra las mujeres, en otras palabras, existen minorías particularmente en situaciones de extrema vulnerabilidad que no alcanzan a ser reconocidas ni protegidas por las políticas públicas para erradicar la violencia contra las mujeres de tal forma que hay que analizar críticamente las consecuencias del uso y extensión del concepto violencia de género para quienes no son mujeres pero que sí experimentan violencia en función de género a partir de dos fenómenos relacionados: una laguna hermenéutica entendida como la falta de categorías para interpretar un fenómeno social o experiencia de opresión y que es producida y sostenida, en gran parte, en esa misma opresión a la que cuesta darle sentido lo que lleva a una injusticia hermenéutica que es estructural en donde el grupo social excluido o borrado participa de manera desigual en las prácticas por las que se generan los sentidos sociales como sus propias experiencias de violencia y exclusión; y, el otro fenómeno es el espejismo hermenéutico entendido como la ilusión de que esas categorías existen como sucede con diversas políticas públicas de Argentina y México relacionadas con la violencia de género o la violencia política en razón de género que en realidad se está refiriendo a la violencia contra las mujeres (cisgénero) por lo que genera la ilusión que dichos marcos normativos abarcan todas las experiencias de violencia motivadas por el género cuando no es así, lo que a su vez es ignorado sistemáticamente y tiene consecuencias directas en mantener y legitimar las violencias de quienes excluye. Este espejismo hermenéutico a su vez deviene en una injusticia epistémica de estructuras cisnormativas que también genera una injusticia testimonial entendida como una forma de exclusión o borrado en la que el prejuicio hace que quien escuche atribuya un nivel inferior de credibilidad a la palabra de quien habla.

¿A qué se debe que las condiciones por las que se generan significados colectivos sean desiguales? A las desigualdades sociales perpetuadas por dinámicas de marginación a partir de prejuicios estructurales que ocasiona que grupos históricamente discriminados y excluidos tengan poca o ninguna participación en los recursos para interpretar y dar sentido a sus propias experiencias mientras que dicha desigualdad de participación ocasiona a que los grupos hegemónicos pretendan dar sentido a experiencias significativas que no les atraviesan y aunque les pueden resultar satisfactorios dichos ejercicios no son funcionales o bien, son miopes. La desventaja epistémica de tinte cissexista a su vez acarrea desventajas prácticas en donde los grupos afectados tampoco están en condiciones para tomar medidas para combatir las opresiones que sufren lo que perpetúa los obstáculos para que participen en debates e iniciativas de ampliación de derechos (Pérez y Radi, 2018:79-80).

Por lo anterior, en este ensayo se reflexionará en una primera parte por qué los avances en materia de identidad de género son insuficientes para reconocerla como un derecho humano accesible debido a que no se adaptan a los más altos estándares así como a los obstáculos burocráticos que han surgido para impedir el ejercicio pleno e integral para las personas trans* a partir de creencias y prácticas cissexistas, centralistas, capacitistas y adultocéntricas.

Posteriormente, se reflexionarán los contextos de violencia por identidad y expresión de género en donde las personas trans* buscan sobrevivir y subsistir en México, muchas veces en condiciones precarias. Este contexto violento y precario debe ser leído y comprendido al abordar las luchas que implican el reconocimiento a la identidad entre otros derechos fundamentales como al hogar, a la salud, al empleo y a una vida libre de violencia en el que algunas personas trans* también buscan ejercer sus derechos político-electorales.

Finalmente, se analizará bajo diversas miradas trans* la reforma a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Oaxaca (LIPEO) del 27 de mayo de 2020 que adiciona el concepto de usurpación de identidad de género para reflexionar que dicha reforma realmente no protege los derechos político-electorales de las personas trans* sino que además perpetúa la cisnorma e incurre en injusticias epistémicas y prácticas que son ética y políticamente cuestionables en particular porque provienen de representantes del Estado como en este caso la LXIV Legislatura del Estado de Oaxaca y sus Comisiones Permanentes de Democracia y Participación Ciudadana y de Igualdad de Género.

II. Avances y desafíos en México en cuanto al reconocimiento a la identidad de género como un derecho humano

Hasta antes del 2008 las personas trans* no tenían un reconocimiento específico de parte del estado mexicano para acceder a rectificaciones de sus documentos de identidad.

El 10 de octubre de 2008 el activismo transexual, transgénero y travesti acompañado de diversas alianzas cis logró la reforma al Código Civil del Distrito Federal (DF) -ya derogada- donde se reconoció el procedimiento para el levantamiento de una nueva acta de nacimiento por reasignación de concordancia sexo-genérica mediante una demanda donde posteriormente se realizaría una audiencia pública donde la persona promovente debía incorporar un dictamen que certificara que se encontraba bajo un proceso de reasignación por concordancia sexo-genérica con un mínimo de cinco meses y que debía ser expedido por dos personas peritas con experiencia clínica en materia de procesos para la reasignación sexo-genérica con la condición adicional que una de estas personas fuera la que tutelara dicho proceso. A pesar que cualquier persona trans* residente del entonces DF podía beneficiarse de esta reforma tenía importantes obstáculos emocionales, de salud y económicos por los costosos que llegaron a ser los dictámenes médicos así como los honorarios de las personas que realizarían el peritaje al mismo tiempo que vinculaba el derecho a la identidad con la obligación de someterse al llamado proceso de reasignación por concordancia sexo-genérica por lo que no era una decisión libremente autónoma al mismo tiempo que excluía a quienes no quisieran o no pudieran optar por dicho proceso (Flores y Rubio, 2015:16-18; Garza, 2017).

Si bien, la reforma de 2008 del DF no contemplaba explícitamente el derecho a la identidad de menores de 18 años en México, de acuerdo con Flores y Rubio (2015:16-23) presentaba más dificultades ya que generalmente las personas juzgadoras solicitaban la emisión de un tercer dictamen pericial para salvaguardar el interés superior de la infancia. En estos casos, las objeciones aumentaban dentro de los ministerios públicos adscritos a los juzgados familiares.

En enero de 2009, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió el Amparo Directo Civil 6/2008, en el que sostuvo que por virtud del derecho a la identidad que tienen todas las personas, las personas trans* pueden exigir que sus documentos de identidad reflejen su propia identidad de género sin restricciones injustificadas de tal forma que es exigible que se les expida una nueva acta de nacimiento que refleje su identidad sin imposición de condiciones injustificadas como someterse a procedimientos quirúrgicos u hormonales, o bien, restricción de estatus civiles como divorciarse de tal forma que reconoce como parte del derecho humano el libre desarrollo de la personalidad y la libre opción sexual que tiene toda persona para proyectar y vivir su vida de forma autónoma, lo que incluye el derecho a la intimidad y a la propia imagen.

Derivada de experiencias locales e internacionales en materia de identidad de género y producto de la incidencia de los diferentes activismos trans* y alianzas cis la Ciudad de México aprobó el 5 de febrero de 2015 una segunda reforma que cuenta entre sus avances con: la despatologización de las identidades trans* al eliminar los dictámenes periciales y clínicos que avalen una patología o trastorno mental; precisa que la nueva acta de nacimiento se levantará en el Juzgado Central del Registro Civil del Distrito Federal; sin embargo, para los llamados casos foráneos, es decir, aquellos cuya acta primigenia no fuera originaria del DF ahí se estableció como procedimiento el aviso mediante oficio hacia el juzgado o registro civil depositario del acta para que realizara dos acciones que han resultado muy problemáticas en el resto de las entidades del país: la anotación marginal y la reserva del acta primigenia debido a las tensiones al llamado principio de territorialidad de la ley y el principio de legalidad (Flores y Rubio 2015:16-23).

Adicionalmente, al sustituir la sentencia judicial por un oficio dirigido a los registros civiles de las entidades federativas se generó una diversidad de respuestas en cada entidad derivadas de una mirada jurídica no necesariamente apegada a derechos humanos como la ausencia de una orden judicial como única vía para obligar a otros poderes para hacer cumplir sus obligaciones, lo que implicaba realizar otro juicio contra la Dirección del Registro Civil del estado del acta primigenia y que terminaba obstaculizando la conclusión del trámite a partir del argumento del principio de seguridad jurídica para:
garantizar a terceros que la persona que pretende la expedición de un acta nueva de nacimiento, acorde a su identidad de género, le sean exigibles las obligaciones contraídas con anterioridad y también evita un doble registro de nacimiento y una probable duplicidad de personalidad (Flores y Rubio, 2015:21)

Lo anterior es una forma en la que el cistema perpetúa la criminalización hacia las identidades trans. Estos argumentos jurídicos trascienden los prejuicios y estereotipos sociales hacia las personas trans porque atraviesan a las personas juzgadoras (Garza, 2017). Finalmente, con respecto a las infancias y adolescencias trans* esta reforma condiciona el procedimiento a tener 18 años de edad para solicitarlo negándoles la posibilidad de acceder a este procedimiento con la consecuente vulneración a su autonomía corporal y de toma de decisiones (Flores y Rubio, 2015:21).

En el año 2015, la SCJN estableció en la Acción de Inconstitucionalidad 28/2015 una resolución de gran relevancia dentro del marco del reconocimiento de la identidad de género para que se realice en cualquier entidad federativa al afirmar que:
los actos nacidos constitucional y legalmente válidos respecto del estado civil de las personas en cualquiera de las entidades – Distrito Federal o Estados- deben ser válidos y considerados válidos en las demás; lo que no podría ser de otra forma, dado que, de lo contrario, se llegaría al extremo de que una persona esté casada o divorciada, o tenga hijos, propios o adoptivos en el Distrito Federal, pero no en otra entidad, cuando esta última regule dichas figuras de manera diversa. Es en este punto donde adquiere relevancia y sentido el mandato contenido en el artículo 121 constitucional (OEA, 2020: 22).

Posterior a la reforma al Código Civil para el Distrito Federal de 2015 en la Ciudad de México (antes DF), le siguieron otras en más entidades federativas que mantuvieron el reconocimiento a la identidad de género por medio de un trámite administrativo, no patologizante ni estigmatizaste en donde tuvo un papel protagónico la incidencia política de los activismos trans* locales y regionales con alianzas cis: en el mismo 2015, se reformó el Código Familiar para el Estado de Michoacán de Ocampo; en 2017, el Código Civil para el Estado de Nayarit; en 2018, la Ley del Registro Civil para el Estado de Coahuila; y en 2019, el Código Civil para el Estado de Colima, la Ley para la Familia del Estado de Hidalgo, el Código Civil para el Estado de Oaxaca, el Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala (OEA, 2020: 31).

Por otra parte, ante la ausencia de legislaciones locales en otras tres entidades federativas los activismos trans* locales con diversas alianzas cis han logrado el reconocimiento de la identidad de género por medio de procedimientos llamados materialmente administrativos como en 2019 en Nuevo León producto de las gestiones realizadas por la Dirección del Registro Civil ante el Poder Judicial del Estado de Nuevo León que desarrolló un procedimiento mixto; en San Luis Potosí mediante el Reglamento de la Ley del Registro Civil del Estado de San Luis Potosí y en Chihuahua derivado de la sentencia de la Contradicción de Tesis 6/2018 resuelta por el pleno del Décimo Séptimo Circuito del Poder Judicial de la Federación derivado de una serie de casos litigados por los organismos de la sociedad civil como Cheros y México Igualitario en 2019 y, Puerto Vallarta a partir de la resolución favorable de un hombre trans el 29 de enero de 2020 siendo el único municipio del país que ha atendido unilateralmente el reconocimiento de la identidad de género (OEA, 2020:31, 34, 35-36).

El 21 de noviembre de 2019, en el marco del Día Internacional de la Remembranza Trans , la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la contradicción de tesis 346/2019 relacionada con litigios sobre el reconocimiento legal de la identidad de género de las personas trans* en los estados de Guanajuato y Chihuahua; estableció como jurisprudencia que el trámite idóneo para la rectificación de las actas de nacimiento de las personas trans* en cuanto a nombre y sexo será por vía administrativa puesto que la SCJN considera que si una persona trans* mantiene los datos con los que originalmente fue registrada y solamente se realiza una notación marginal de la sentencia con la que se logra acceder a la rectificación con la consiguiente publicidad se vulneran derechos fundamentales sin que exista razón alguna para que se aplique este criterio restrictivo ya que la expedición de una nueva acta no significa la desaparición de una historia a partir del razonamiento de que los datos aparejados en la identidad anterior y que trajeran efectos jurídicos, son exigibles. En este sentido, la SCJN considera que la vía administrativa registral es idónea, a diferencia de la judicial, ya que brinda mayor protección de derechos humanos a las personas trans* que lo requieran en tanto cumplan con los criterios de privacidad, sencillez, rapidez o expeditez y adecuada protección de la identidad de género mediante la emisión de un nuevo documento. Lo anterior, no descarta ante la SCJN la vía judicial siempre y cuando se cumplan los criterios anteriores.

Sin embargo, actualmente de las 32 entidades federativas del país se identifica que en 11 (35%) se reconoce la identidad de género de la siguiente manera: en 3 se reconoce bajo algún procedimiento: “materialmente administrativo” (9% de todas las entidades del país) y en 8 explícitamente a partir de una reforma legal (25% de todas las entidades del país). Mientras tanto, en el resto de las entidades del país (66%) sigue sin existir algún procedimiento que reconozca la identidad de género de las poblaciones transque no sea la vía judicial (OEA, 2020:3). La gran diversidad de obstáculos que impiden que las personas trans mexicanas accedan al reconocimiento de la identidad de género con una mirada interseccional también se identifican en las entidades que han realizado acciones para reconocerla lo que evidencia las complejas violencias para acceder al reconocimiento de la identidad a partir de cada contexto. Se enuncian a manera de ejemplo las siguientes (OEA, 2020:31-33, 34, 37):

  1. la forma de solicitarlo, donde a única vía es la comparecencia personal y en el caso de Michoacán el procedimiento puede agotarse a través de terceras personas con poder notarial de por medio lo que resulta problemático para las personas que no puedan realizarlo por razones de enfermedad, de movilidad física o de migración. En Nuevo León se requiere iniciar un procedimiento formalmente mixto en la Dirección General del Registro Civil y luego ratificarlo físicamente ante el Juzgado Virtual de lo Familiar del Estado;
  2. la edad, ya que en todas se requiere tener al menos 18 años de edad cumplidos lo que deja en vulnerabilidad a las infancias y adolescencias trans* menores de dicha edad. A pesar que hay estimaciones de la existencia de entre 81 mil y 183,600 adolescentes trans* de entre 13 y 18 años (Freitez Diez, 2019) las familias, principalmente madres con hijxs trans, llevan 9 meses esperando a que el Congreso de la Ciudad de México apruebe la reforma que ya fue presentada, debatida y respaldada con los más altos criterios en derechos humanos y que permitiría que menores de 18 años puedan acceder a un acta de nacimiento con su identidad de género reconocida sin requerir un juicio a pesar que en 2019 la Asociación por las Infancias Transgénero logró el primer caso del reconocimiento de la identidad de género de un adolescente trans mediante el Amparo Indirecto 1582/2018 (Change.org, 2020). En el resto del país no existe alguna iniciativa parecida a pesar que la Consulta Infantil y Juvenil 2018, que es considerado el mayor ejercicio de participación infantil y juvenil de México, realizó en 2018 el primer ejercicio nacional para medir infancias no binarias cuyo resultado arrojó 3,308 respuestas de infancias de 6 a 9 años como no me identifico con ninguno de los dos (opciones de niña y niño); 15,557, de 10 a 13 años y 33,979 de 14 a 17 años en el caso de las boletas impresas (INE, 2019: 28).
  3. la copia certificada del acta de nacimiento primigenia, ya que en el caso de las personas trans* migrantes se vuelve un obstáculo por diferentes razones como las violencias transfóbicas familiares, comunitarias e institucionales por estigma o prejuicio, los costos involucrados en este proceso así como el 10% de las entidades que cuentan con rezagos en la digitalización de las actas de nacimiento (OEA, 2020:23 y 35). En la práctica, en San Luis Potosí ha sido suficiente presentar una copia simple para ubicar el acta de nacimiento en el libro de registros;
  4. el original y copia fotostática de identificación oficial, lo que se vuelve problemático para las personas transmigrantes, precarizadas y/o en situación de calle que carecen de otros documentos de identidad. En el caso de Michoacán el procedimiento solicita específicamente presentar la credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Nacional Electoral cuyo trámite requiere acta de nacimiento, comprobante de domicilio y otra identificación con fotografía. Aunque es importante mencionar que el Instituto Nacional Electoral ya aplica procedimientos para tramitar la credencial para votar con fotografía en casos de personas que están en situación de calle y subsanar el requisito de comprobante de domicilio (INE, 2015) o para quienes están imposibilitadas para acudir físicamente al módulo de atención ciudadana y/o que no pueden manifestarlo por sus propios medios (INE, 2020). Se considera que estas prácticas pueden ser valoradas por la Dirección General del Registro Nacional de Población (RENAPO) entre otras instituciones para fortalecer los procedimientos administrativos relacionados con el reconocimiento de la identidad de género para garantizar el acceso a este derecho a poblaciones históricamente excluidas como las personas trans migrantes, con discapacidad, con una enfermedad grave o en situación de calle;
  5. el comprobante de domicilio, que también se vuelve un obstáculo para las personas trans*migrantes, precarizadas y/o en situación de calle. En los casos de San Luis Potosí y Nuevo León como el procedimiento está restringido a las personas registradas en la entidad no resulta necesario el comprobante de domicilio mientras se inicie en la Dirección General del Registro Civil;
  6. sobre la accesibilidad al acta primigenia después de su resguardo, donde existen diversos criterios como en las entidades de la Ciudad de México, Coahuila, Colima, Michoacán, Nayarit, Oaxaca y Tlaxcala donde sólo se puede acceder al acta primigenia por mandato judicial o investigación ministerial; sin embargo, en Michoacán, Oaxaca y Tlaxcala sí se especifica que la persona interesada pueda seguir teniendo acceso a su registro primigenio. La entidad de Hidalgo no contempla un procedimiento de accesibilidad para el acta primigenia después de su resguardo;
  7. la notificación a diferentes autoridades una vez concluido el procedimiento en donde las legislaciones no son coincidentes en este apartado ya que en algunos casos incluyen autoridades federales mientras que en otros también a locales. Los procedimientos de Nuevo León y San Luis Potosí no concluyen en el levantamiento de una nueva acta sino en la rectificación de nombre y sexo/género del acta del registro civil tanto en los archivos como en las bases de datos, al mismo tiempo aplica en todas las actas del registro civil que hacen referencia a la persona solicitante sólo en San Luis Potosí mientras que en Nuevo León se realiza a petición de parte;
  8. el lugar desde donde se puede iniciar el procedimiento, las legislaciones no son coincidentes en este apartado ya que en algunos casos incluyen autoridades federales mientras que en otros también a locales. Los procedimientos de Nuevo León y San Luis Potosí no concluyen en el levantamiento de una nueva acta sino en la rectificación de nombre y sexo/género del acta del registro civil tanto en los archivos como en las bases de datos, al mismo tiempo aplica en todas las actas del registro civil que hacen referencia a la persona solicitante sólo en San Luis Potosí mientras que en Nuevo León se realiza a petición de parte;
  9. el seguimiento para garantizar derechos humanos de las personas solicitantes; que solamente es contemplado por la legislación de la Ciudad de México
  10. las opciones para el reconocimiento de la identidad de género, sólo la legislación de Coahuila está restringida a un binario de género femenino y masculino;
  11. la eventual cancelación o nulidad de las actas de nacimiento inscritas por reconocimiento de identidad de género, en donde la legislación de Coahuila es la única que la limita a la vía judicial, medida que se aleja del estándar convencional.
  12. que se incorporen requisitos adicionales a los establecidos, al momento de aplicar el procedimiento algunos registros civiles agregan otros adicionales que representan más obstáculos siendo el más grave la solicitud adicional de que la persona solicitante se acompañe de dos personas que atestigüen y confirmen su identidad lo que vulnera el derecho humano al libre desarrollo de la personalidad como se identifica en Coahuila, Hidalgo y Michoacán. En Hidalgo adicionalmente requieren la presentación de la CURP;
  13. el costo del procedimiento y otros relacionados con él que varía entre entidades federativas siendo un trámite gratuito en la Ciudad de México, Michoacán y San Luis Potosí; en Coahuila, $771; en Hidalgo, $55 y si se tramita urgentemente el costo asciende a $110; en Nuevo León, $611 e incluye la expedición de una copia certificada del acta de nacimiento con una validez de un mes aproximadamente. Entre otros costos se identifican la expedición de cada acta certificada que tiene diferentes costos siendo de $72 en la Ciudad de México, en San Luis Potosí de $52 con excepción de las jornadas municipales que se realicen una vez al año y que son trámites gratuitos y en Coahuila de $771.
  14. así como la duración del procedimiento, que también es variable como en la Ciudad de México que dura aproximadamente de 3 a 5 días hábiles; en Coahuila, 40 minutos; en Hidalgo, 2 semanas; en Michoacán, de 1 a 2 días; en Nuevo León, 5 días se le otorga al Juzgado Virtual de lo Familiar para emitir resolución y en San Luis Potosí, de 15 a 20 minutos.

Y los obstáculos se siguen documentando:


“Ante la negativa de resguardos, la necesidad de presentar demandas de amparo que son inaccesibles para gran parte de la población trans; la criminalización derivada de mantener una “doble identidad” a causa de la imposibilidad de resguardar las actas primigenias; el campo de “fecha de registro” en la nueva acta de nacimiento es actualizado a la fecha en que se solicitó el reconocimiento de la identidad de género, dejando un rastro que compromete la confidencialidad del procedimiento (…) las personas trabajadoras sexuales tienen problemas de acceder al trámite en función de los horarios de atención al público de las oficialías del registro civil. Asimismo, las posibilidades para reconocer en su identidad de género a personas nacionales residentes en el extranjero, personas privadas de su libertad y personas con identidades de género no binarias son virtualmente nulas “(OEA, 2020:30 y 39).

En ese sentido, es importante reiterar que en las entidades donde se reconoce el derecho a la identidad de género no implica que se desmonten los obstáculos originados por un cissexismo y transfobia normalizado e institucionalizado que en los hechos impiden el pleno ejercicio al reconocimiento a la identidad de género, a libre desarrollo de la personalidad y la libre opción sexual de las personas trans. Mientras el estado mexicano a través de la Dirección General del Registro Civil de Población e Identidad (RENAPO), el Consejo Nacional de Funcionarios del Registro Civil (CONAFREC), así como todas las instituciones del registro civil de las 32 entidades y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a través de sus representaciones consulares no alineen sus procesos y formatos de manera coordinada con las recomendaciones basadas en los más altos estándares en materia de derechos humanos en cuanto al reconocimiento a la identidad de género se seguirá vulnerando la dignidad humana y los derechos fundamentales de todas las personas trans y no binarias tanto residentes de México como aquellas personas transmigrantes lo que a se vez genera cadenas de violencia que afectan a la salud integral, al trabajo, al hogar, a la seguridad social, al acceso a la justicia, entre otros derechos humanos y seguirá perpetuando contextos sociales, político-electorales y económicos de rechazo, exclusión y violencias cotidianas socialmente aceptadas e institucionalmente toleradas por indiferencia u omisión que marcan las trayectorias de vida más precarizadas, racializadas o negras, de mujeres y con corporalidades diversas y trans migrantes con historias de persecución por actos transfóbicos y cissexistas complejos por el cruce con el género, la clase, la etnicidad o racialización, el estatus migratorio, la diversidad corporal, la neurodiversidad y otros factores que les expulsan y violentan sistemáticamente.

III. Contextos de violencias en México en razón de identidad o expresión de género

Las trayectorias de vida de las personas trans* y no binarias confrontan directamente la construcción histórica y sociocultural de un sistema sexo-género y cis-binario dentro de las relaciones cotidianas. Algunas de estas trayectorias se politizan y/o generan conocimientos que cuestionan la construcción socio-cultural históricamente situada de dicho cistema y confrontan directamente los posicionamientos ideológicos y políticos que, por el contrario, respaldan la mirada cis-binaria de sus estructuras a partir de argumentos que esencializan un supuesto orden natural de las cosas. Incluso algunos sectores de la sociedad aspiran a la intervención del estado mexicano para mantener ese orden natural inalterado que legitima socialmente las violencias hacia las personas trans* y genera tensiones dentro de la llamada convivencia democrática como ha sucedido recientemente con las iniciativas relacionadas con el llamado pin parental (Garza, 2017).
Por lo tanto, los avances y reformas en materia a favor de las poblaciones de las diversidades sexuales y de género deben tomar en cuenta que no siempre inciden en las personas trans* más precarizadas y perseguidas como puede ser con las relacionadas con el matrimonio igualitario o protocolos que reconocen y protegen los derechos político-electorales de las poblaciones trans* así como la institucionalización de las llamadas ciudades LGBT friendly.

En ese sentido, se han documentado los contextos de violencias normalizados y, por lo tanto, invisibilizados debido a que muchas de estas formas de violencia son socialmente aceptadas y atentan cotidianamente contra la dignidad y salud integral de las personas trans* y quienes integran el sistema político-electoral mexicano deben tomar en cuenta al momento de reconocer los derechos de las personas trans* para no cometer actos de discriminación directa o indirecta o bien, perpetuar estigmas y prejuicios.

En el año 2012 la 1a Encuesta Nacional sobre Bullying Homofóbico reportó que el 66% de las personas trans* encuestadas manifestaron sentirse víctima de acoso transfóbico; las principales razones por la que el estudiantado LGBT respondió no haber recibido bullying fue porque no se le notaba o no había salido del clóset lo que evidencia la relación que existe entre las expresiones de género trans* y no binarias con las violencias que viven dentro de sus contextos socioculturales. Dicha encuesta registra que en poco más de la mitad de los casos a la autoridad escolar le parecía normal el acoso y en un caso de cada diez incluso eran cómplices mientras que nueve de cada diez familias ni siquiera se enteraba de este tipo de violencias hacia sus integrantes (Alianza por la Diversidad e Inclusión Laboral, 2012).

De acuerdo con la Dirección General para la prevención del delito de la Procuraduría General de la República (PGR) el 60% de los casos de suicidio de menores de edad son, en general, por acoso o bullying en donde México ocupa el primer lugar de acoso dentro de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (NOTIMEX, 2016). En otra encuesta realizada a personas trans* de la Ciudad de México (antes DF) entre 31 a 37 años se registró que el 41% de las personas encuestadas había considerado quitarse la vida y un 22% ya lo había intentado mientras que el promedio de ideas suicidas en la juventud mexicana ronda el 8% (Valadez, 2014; Baruch, 2015). De acuerdo al monitoreo de Transgender Europe (2015) México es considerado como el segundo país donde más asesinan personas trans* e incluso se ha reportado un incremento de asesinatos de menores de edad trans* desde 2016.

En el contexto mexicano consideramos que los asesinatos hacia personas trans implica al menos cuatro formas de violencias: el asesinato, la malgenerización y/o desgenerización por parte de las instituciones públicas y los medios masivos de comunicación, la criminalización producto de una mirada cissexista y la falta de acceso a la justicia de sus familias, en particular, las elegidas que suelen ser también otras personas trans. Muchos de los casos de asesinatos de mujeres trans cubren la tipificación de lo que el Código Penal establece como feminicidio pero no se registran en dichas estadísticas que sólo incluye a mujeres cisgénero o mujeres trans* que ya han rectificado sus documentos oficiales de identidad (Garza, 2017).

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha documentado los altos niveles de crueldad y violencia con que se cometen en Latinoamérica en contra de las poblaciones LGBT, con especial énfasis en las personas trans* y, en particular, las mujeres trans* puesto que la mayor parte de estas poblaciones se encuentran inmersas en graves ciclos de violencias, discriminación y criminalización a lo largo de toda su trayectoria de vida desde la infancia por la exclusión y las violencias que sufren dentro de sus familias, comunidades y centros educativos. Lo anterior se agrava por la ausencia, en la mayoría de los países de Latinoamérica, de disposiciones legales o administrativas que reconozcan la identidad de género. La CIDH registra que la mayor parte de las mujeres trans* asesinadas son menores de 35 años, son particularmente vulnerables a la fuerzas de seguridad del Estado y ha denunciado los prejuicios alrededor de las poblaciones LGBT que aún prevalecen en los sistemas de justicia del continente americano y destaca que todas las formas de violencia por identidad de género u orientación sexual se vuelven especialmente graves para las personas trans* de los grupos raciales minoritarios y de grupos diversamente corporales y/o funcionales que les envuelven en ciclos de empobrecimiento severo al carecer el acceso a derechos humanos como servicios educativos, de salud, oportunidades laborales, de vivienda o programas de bienestar social y les orillan a que desde la adolescencia ejerzan el trabajo sexual en donde se refiere que el 90% de las mujeres trans* ejercen el trabajo sexual como medio de subsistencia, a veces en condiciones de explotación sexual y/o a estar en situación de calle ante el permanente acoso y violencia de las autoridades y sus comunidades (CIDH, 2015).

El 8 de agosto de 2018 la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos rechazó y condenó la ola de crímenes por prejuicio a la orientación sexual e identidad y expresión de género no normativas en Veracruz por los asesinatos de Alaska Contreras Ponce, mujer trans* y Elián Alexis, joven gay e hizo un llamado a las autoridades a tomar todas las medidas necesarias para contrarrestar las actitudes homofóbicas y transfóbicas y promover el respeto hacia la población LGBTI (Oficina del Alto Comisionado Naciones Unidas Derechos Humanos, 2018).

La indignación por las constantes violencias en aumento hacia las diversidades sexuales y de género llevó a la generación de redes de personas y colectivos trans* con alianzas e instituciones cis para emitir en agosto del 2018 el Pronunciamiento en Contra de los Asesinatos de Personas LGBTTTI en México con casi 600 firmas (Google Docs, 2018).

Sin embargo, desgraciadamente, los entornos sociales tan violentos hacia las personas trans* han aumentado en los años recientes y no han parado ni siquiera por contextos de aislamiento dada la contingencia por COVID-19 como sucedió con la muerte de la Doctora María Elizabeth Montaño Fernández después de estar 10 días desaparecida en la Ciudad de México en junio de 2020 lo que nuevamente llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a que el 19 de junio de 2020 manifestara hacia el Estado Mexicano la importancia de aplicar el estándar de debida diligencia en la investigación de su muerte y prevenir la violencia basada en el prejuicio contra las personas LGBTI y adoptar campañas de combate a la homofobia y transfobia (CIDH, 2020). Al momento de hacer este escrito, lloramos el transfeminicidio de Jeanine Huerta, mujer trans* de Tijuana asesinada en su propio hogar el 28 de agosto de 2020 y que se suma a otros cinco crímenes motivados por prejuicio hacia poblaciones LGBT, principalmente mujeres trans* trabajadoras sexuales.
Los resultados de la Encuesta sobre discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género 2018 (CONAPRED, 2018) muestran el contexto de violencias normalizadas hacia las personas trans* en México:
● El rechazo de la familia siempre tiene niveles altos entre los padres y las madres sin importar la orientación sexual (26%) o la identidad de género (39%) aunque en toda la red familiar se registra mayor rechazo a la identidad de género.
● Las violencias percibidas en los entornos familiares, vecinales y escolares son altas ya que entre el 87% y 92% tuvo la experiencia en la adolescencia de esconder su orientación o identidad de género; entre el 69% y el 88% recordó conductas de burla y molestia hacia otra persona por su orientación sexual o identidad de género; entre el 60% y el 72% escuchó comentarios negativos/ofensivos por su orientación sexual o identidad de género; las agresiones físicas van del 10% al 26% y del 7% al 9% reporta abuso o violencia sexual. En la mayor parte de los casos la escuela es un lugar peor de hostil que el vecindario y la familia.
● Los mayores porcentajes de percepción de violencias más altas lo reportan personas con identidades de género no normativas (80%), los hombres trans* y las mujeres trans* (75%).
● La mayor población encuestada a la que se le negó injustamente al menos un derecho en el último año de realización de la encuesta fueron a las mujeres trans* (53%), a los hombres trans* (41%), personas con otra identidad de género no normativa (36%) y a las lesbianas (30.5%). El derecho más negado es el del trabajo y la entrada a algún lugar.
● El 39% de las mujeres trans, el 30% de los hombres trans y el 25% de las personas con identidades de género no normativas han sentido un trato desigual respecto a los beneficios, prestaciones laborales o ascensos por su orientación sexual y/o identidad de género siendo las mayores del resto de los grupos.
● Las mujeres trans* (25%), los hombres trans* (24%) y las personas con identidades de género no normativas (19%) reportan con mayor frecuencia situaciones de discriminación durante una atención médica siendo nuevamente las más altas del resto de los grupos.
● Prácticamente 1 de cada 3 mujeres trans, 1 de cada 3 gays y 1 de cada 3 personas con identidad de género no normativa han experimentado un trato discriminatorio por parte de la policía siendo el más común la realización de un interrogatorio sin motivo aparente. Los hombres trans registran el 18%.
● Las personas con identidades de género no normativas vivieron diversas situaciones durante los últimos 12 meses como que les impidieran el uso de baños públicos acordes a su identidad de género (51%), que no les hicieran válida la identificación oficial (34%), que les negaran el ingreso a un cine, restaurante o bar (28%) o tener que suspender el tratamiento hormonal contra su voluntad (19%).
● Los temores por expresar libremente la orientación sexual o identidad de género entre los hombres trans* rondan el 80%, entre las personas con identidades de género no normativa con el 77% y las mujeres trans* con el 73%. Los porcentajes más altos los registran las mujeres bisexuales (83%) y los hombres bisexuales (77%). Los mismos temores suceden al querer mostrar afecto a la pareja en público.
● Las violencias normalizadas y socialmente aceptadas hacia las poblaciones de las diversidades sexuales y de género tiene como resultado que más de la mitad de las personas encuestadas hayan tenido pensamientos suicidas y 1 de cada 5 lo ha intentado alguna vez siendo los tres siguientes grupos quienes registran mayores porcentajes: hombres trans* (74%), personas con otras identidades de género no normativas (72%) y mujeres trans* (59%).
Estas violencias se detonan en todos los espacios de socialización que van desde el rechazo familiar hasta el acoso escolar pasando por la burla y el rechazo de sus comunidades, la negación para acceder a oportunidades laborales e incluso ingresar a espacios y servicios públicos. Más grave aún, se detonan a lo largo de toda la trayectoria de vida incluida las infancias y adolescencias a quienes se les niega que su voz sea escuchada y sus derechos sean reconocidos.
Aunque el panorama es grave esté diagnóstico debe considerarse como un nivel mínimo de discriminación dado el perfil escolar y de autonomía económica de las personas encuestadas con respecto a quienes no tuvieron posibilidad de acceder por estar luchando en subsistir y sobrevivir (CONAPRED, 2018).

IV. Miradas trans* a la reforma a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca del 27 de mayo de 2020 que regula la usurpación de la identidad de género

El 12 de mayo de 2020, las Comisiones Permanentes de Igualdad de Género y de Democracia y Participación Ciudadana de la LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de Oaxaca presentaron una iniciativa que reformaba diversos artículos de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca (LIPEO) misma que fue aprobada el 27 de mayo del mismo año donde se declaró procedente la reforma al artículo 2 y al 188 e improcedentes la reforma al resto de los artículos.


Al artículo 2 se le adicionó contenido en el numeral XXXI, recorriendo el contenido de las siguientes fracciones y al artículo 188 se le adicionó el numeral 3. El análisis se concentrará en estas adiciones que quedaron de la siguiente manera así como en la exposición de motivos.
Usurpación de la identidad de género: [para los efectos de esta Ley, se entenderá por:] Usurpación de la identidad de género: el acto mediante el cual un ciudadano o persona se auto adscribe de manera mendaz a género diverso del propio, con el fin de beneficiarse de las acciones afirmativas par cumplir con el requisito de paridad de género y alternancia (LIPEO, art. 2, num. XXXI).


En caso que algún partido político, candidato o ciudadano advierta la posible usurpación de identidad de género por parte de un candidato, deberá denunciarlo ante la instancia correspondiente para la substanciación (LIPEO, art. 188, núm 3).
Asimismo, se recupera la definición en dicha ley sobre la violencia política en razón de género:
La acción u omisión que realiza una o más personas, en el ámbito político o público, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de una mujer; el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo o su función del poder público (LIPEO, art. 2, num. XXXII).
Esta reforma se vuelve eficazmente cisnormativa porque al mismo tiempo que borra e invalida las trayectorias de vida trans, las hipervisibiliza en clave de pánico moral cissexista y al mismo tiempo que ignora las experiencias trans que no participaron ni en la construcción de la iniciativa, ni en los debates previos o durante su aprobación les marca con los artículos 2 y 188. En el primero, la mirada cissexista es evidente con la definición de usurpación de género como la auto-adscripción de manera mendaz, es decir, mentirosa, un adjetivo que ha sido históricamente un estigma para las personas trans* y en el segundo, legitima la histórica hostilidad y permanente sospecha hacia las personas trans* tanto de grupos conservadores como de ciertos corrientes del feminismo (Radi, 2020:27).
El artículo 188 representa un acto de mera objetificación que resulta de la conjunción de la objetificación y la descalificación epistémica que reconfigura una relación de dependencia epistémica a partir del cual los cuerpos, las sexualidades y los géneros de las personas trans son convertidos en asuntos cuya credibilidad requiere de la apelación de ciertas autoridades intelectuales por lo que las personas trans* dejan de ser sujetxs de derechos y se convierten en objeto de estudio y análisis por los que solamente podemos producir testimonios autobiográficos pero la interpretación de éstos está reservada a la mirada cisgénero que desde un sitio aparentemente objetivo por ser natural, verdadero y auténtico nos examina con permanente sospecha (Radi 2019, 32).
“Es importante no perder de vista la violencia política de género, pues, en caso de ganar la elección, las mujeres que subieron en la lista fungirían como presidentas municipales mientras que los (sic) candidatos trans ocuparían el cargo de las sindicaturas. Este tipo de escenario pone en desventaja a las mujeres pues genera ambientes hostiles que les impiden realizar sus labores de manera adecuada. Diversos casos de violencia política de género en contra de presidentas municipales en Oaxaca y analizadas por el TEPJF dan cuenta de ello” (LXIV Legislatura H. Congreso Del Estado De Oaxaca, 2020:25)
Se identifica un uso instrumental de las personas trans* en donde la violencia de género y la desigualdad de oportunidades que se mencionan en la exposición de motivos constituyen un problema cuando afectan a las mujeres cis, lo que también revela el estrecho horizonte de expectativas que permite la cisnormatividad hacia las personas trans* que empieza y termina con el reconocimiento del nombre y del pronombre pero que no se traduce en políticas públicas de acceso a la salud, a la vivienda, a la alimentación y a oportunidades laborales que atiendan, reviertan, prevengan y reparen el daño históricamente acumulado por violencias y exclusiones cissexistas. Por el contrario, el cissexismo es evidente en dicha reforma puesto que asume que el problema de la paridad de género de las mujeres cis es mucho más importante que mejorar las condiciones de vida de las personas trans* generalmente más precarizadas que muchas de las mujeres cisgénero que compiten por cargos de elección popular (Radi, 2014:5).
“Una reflexión sobre el tema es considerar la posibilidad de que las candidaturas de personas trans pasen por el tamiz de la autoadscripción calificada ya que al igual que en otros casos es necesario evitar viciar el contenido de la acción afirmativa mediante la postulación de ciudadano que se autoadscriben como tales pero que en realidad son personas cisgénero cuyo único interés es contender por un puesto político. El debate no es menor, pero nos es necesario conocer los antecedentes de otros casos donde se ha tomado las medidas necesarias para evitar la simulación o bien pensar en otro tipo de diseño institucional para evitar estas malas prácticas tal y como se propone en esta iniciativa” (LXIV Legislatura H. Congreso Del Estado De Oaxaca, 2020:24)
Las menciones marginales de los conceptos de personas trans, cisgénero, autoadscripción e identidad de género son abordadas sin profundidad ni referencias (mucho menos referencias trans) lo que convierte tanto a la reforma como a su exposición de motivos en declaraciones públicas de adhesión a una causa, en este caso la trans, pero que no es respaldada con ninguna acción específica para mejorar sus condiciones de vida o fortalecer sus derechos político-electorales para acceder a una candidatura con la consecuente generación de condiciones de igualdad y libres de violencias (Radi, 2020:26). “También es necesario mencionar que el pasado 28 de agosto se aprobó el dictamen con proyecto de Decreto por el que se adiciona [diferentes modificaciones] al Código Civil para el Estado de Oaxaca. En él se contienen disposiciones para facilitar el cambio de género en los documentos oficiales de manera sencilla y sin la necesidad de iniciar juicios lo que representa una herramienta para ayudar a combatir simulaciones en postulación de candidaturas tras como la ocurrida en Oaxaca, pues se trataría de ciudadanos que cuentan con una identificación oficial que tienen el género con el que las personas se identifican” (LXIV Legislatura H. Congreso Del Estado De Oaxaca, 2020:25) Como se ha documentado, las modificaciones en el resto de las entidades donde ya se ha reconocido la identidad de género a partir de un trámite administrativo y gratuito vienen acompañadas de diversos obstáculos que en la práctica dificultan o incluso impiden el pleno acceso y disfrute del derecho a la identidad. Lo anterior, revictimiza a las poblaciones trans por medio de prácticas burocráticas con trasfondo cissexista que les siguen negando el derecho a la identidad.
Por otra parte, las limitaciones cisnormativas y cissexistas de las medidas de inclusión como la paridad de género o la violencia política en razón de género pero que en realidad está acotada a las mujeres cisgénero perjudica directamente a las personas trans, en particular a quienes fueron asignadas al sexo femenino al nacer y tuvieron durante su trayectoria de vida experiencias como mujeres como sucede con los techos para hombres cis pero que coloca a los hombres trans en una terrible disyuntiva: revelar su estatus transicional renunciando a la privacidad y la confidencialidad en los actuales contextos de violencia cissexista y transfóbica en México que pueden colocarles en mayores condiciones de vulnerabilidad renunciando a supuestos privilegios masculinos o bien, privarse de acceder a esta acción afirmativa borrando gravemente una trayectoria de vida también afectada por diversas formas de violencias de género para mantener el reconocimiento de su identidad como hombres (Radi, 2020:29).
“Si bien cuánto de los candidatos antes mencionados presentaron su renuncia a la candidatura ante el IEEPCO, ello no los eximió de ser beneficiados de forma indirecta con el registro de la misma, lo que contraviene la finalidad de la acción afirmativa contenida en el artículo 16 de los lineamientos de paridad del IEEPCO, beneficiándose del perjuicio de un tercero, en este caso, de dos poblaciones históricamente vulneradas: las mujeres y las personas transgénero o muxes” (LXIV Legislatura H. Congreso Del Estado De Oaxaca, 2020:20)
A lo largo de la exposición de motivos se generan estas segregaciones injustificadas donde se identifica la práctica epistémica de construir a una otredad a partir de la configuración de las relaciones de desigualdad de contextos cisnormativos en donde las personas transgénero -en realidad hacen referencia a las mujeres trans– y muxes son definidas como otro grupo aparte al de mujeres pero que implícitamente les coloca en un lugar de exclusión e inferioridad a partir de diferentes marcadores lingüísticos que se han identificado a lo largo del texto de la reforma y su exposición de motivos. En particular las mujeres trans están en constante sospecha por la posible infiltración de hombres cisgénero mediante la usurpación de la identidad de género que en un contexto de pánico moral electoral también lleva a que se produzca un proceso de desidentificación y persecusión hacia las personas trans* (Radi, 2019:32).
“Las personas trans son unos de los grupos poblacionales que históricamente han sufrido injusticias, desventajas y discriminación social. Un dato revelador sobre el panorama que enfrentan es el dado a conocer en el año 2015, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual afirmó que el 80% de las personas transgénero fallecen a los 35 años o menos en Latinoamérica. Este dato es alarmante cuando la esperanza de vida para el resto de la población dentro de la región es de 75 años. Los prejuicios, la violencia sistemática, la falta de legislación y de diseño de políticas enfocadas a proteger los derechos humanos de dichas personas son algunas de las causas que propician este escenario” (LXIV Legislatura H. Congreso Del Estado De Oaxaca, 2020:18)
“El 7 de mayo de 2018, tres asociaciones civiles Ladxido Muxe, Auténticas Intrépidas Buscadoras del Peligro y el Colectivo Binii Laanu, A.C., presentaron una queja formal ante el IEEPCO sobre un posible fraude a la ley sobre dichas postulaciones. De acuerdo con lo referido con la queja presentada, 17 de los 19 candidaturas trataban de hombres que querían usurpar la identidad transexual para incumplir con la obligación de la paridad de género establecida en la ley. En consecuencia, el IEEPCO inició una investigación a través de un procedimiento ordinario sancionador para dar atención a la denuncia (IEEPCO, Expediente: CQDPCE/POS/005/2018)” (LXIV Legislatura H. Congreso Del Estado De Oaxaca, 2020:19)
Los anteriores apartados son ejemplos de lo que en palabras de Radi (2019, p. 33) representan el desencuentro entre la teoría y la vida cotidiana de las personas trans* puesto que este uso teórico dentro de este contexto que se analiza ignora acerca de los asuntos políticos que más urgen a las personas trans* y sus diversas agendas políticas y además tiene el efecto de distorsionar su realidad al dejar de lado necesidades apremiantes y de primer orden de estas poblaciones lo que representa otra forma de uso instrumental de estos conocimientos como variante de la objetificación. Aunque apela a las verdaderas y alarmantes estadísticas de violencia y exclusión hacia las poblaciones trans* en realidad estos conocimientos son dirigidos con un fin que es ajeno a las necesidades más urgentes de las personas trans* porque sus voces no acompañaron al proceso de deliberación, construcción y debate de dicha iniciativa.
A lo largo de la lectura de la fundamentación de la reforma a la LIPEO se genera la narrativa -por transborrado o transinvisibilización- que las personas trans* no realizaron aportes críticos y diversos al conjunto de conocimientos colectivos relacionados con las falsas candidaturas trans del Estado de Oaxaca en las elecciones de 2018, lo cual no es así, por lo que también se problematiza el modelo extractivista tanto de la iniciativa como su exposición de motivos puesto que explota sistemáticamente y bajo un sello ajeno los recursos epistémicos de las poblaciones trans* (Radi, 2019:31,32).
“Sin duda que cuando algún partido político, candidato o ciudadano se percate de que hay un registro en el que alguien se haya registrado como trans, estará en su derecho de acudir a la instancia correspondiente para denunciar lo que a su derecho convenga” (LXIV Legislatura H. Congreso Del Estado De Oaxaca, 2020:39)
Si bien, el párrafo anterior así como la reforma aparenta dar un mensaje de alianza y respaldo hacia las poblaciones trans* es pertinente analizar desde una epistemología crítica trans* las tensiones e injusticias epistémicas y prácticas abordadas puesto que mientras esta reforma aparenta ser emancipatoria y radical para las personas trans, en realidad no lo es sino al contrario, perpetúa diversas formas de violencias cissexistas ya documentadas por diversxs autorxs trans (Radi, 2019:39-40).

Después de una tradición cisnormativa en donde las experiencias y voces trans* han sido vistas como objeto, es un acto de justicia epistémica que las personas trans* tomemos la palabra, escribamos y seamos leídxs. Esta justicia puede ser práctica si nuestras voces son escuchadas, acompañadas y generan reacciones desde la más radical empatía dado que históricamente nuestras experiencias de vida, voces y conocimientos han padecido objetificación epistémica en donde se subalternan y deshechan al momento de producir ciertos conocimientos alineados a la cisnorma pero que no resuelven ni mejoran las condiciones de vida de las personas trans. La mirada hegemónica cis binaria en normas, leyes y reglamentos puede aparentar que no trasmite odio hacia las personas trans sin embargo, su miopía cissexista participa en la perpetuación de la vulneración a la dignidad humana de las personas trans* por medio de prácticas cisnormativas que alimentan los pánicos morales mediante la estrategia de la invisibilización, la objetivación, la instrumentalización, la descalificación, la patologización y la criminalización de las identidades trans* vinculándolas con amenazas patriarcales sin sopesar el componente ético de devaluar y comprometer la integridad física, mental y emocional de vidas precarias que sobreviven en contextos de por sí violentos.

Conclusiones

La situación legal en México con respecto al reconocimiento a la identidad de género ha tenido avances en la última década. Diversas entidades reconocen este derecho humano a la libre autodeterminación aunque no se apegan a los más altos estándares en derechos humanos. Actualmente son 11 entidades de 32 con algún procedimiento administrativo o materialmente administrativo. Sin embargo estos avances aún no son suficientes para que las poblaciones trans* puedan acceder a una vida digna y en la cual sus derechos estén protegidos, ni en los estados donde se han aprobado estas leyes ni mucho menos en el resto del país. Las estadísticas antes mencionadas dan cuenta del fuerte contexto de violencia y precariedad que viven un gran número de personas trans* y no binarias, especialmente las mujeres trans* trabajadoras sexuales, racializadas, defensoras de derechos humanos y particularmente graves en contextos de movilidad humana o situación de calle.

Los contextos de violencias son tan graves que incluso en las entidades que cuentan con procedimientos para reconocer la identidad de género se ha documentado que en la práctica se detonan obstáculos derivados del rechazo y estigmas cissexistas y transfóbicos que atraviesan a las personas que integran las diversas instituciones del registro civil y otras que deberían velar por el derecho a la identidad y otros derechos humanos pero que en la práctica siguen impidiendo el acceso al reconocimiento a la identidad por prejuicios sociales.

Lo mismo sucede con los avances en cuanto al reconocimiento al matrimonio igualitario, en materia político-electoral o incluso las actividades comerciales y publicitarias de aquellas que se ofertan hacia el mercado del turismo como LGBT friendly. Todo lo anterior no incide directamente en mejorar la dignidad humana ni las condiciones de vida ni frena las violencias que padecen cotidianamente las personas trans* de las periferias de cada uno de las 32 entidades federativas hacia las personas trans* indígenas, negras y/o racializadas, niñas, adolescentes y mujeres de la tercera edad así como aquellas con corporalidades y sexualidades diversas y/o migrantes.

Estos contextos de violencia que son estructurales y al mismo tiempo sistemáticos dado que se da en todos los espacios sociales a lo largo de toda la trayectoria de vida de las poblaciones trans* les llevan a vivir cotidianamente situaciones de rechazo, exclusión y persecución en los espacios familiares, comunitarios, laborales e incluso institucionales como la policía y los centros médicos que también participan en la conformación de un entorno hostil y agresivo donde la identidad de las personas trans* está en constante cuestionamiento, descrédito e incluso persecución por faltas a la moral o el delito de doble identidad.

Las desigualdades sociales que padecen las poblaciones trans* producto de las violencias y exclusiones cissexistas y transfóbicas inciden en la desigualdad con la que participan en la construcción de conocimientos colectivos, especialmente aquellos que también les afectan pero dada sus condiciones de precariedad no se encuentran en condiciones de acceder en igualdad de circunstancias y recursos con respecto a las personas cisgénero quienes suelen abordar los temas de la identidad de género sin cuestionar las lagunas y espejismos hermenéuticos producto de creencias cissexistas y estructuras cisnormativas que han sido históricamente normalizadas. Este sobre-acceso de las personas cis dentro de la conformación de los conocimientos colectivos relacionados con la identidad de género perpetúa las injusticias epistémicas y prácticas que mantienen a las poblaciones trans* en la exclusión al mismo tiempo que legitima los entornos hostiles y de violencia debido a la miopía cis y poca funcionalidad con la que construyen las medidas para atenderlas.

Ahora bien, esta mirada crítica también se acompaña de apuestas propositivas que de acuerdo a Radi (2019:29) ya se han trabajado desde lo que se llaman los Estudios Trans* que constituyen un campo académico interdisciplinario, socialmente comprometido y que se caracterizan por interrumpir, desnaturalizar, rearticular y hacer visibles las operaciones cisnormativas y cissexistas entre la llamada diferencia sexual, los roles y expectativa sociales que se espera para cada corporalidad y la relación entre como se subjetiva el sentido generizado de cada persona a partir de sus vínculos interrelacionados con los niveles de los género simbólicos y social que históricamente han sostenido la ficción de un orden de género cis-binario, mutuamente excluyente y de opuestos irreductibles sobre la que se sostiene la cisnormatividad (Radi, 2019; Garza, 2017).

Radi (2019:36-37) recupera y cita los trabajos de Jacob Hale en 1997, Viviane Namaste en 2009 y T. Raun en 2014 para proponer en términos generales que las contribuciones de identificar estas historias de violencias epistémicas que atraviesan los procesos de argumentación, en este caso la reforma analizada y relacionadas con el género a través de su modalidad de violencia de género y la identidad de género se pueden convertir en sugerencias positivas para quienes buscan comprometerse en este campo de estudio. De manera más específica se señala que los abordajes y análisis sobre las personas trans* debe ser desde un lugar de curiosidad respetuosa, con sentido de humildad ya que las propias personas trans* son las expertas sobre este tema por lo que es importante el cuestionamiento constante desde que lugar como sujetos nos ven y nos leen a las personas trans* y si incurren en prácticas como borrar las voces trans, totalizarles o citar acríticamente personas expertas cisgénero acerca de lo trans; constatar que el conocimiento que se produzca sea de utilidad para las poblaciones en cuestión, en este caso, las trans* en donde la potestad sobre la determinación de dicha utilidad recaiga dentro de la comunidad que se investiga o de la que se habla y que las voces dialoguen en condiciones de igualdad y horizontalidad simbólica y epistémica a lo largo de todo el proceso desde un lugar de colaboración que contrarreste la marginación epistémica haciendo lugar al reconocimiento de su subjetividad y agencia epistémica.

¿Qué diferencia hay en las condiciones de vida de las personas trans* que se sancione la usurpación de la identidad de género y se legitime dentro del sistema político-electoral la denuncia de candidaturas trans* perpetuando el estigma de la criminalización ante el pánico moral del uso mendaz de la identidad de género si eso garantizará que la paridad de género sea integrada al 100% por personas cisgénero?
¿Por qué en un ejercicio de justicia epistémica y práctica las personas legisladoras no incorporaron la posibilidad que si un hombre cisgénero o un partido político desea hacer fraude a la paridad de género constitucional mediante el uso mendaz de la identidad de género la cancelación de dicha candidatura debería ser sustituida sí y sólo sí por una persona trans, explorando posibilidades de acompañamiento con hombres trans para desmontar la falsa narrativa de que disfrutan privilegios masculinos lo que puede ser un ejercicio de justicia ante la histórica invisibilización producto de las violencias cissexistas y transfóbicas que también les obstaculiza el acceso a la justicia y a la reparación de daños por violencias estructurales relacionadas con el género.

La evasión ya no es opción ante los ciclos de violencia que se escalan en México. Incluso la omisión nos vuelve cómplices de mantener una mirada estrecha del género y las violencias de género a las experiencias de las mujeres cisgénero mientras se mantiene de una forma éticamente cuestionable en la exclusión a minorías violentadas y desprotegidas.

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(Video) Conferencia “¿Tiene sentido la idea una “Teoría del punto de vista? Sobre el posible carácter empíricamente falso, epistémicamente circular o heurísticamente inútil de la tesis del “privilegio epistémico” por Claudio Cormick @ClaudioJavierCM


Convocatoria

Fuente: Muro de Facebook de Anahí Grenikkof

Video

El video se puede consultar aquí.

Conferencia “¿Tiene sentido la idea una “Teoría del punto de vista? Sobre el posible carácter empíricamente falso, epistémicamente circular o heurísticamente inútil de la tesis del “privilegio epistémico” por Claudio Cormick

Fotografía

(Artículo) “Desde el otro lado de las violencias de género” (Serie “El sesgo cissexista como origen de injusticias “ 2 de 4)


Publicado en la edición del mes de noviembre de 2021 de la Revista “Voz y Voto” con el título “Lo que no se mira”.

Por Luisa Rebeca Garza López y Ericka López Sánchez (1)

Históricamente, en los Estados modernos la humanidad ha sido comprendida desde la base epistémica de lo que Blas Radi y Moira Pérez llaman “dimorfismo sexual” (2), este concepto parte de la creencia que sustenta la existencia de dos y sólo dos tipos de cuerpos -hembras y machos- y, consecuentemente, el binario de género como la creencia de que existen sólo dos géneros, mujeres y varones que, a pesar de ser culturalmente construidos tendrían un sustrato biológico que no se pone en cuestión.

De esta forma, los gobiernos han administrado a las poblaciones para poder distribuir bienes, servicios, generar política pública, diseñar reglamentos, entre otros andamiajes políticos, económicos y sociales. Esto ha creado imperativos inamovibles y fuertemente sancionables en torno a la concepción humana que dirigen, constriñen y violentan determinadas trayectorias de vida que no se ajustan a este “orden de lo normal”.

Esta gestión de las poblaciones se ha sustentado desde una “laguna hermenéutica” (3); es decir, desde la ausencia de recursos de comprensión colectivos para nombrar experiencias sociales específicas, lo que da pauta a la “injusticia hermenéutica” o “injusticia epistémica” que refiere a grupos de población cuando son involuntariamente rebajados y/o desaventajados en su estatus de agente epistémico, es decir, se les invalida su capacidad de autonomía para enunciarse de tal forma que en la construcción del saber colectivo se niegan y borran sus saberes y experiencias. En este contexto histórico se han administrado a las poblaciones para vigilar y castigar (4) la vida cotidiana bajo lógicas de ortopedias corporales.

Con esta ausencia de categorías para interpretar fenómenos sociales se han construido estructuras sociales, políticas y económicas que desconocen trayectorias de vida de las mujeres y hombres diversos (5) y que a pesar de lo anterior proyectan la ilusión de que esas categorías existen; es decir, se crea un “espejismo hermenéutico” que aparentemente engloba a la humanidad, pero siempre desde sesgos de exclusión que dejan en los bordes de la vida digna a las personas que no se ajustan dentro de esos marcos de inteligibilidad basados en un género binario y en categorías normativas.

Las consecuencias de esta laguna epistémica tienen efectos prácticos para las poblaciones directamente afectadas porque les impide acceder a marcos de comprensión para identificar y combatir las opresiones y violencias en la vida cotidiana, por ejemplo, cuando se habla de género se piensa sólo en mujeres cisgénero y cuando se habla de personas trans* se reducen a los debates y a las políticas relacionadas con la “identidad de género”, siendo que todas las personas poseemos una identidad de género, así las personas trans* no parecen ser sujetas a demandas atendibles más allá de este reconocimiento como lo señalan Radi y Pérez.

Bajo estas concepciones estrechas por su binarismo las asimetrías sociales, la desigualdad de de oportunidades y las violencias de género suelen ser tratadas a partir de un sesgo cissexista que universaliza la violencia de género como un fenómeno que sucede solamente entre hombres y mujeres cisgénero. El cisseximo (6) instaura la idea hegemónica de que hay unos “cuerpos verdaderos” entendidos como “más auténticos” y por tanto, sus necesidades son más urgentes y sus derechos más prioritarios de ser atendidos.

Es importante subrayar que las violencias de género no se reducen solo a las violencias que los hombres cis ejercen contra las mujeres cis, pues no todas las manifestaciones de violencia motivadas por el género son casos de violencia contra mujeres y menos aún solo contra mujeres cis. (7)

El patriarcado se ha sostenido históricamente a través de la violencia machista que se ejerce cotidianamente hacia aquello que se considera femenino y todo aquello que ponga en riesgo el régimen binario y cissexista incluyendo la morfología genital de los cuerpos.

A partir de esta creencia, la perspectiva de género se ha concebido desde lagunas hermeneúticas que explican la génesis y sostenimiento de las normatividades y políticas públicas enfocadas únicamente a determinadas mujeres cisgénero llevándoles a ser sistemáticamente excluyentes de otras experiencias atravesadas por el sexo y el género como las que viven las mujeres trans* e invisibilizando y negando necesidades, experiencias y derechos como los sexuales y reproductivos de los hombres trans*, a partir de una ficción de privilegio masculino al momento que transicionan dentro de este espectro. (8)

Los efectos de esta injusticia epistémica con respecto al análisis de las violencias de género se agravan aún más al dejar en el desamparo jurídico las violencias de género que hombres trans y personas no binarias con vulva viven de manera cotidiana y que van desde la violencia ginecobstétrica, por parte de personal médico, hasta las llamadas “violaciones sexuales correctivas”. Este desamparo jurídico les aleja del acceso a la justicia y a la reparación del daño.

Instrumentos como la Convención de Belem do Pará, ampliamente reconocida por sentar las bases en los tipos y ámbitos de violencia de género suele estar supeditada a un entendimiento de la violencia que experimentan las mujeres que surge de esta laguna hermenéutica cissexista y que deja fuera del marco de interpretación las violencias que experimentan los hombres trans, las personas no binarias, las mujeres trans y otras experiencias de vida con identidades y expresiones de género no normativo.

Es importante tener en cuenta, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido muy clara en señalar que a partir de los diferentes instrumentos internacionales de derechos humanos que incluyen la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de la Organización de las Naciones Unidas (“CEDAW”, por sus siglas en inglés), la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y la Convención de Belém do Pará, los Estados deben considerar las diversas necesidades de los diferentes grupos de mujeres incluyendo elementos como la edad, raza, etnia, discapacidad, orientación sexual, identidad de género, posición socioeconómica, entre otros factores.

Cuando estos mandatos internacionales caen dentro de la jurisdicción de los Estados Nación para reconocer derechos, legislar y reparar, estas observaciones que hace la Corte acerca de cómo se debe comprender a la diversidad humana son sistemáticamente omitidas debido a que los marcos de inteligibilidad con los que operan escapan de sus perspectivas de derechos humanos y reproducen estructuralmente la exclusión e invisibilizan las violencias que viven.

Las violencias de género, como la llamada “violencia política hacia las mujeres en razón de género”, se han construido bajo lagunas epistémicas que invalidan marcos de comprensión de otras trayectorias de vida que no se ajustan a análisis de género tradicionalmente anclados en los genitales, de tal forma que limita el estudio de las violencias de género al supuesto de que todos los cuerpos con vulva son mujeres y sólo estos cuerpos son quienes viven opresión (“opresión basada en el sexo”) .

Desde estos esquemas de injusticia epistémica tanto las cuotas de género, la paridad y las acciones afirmativas, así como el concepto de “violencia política hacia las mujeres en razón de género” han sido aprehendidos e implementados. Al mismo tiempo reproducen la validez sólo de los cuerpos de ciertas mujeres cis mientras que generan un espacio de “otredad” que justifica la exclusión para el otro, para la diversidad de mujeres por su identidad de género y orientación sexual no normativa, pero también atravesadas por su origen étnico, clase, discapacidad, estatus migratorio, edad, entre otras matrices de dominación.

Si bien la definición de violencia política hacia las mujeres en razón de género no queda sujeta al reconocimiento de las mujeres a partir de sus genitales, como tampoco a su condición de clase, raza, entre otras, las dinámicas de comprensión de los cuerpos basadas en dichas injusticias hermenéuticas legitiman prácticas violentas que constituyen espacios de marginalidad para las mujeres diversas y otras personas que no se constriñen a trayectorias de vida binarias y normativas.

A partir de la frontera que da consistencia a conceptos como el de “violencia política hacia las mujeres en razón de género” y su correspondiente interpretación y ejecución se constituye un lugar para lo “otro”, al mismo tiempo que se naturaliza y legitima un marco de análisis limitado a lo “verdadero”, “urgente” e “importante” con consecuencias graves en su ejecución en la práctica. El espejismo hermenéutico lleva a concluir que dicho marco de análisis es completo por lo que impide identificar las profundas complejidades de las violencias de género, todas ellas legítimas.

Esto se explica en la configuración de acciones afirmativas o medidas de nivelación para corregir los sesgos excluyentes en la representación política. Dichos logros son producto de las luchas colectivas e individuales que han hecho las poblaciones que han quedado marginadas e invisibilizadas de las condiciones de vida digna y en consecuencia de derechos político-electorales, y que tras esas acciones colectivas de larga data lograron que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenara en enero de 2021 al Instituto Nacional Electoral (INE) la aprobación de acciones afirmativas a favor de cubrir cuotas para obtener cargos de representación popular para personas afromexicanas, indígenas, con discapacidad, migrantes y de la llamada “diversidad sexual”. (10)

La construcción e implementación de las medidas de nivelación como la elaboración y aprobación del Protocolo para adoptar las medidas tendientes a garantizar a las personas trans el ejercicio del voto en igualdad de condiciones y sin discriminación en todos los tipos de elección y mecanismos de participación ciudadana (11), así como el Protocolo para la Inclusión de Personas con Discapacidad como funcionarios y funcionarias de Mesas Directivas de Casilla (12), dan cuenta de que la condición ciudadana no es universal, de que como lo ha señalado Mouffe (13), el demos construye su igualdad sólo a partir de los iguales, pues en México como en el resto del mundo hay diversas poblaciones fuera de esa universalidad la cual es finita y excluyente tanto en el ejercicio de la ciudadanía como en la construcción de marcos de inteligibilidad para ésta.

Estas acciones afirmativas también dan cuenta de las lógicas de exclusión desde las cuales se ha creado la estructura jurídica electoral evidenciando a los cuerpos que sí importan y que no son ajenas al orden imperante en el Estado puesto que también es un reflejo de las mismas lógicas de exclusión normalizadas en el ámbito de lo social y lo simbólico.

Desde esta posición hegemónica se hilan narrativas legales que establecen como territorios robustos a los cuerpos que importan: hombres y mujeres sujetos a la “verdad” que aseguren la certeza de un “orden estable” (14), por lo que serán sus necesidades las tareas urgentes e importantes a atender, y luego, cuando el tiempo alcance (que en la práctica lleva a la judicialización de los derechos) se crearán islas de derechos mediante las acciones afirmativas o medidas de nivelación para incluir a los cuerpos con trayectorias diversas no hegemónicas, ya sea por su identidad de género y orientación sexual no normativa, su estatus migratorio, su origen étnico, su edad o su estatus de funcionalidad corporal.

En este entendido primero estarán los hombres y mujeres sobrerrepresentados y luego todas las “otras” personas que no se acercan a esos “cuerpos verdaderos”, con trayectorias de vida legitimadas y aseguradas social y jurídicamente.

Las acciones afirmativas y medidas de nivelación hacen visible las líneas fronterizas entre los hombres y las mujeres con trayectorias de vida consideradas como “más legítimas”, quienes están “acá”, de “este lado”, en contraposición de quienes están “allá”, del “otro lado”. (15)

Las acciones afirmativas abren espacios dentro de la composición monolítica y homogénea de los dos grandes bloques generizados en binario que da forma a la paridad constitucional; dan carta de legitimidad a las personas que han sido excluidas de la participación política por su identidad de género y orientación sexual no normativa, su origen étnico como en el caso de las poblaciones indígenas y afromexicanas, su discapacidad, su edad, o su situación migratoria. Es importante subrayar que desde el inicio de la implementación de medidas de reparación como lo fueron las cuotas de género y ahora la paridad constitucional, todas estas personas, “las del otro lado”, no estuvieron contempladas.

Contrario a lo que suele afirmarse, las acciones afirmativas no pretenden que las mujeres cis cedan sus espacios a otros grupos minoritarios, todas ellas mujeres diversas. Su objetivo es incrementar la pluralidad política en la competición de cargos públicos para ambos bloques de género, de tal forma que se esperaría que los partidos políticos así como las autoridades administrativas y jurisdiccionales hagan lo propio para visibilizar en candidaturas a hombres trans* y personas no binarias, hombres con discapacidad, hombres indígenas y afromexicanos así como hombres migrantes.

Las violencias de género son complejas, por tanto su análisis y estudio nos exigen marcos de análisis que incorporen diversos factores porque en cada cuerpo no sólo habita el género sino que le atraviesan diversas categorías que le colocan en contextos adversos también complejos e históricamente desatendidos. De ahí la relevancia de no relacionar exclusivamente la genitalidad al género ni tampoco que la comprensión del género esté aislada a ese aspecto.

Incluir no significa adicionar sino modificar las estructuras de poder, por lo tanto, tenemos el desafío de incorporar en el análisis de los estudios de género otras matrices de dominación que atraviesan los cuerpos, todos generizados, y que determinan sus trayectorias de vida para comprender las violencias de género como dinámicas complejas con el objeto de implementar medidas de atención, prevención y reparación que verdaderamente modifiquen las estructuras de poder asimétricas, las relaciones sociales desiguales y la narrativa simbólica del “otro”.

Pies de página

(1) Luisa Rebeca Garza López, transfeminista, Maestra en Procesos e Instituciones Electorales e integrante fundadora de QuereTrans, S.C. @Rivka_Azatl / Ericka López Sánchez, profesora-investigadora de la Universidad de Guanajuato. @ErickaEliberte

(2) Moira Pérez y Blas Radi. (2018), “El concepto de “violencia de género” como espejismo hermenéutico”. En Igualdad, Autonomía Personal y Derechos Sociales, Asociación de Derecho Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, vol. 8, p.73.

(3) A partir de los trabajos de Miranda Fricker.

(4) Estas lógicas de control y sanción se filtran en los abordajes punitivistas para sancionar la violencia de género secundando la importancia de la prevención y reparación.

(5) Mujeres con pene, hombres con vulva y personas no binarias con genitalidad diversa que también son víctimas de diferentes formas de violencia de género.

(6) Creencia de que las identidades, trayectorias de vida, experiencias y saberes de las personas trans* son menos naturales, menos legítimas, menos verdaderas y menos auténticas que los correspondientes a las personas que no son trans*.

(7) Las violencias de género que viven cotidianamente las personas trans* se detonan en todos los espacios (familiares, escolares, comunitarios, laborales, políticos, entre otros) a lo largo de toda su trayectoria de vida. Asimismo, tener una identidad y/o expresión de género no normativa se vuelve en un factor que dispara las violencias percibidas en relación con la sóla orientación sexual no normativa (ENDOSIG 2018, CONAPRED, México).

(8) Sigue siendo una deuda histórica hacia los hombres trans* el abordaje de sus derechos sexuales y reproductivos como los relacionados con la menstruación digna, la violencia ginecobstetricia, el acceso al aborto libre y gratuito, la prevención del embarazo, entre otros, fuera de la narrativa sensacionalista y centrada en la dignidad de la persona. La supuesta ficción del privilegio masculino de los hombres trans* borra las opresiones y violencias padecidas durante su trayectoria de vida en la que fueron leídos socialmente como mujeres.

(9) Acciones afirmativas que se han identificado como insuficientes y con diversas áreas de mejoría como se señala en el artículo “Acciones afirmativas en materia electoral: del regateo de derechos al oportunismo de los partidos porque ” (Garza López, Luisa Rebeca y López Sánchez Ericka) disponible en https://www.animalpolitico.com/blog-invitado/acciones-afirmativas-del-regateo-de-derechos-al-oportunismo-de-los-partidos-politicos/

(10) El concepto de “diversidad sexual” también padece del espejismo hermenéutico cissexista cuando en la interpretación de dicho concepto se subsumen las experiencias de vida no normativas por identidad de género como subgrupo de las orientaciones sexuales no normativas.

(11) Aprobado por el INE el 22 de diciembre de 2017 mediante el Acuerdo INE/CG626/2017 y que desde entonces no ha tenido adaptaciones o actualizaciones a partir del seguimiento y evaluación que tentativamente ha tenido.

(12) Aprobado por el INE el 10 de mayo de 2017 mediante el Acuerdo INE/CG161/2017 y que tampoco ha tenido actualizaciones desde entonces.

(13) Chantal Mouffe. (2010), La paradoja democrática, Gedisa.

(14) Ese orden se mantiene “estable” en tanto no se desborde de las fronteras imaginarias geográficas, sociales y políticas, y conserven la narrativa de “certeza” de un sistema binario, cisgénero, heterosexual, corporalmente funcional, mestizo o blanco así como de su “identidad nacional”.

(15) Ese “otro lado” puede ser geográfico-político y devenir en estatus migratorio, de “género” como inicialmente lo han sido las mujeres cis y actualmente las personas con identidades de género y orientaciones sexuales no normativas, de funcionalidad corporal y devenir en discapacidades o de esa “otra raíz” genealógica que construye nuestra identidad nacional que deviene en identidades indígenas o afromexicanas.

Memoria de publicación en revista “Voz y Voto”

(PDF) Protocolo para promover medidas que garanticen el derecho al voto de las personas trans (transgénero,transexuales y travestis) en igualdad de condiciones y libre de discriminación de #Colombia 🇨🇴 vía @Caribeafirmativ


Fuente: Caribe Afirmativo / octubre de 2021

(Artículo) “El giro a víctima de los discursos trans excluyentes” (Serie “El sesgo cissexista como origen de injusticias” 1 de 4) por @Rivka_Azatl y @ErickaEliberte publicado en @Pajaropolitico el 26/oct/2021


Fecha de escritura: 24 de septiembre de 2021 / Texto publicado originalmente en el periódico digital mexicano “Animal Político” el 26 de septiembre de 2021

Por Luisa Rebeca Garza López y Ericka López Sánchéz

Transfeminista, Maestra en Instituciones y Procesos Electorales e integrantes fundadora de Queretrans, SC / Profesora investigadora de la Universidad de Guanajuato

Los discursos transexcluyentes se caracterizan por promover la segregación de las personas trans*1 de lugares, espacios, agrupaciones y eventos a partir de negar la identidad de género y considerar solo como válido natural el sexo asignado al nacer.

A partir de la transexclusión se da consistencia a las fronteras que legitiman a los cuerpos cis,2 desde un discurso biologicista que reafirma lo normal pues colocan lo trans* en el lugar de lo abyecto, de lo anormal, produciendo así una estrategia de exclusión basada en un orden “natural” y “verdadero”.

Los discursos transexcluyentes suelen apoyarse en la malgenerización, estrategia que tiene una fuerte base discursiva para desconocer intencionalmente la identidad de género trans*; por ejemplo, emplean las palabras “los transfemeninos” para referirse a las mujeres trans* y “los transmasculinos” para aludir a los hombres trans*. Esta práctica discursiva estigmatizante de malgenerizar antecede y legitima las propuestas y acciones transexcluyentes.

Parte de la estrategia de la malgenerización consiste en realizar dos distinciones irreconciliables al hecho de ser mujer: la que “nace” mujer entendiendo que la vulva y las características sexuales primarias como los ovarios y el útero son la “realidad material” por la que se sustenta la “opresión basada en el sexo” versusaquellas mujeres “que decidieron serlo” para referirse a las mujeres trans*: es decir, “las otras”, las no validadas” por la materialidad corporal que no son sujetas del feminismo (generalmente del feminismo llamado “radical” y un sector del abolicionista)3.

En el caso de las mujeres trans* suelen referirse a ellas como “transfemeninos”, como una forma de señalar que no son mujeres o si lo son deben ubicarse en un plano discursivo, social y legal diferente porque se asume que sus contextos de opresión y violencias son diferentes en tanto no surgen de la naturaleza biológica, sino de un constructo cultural, el cual no es verdadero.

En consecuencia las violencias hacia las mujeres trans* son ininteligibles para estos discursos transexcluyentes, de ahí su lógica de “cada quien sus luchas”, “nosotras sufrimos feminicidios, los otros son crímenes de odio”. Los genitales se convierten en signo corpóreo de verdad del orden binario: la vulva, las mamas y la maternidad como signo que constata el acto de la funcionalidad orgánica de las mujeres. Así se construye la legitimidad del cuerpo femenino con el que se borra la experiencia de los hombres trans* y se les regresa a ser considerados como mujeres por el solo hecho de “haber nacido con vulva”, mientras que la esencia de la violencia patriarcal se concentra en el falosin importar si la experiencia subjetiva, corporal y social es de una niña o una mujer trans*.

Este error argumentativo les lleva a concluir que los hombres trans* sólo por el hecho de tener o haber tenido vulva sí son sujetos del feminismo aunque ellos se manifiesten en contrario. En este sentido, la malgenerización y la transexclusión que sostienen estos discursos reducen la dimensión humana a los genitales como estrategia de verdad inapelable.

En los discursos transexcluyentes que reconocen la identidad de género prevalece la falsa creencia de que sólo las personas trans* tienen identidad de género a modo de colocarles desde la semántica del “otro-abyecto”, pues las personas cisgénero, al ser “cuerpos verdaderos”, no se encuentran atravesadas por la dimensión del género, ocupando así en la geografía humana la posición de lo “normal”.

En este entendido, el concepto cisgénero es considerado una ofensa, pues lo “normal” no requiere ser nombrado con conceptos específicos, ya está dado y entendido. Las experiencias de vida de las personas cisgénero son por tanto “verdaderas” y el de las otras-abyectas son simplemente ficciones.  Bajo esta premisa las personas cisgénero se desgenerizan4 y se invisten de autoridad moral desde donde aseguran su certeza cotidiana y desde donde señalan a qué sexo corresponde cada cuerpo con el objeto de mantener estable la conformación binaria y el status quo biológico que ordena a la población y la administra.

Por lo tanto, ¿a qué se tiene derecho y a qué no bajo una lógica irreconciliable de que falo es igual a hombre y hombre es igual a opresor-violento mientras que vulva es igual a mujer y mujer es igual a oprimida-violentada? Su error consiste en centrar el discurso y el movimiento político contra las personas (con pene) en lugar de dirigirlos en modificar las estructuras que sostienen el sistema patriarcal.

Los discursos transexcluyentes invocan al “tabú” para reclamar el derecho de hablar o de debatir de temas que en los hechos buscan segregar a las personas trans*. Este giro vuelca a los discursos transexcluyentes como si fueran un tópico disruptivo necesario para asegurar un sistema social y político “estable”, libre de opresiones, por lo que invocan a pánicos morales a partir de conformar una narrativa de víctimas que les hace enunciarse como discriminadas, violentadas e incluso perseguidas.

Los pánicos morales suelen sostenerse con el argumento de que las víctimas pueden ser “el 52 % de la población de mujeres nacidas mujeres”5, a partir de la hipótesis llamada “borrado de mujeres”6 que surgió en Reino Unido como movimiento transexcluyente con la llamada Declaración sobre los derechos de las mujeres basados en el sexo (WHRC)7 definido a sí mismo como un “grupo de mujeres voluntarias comprometidas con la protección de nuestros derechos basados en el sexo” y tienen como objetivo “representar toda la variedad de experiencias de la hembra de la especie humana”.

Las fundadoras de la WHRC afirman que crearon la Declaración sobre los derechos de las mujeres basados en el sexo con el “objetivo de presionar a los gobiernos de los países y hacer que el lenguaje siga representando a las mujeres y a las niñas por su sexo y no por el “género” o “identidad de género””. Es importante señalar que no ha sido reconocido por ningún Estado, pero sí ha sido firmado por personas usando cargos públicos así como instituciones y partidos políticos para hacer pasar como institucional una posición que es más bien personal.

Otra forma de propagar pánicos morales mediante el discurso de víctimas es por medio de la instrumentalización de las infancias y adolescencias al momento que se difunden mentiras relacionadas con el “uso irresponsable e impuesto de cirugías y hormonas para cambiar de sexo”, para categorizar dichos procesos de transición como “peligrosos” y promover su prohibición.  En discursos extremistas terminan legitimando los ECOSIG8, los cuales han sido considerados como actos de tortura. En los hechos los bloqueadores hormonales en adolescentes trans* se administran a quienes lo solicitan, pero es importante decir que los efectos son reversibles, mientras que no se puede soslayar que el acceso a las cirugías históricamente han correspondido al ámbito de la lucha por  la autonomía corporal.

La instrumentalización de las infancias y adolescencias suele sostenerse con argumentos adultocentristas, con lo que se desconoce su autonomía progresiva. Las personas adultas podrán acompañarles en sus procesos de transición, éste es un ideal, pero son éstas quienes deben ser escuchadas como las personas completas que son.9

Otra variante de este discurso consiste en señalar el peligro de las “de-transiciones de cambio de sexo” que es una forma sensacionalista y prejuiciosa de difundir casos de personas que experimentaron la vivencia trans* y posteriormente deciden regresar a la vivencia cisgénero. A partir de estos casos se promueve la idea de los “peligros” de crear políticas públicas que reconozcan y acompañen a las  infancias y adolescencias trans*.  Al respecto es importante señalar  que estadísticamente son mínimos los casos de de-transición comparados con la innumerable cantidad de casos cotidianos y diarios de personas trans* que transicionan y manifiestan una mejoría en sus condiciones de aceptación así como en sus condiciones de vida en tanto les rodea un contexto que les incluya y proteja.

El reconocimiento de la identidad de género como trámite administrativo, gratuito y rápido incluyendo infancias y adolescencias garantiza que cualquier tránsito sea libre y sin obstáculos justo para proteger el libre desarrollo de la personalidad de todas las personas.

En los casos más extremos y endebles de pánicos morales estos discursos arguyen a un “lobby cuir” financiado por las “grandes farmaceúticas” para que las infancias y adolescencias “se vuelvan consumidoras de por vida de tratamientos hormonales”, cuando se ha documentado que las poblaciones trans* suelen estar excluidas de los poderes políticos y económicos derivado de las violencias cotidianas a las que sobreviven. El acceso gratuito y universal a terapias de reemplazo hormonal por parte del Estado aún es una deuda pendiente así como el acceso a servicios de salud dignos, por lo que este argumento no se sostiene.

La incorporación de los discursos transexcluyentes por parte de personas que integran instituciones que representan funciones del Estado son graves y deben ser señalados porque en un giro hacia un discurso de víctima  y como estrategia para evadir la responsabilidad de las consecuencias de sus actos denuncian como intolerantes a quienes le señalan las características que se han enunciado anteriormente.

La filtración de los discursos transexcluyentes dentro de las instituciones y su correspondiente permisividad son graves porque desde un lugar privilegiado que da el acceso al poder político, a la toma de decisiones, a los recursos económicos, así como el acceso a medios de comunicación10 deslegitiman las demandas trans* por un reconocimiento igualitario, sin exclusiones y libre de toda modalidad de violencia.

Por lo tanto, se considera como relevante y urgente que se vigile y denuncie el uso de recursos públicos y aparatos del Estado como la formación política a militantes de  un partido político o conversatorios y foros de parte de instituciones públicas para difundir prejuicios y estigmas hacia las poblaciones trans* y que tengan por objeto limitar el reconocimiento de derechos como el de la identidad de género.

Cuando los discursos transexcluyentes buscan legitimarse por personalidades con trayectorias políticas construidas desde el aparato político del Estado surge un borrado de las acciones colectivas y luchas políticas que las personas LGB y Trans* han organizado y desarrollado desde la década de los años sesenta del siglo XX.

Las personas con discursos transexcluyentes que aparecen en escenarios de importante difusión cuentan con trayectorias visibles y desde espacios de privilegio suelen apropiarse de los derechos ganados por las acciones colectivas de las disidencias sexuales y de género, invisibilizando así sus históricas luchas en aras de crear ficciones narrativas sobre la forma en cómo se han conseguido derechos. En este vuelco narrativo parece ser que los derechos logrados se han alcanzado de manera inmediata, a partir de las  gestiones de un determinado partido político o institución en particular, eliminando de la narrativa histórica los procesos de resistencia y lucha política duraderos de los grupos LGBT de sociedad civil.

Los discursos transexcluyentes suelen centrar sus argumentaciones en una biología recalcitrante y, como suelen actuar los grupos conservadores, caen en los lugares comunes como base de su supuesta discriminación: lo objetivo, lo normal, lo estable, lo inamovible  y lo natural.

Contrario a los discursos de  Simone de Beauvoir que en 1949 sentó las bases  de la deconstrucción biológica del ser mujer, los discursos transexcluyentes hacen una distinción entre el concepto biológico del sexo macho-hembra con el concepto de cultura de género (masculino-femenino). Los discursos transexcluyentes en su sustento biologicista desconocen dicha deconstrucción al reificar que cuerpo es destino. Suelen fortalecer el pánico moral basado en el principio de que la realidad ya no se sustenta en lo físico, sino en la creencia cultural del género, promovido esto por las ciencias sociales, concretamente las corrientes “posmodernas”, las cuales generan políticas que “borran a las mujeres” (¿cuáles mujeres?) por lo que el enemigo patriarcal a vencer es el reconocimiento de la identidad de género.

Aunque el discurso transexcluyente no se considera a sí mismo conservador, sus argumentos sí lo son, especialmente cuando señalan a las feministas y alianzas que apoyan a las políticas que reconocen los derechos de las personas LGB, en particular los de las personas trans*, como “feministas liberales (libfem)” o “liberales” con agendas “libertarias” o “progres”, puesto que asumen que lo trans* está de moda y que “las mujeres jóvenes que desconocen de teoría feminista son las más susceptibles en caer en la falacia de que las mujeres trans puedan caber en el feminismo”.

Es importante señalar que se propaga una mentira cuando se argumenta que el reconocimiento de la identidad de género en las entidades federativas del país ha dado surgimiento a los casos llamados de “falsas candidaturas trans”, como en Oaxaca en 2018 y en Tlaxcala en 2021.

Las “falsas candidaturas trans” han surgido del uso fraudulento por parte de los partidos políticos a las medidas de nivelación que  reconocen el principio de auto-adscripción a la identidad de género11 al momento de registrar candidaturas y que son medidas proporcionalmente necesarias ampliamente debatidas por parte de las autoridades administrativas y jurisdiccionales electorales12 apegadas a los más altos estándares en derechos humanos.

Al respecto es  importante decir que ninguno de los casos llamados “falsas candidaturas trans” ha realizado una rectificación de su acta de nacimiento bajo el amparo de las reformas a los códigos del registro civil que reconocen la identidad de género en alguna de las entidades.

Los discursos transexcluyentes son anticientíficos porque reducen la constitución humana a un binario (mujer-hombre) y reifican el género porque asumen que a partir de una determinada morfología genital (vulva vs pene) que llaman “realidad material” se “nace hombre” o “nace mujer”. Es decir, los genitales y la trayectoria de vida de ese cuerpo son atados indisolublemente y generizados desde un supuesto filtro de la biología que narran en binario a los cuerpos, de tal forma que niegan la experiencia interna y subjetiva sobre cómo cada persona vive su identidad de género y cómo ésta se relaciona con su expresión de género rechazando que esta articulación puede ser tan variada como número de personas existen.

Los discursos transexcluyentes son antiderechos porque niegan el reconocimiento de la identidad de género que ya ha sido reconocida y protegida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Opinión Consultiva 24/2017) y ratificada por criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cabe señalar que el avance de este reconocimiento está vinculado a la dimensión del derecho humano que refiere al libre desarrollo de la personalidad y es acatado ya en 17 entidades federativas del país13.

Estos argumentos son antiderechos cuando sostienen posicionamientos para excluir a las personas trans* de espacios, de prerrogativas, de beneficios sociales e incluso del reconocimiento legal a la identidad de género. Los casos más extremos cuestionan la dimensión del principio de progresividad de la teoría de los derechos humanos para detener, limitar o retroceder su reconocimiento.

La gravedad de los discursos transexcluyentes no es menor. Pretenden generar dos estándares de razonamiento: uno para las experiencias de vida cisgénero que es más natural y, por lo tanto, más legítima, y otro para las experiencias de vida trans* que, en el mejor de los casos se asumen como culturales, pero en el peor como patologías o comportamientos criminales.14

A partir de esta lógica el discurso de defensa de derechos humanos de quienes en particular se asumen como feministas de la igualdad y radicales pugnan para que la perspectiva de género sólo aplique a favor de las mujeres cisgénero en tanto “nacidas mujeres” y no a las mujeres trans*. Así, se considera que su vivencia es más bien un “sentimiento” por lo que trasladan las protestas trans* al ámbito de lo privado para despolitizarlas bajo el argumento que no se oponen a que sean “felices”, sino que se oponen a que “borren” las fronteras que definen el “ser mujer” del “ser hombre” desde la materialidad corpórea, lo que es un eufemismo a la oposición directa a las medidas de reconocimiento y protección por la identidad de género que benefician a las poblaciones trans*.

Los discursos transexcluyentes marcan un retroceso al reconocimiento a la dignidad humana de las personas trans*, a tener una vida libre de violencia  y al avance en la protección de sus derechos humanos, ya de por sí muy difíciles de disfrutar en la vida cotidiana. Regresan la perspectiva humana a esquemas de pensamiento básicos como los reduccionismos biologicistas contra los cuales lucharon los movimientos feministas  de la segunda mitad del siglo XX, estableciéndose así como contradictorios y muy endebles en su fundamentación; no obstante, la sobreexplotación que hacen de argumentos basados en ser víctimas de censura, intolerancia y de imposición por asuntos relacionados con el reconocimiento de la identidad de género y el lenguaje incluyente conecta sorpresiva y peligrosamente a movimientos políticos aparentemente opuestos como los grupos conservadores15 y algunas corrientes feministas transexcluyentes dentro y fuera de las instituciones del Estado.16

* Luisa Rebeca Garza López (@Rivka_Azatl) es transfeminista, Maestra en Procesos e Instituciones Electorales, e integrante fundadora de QuereTrans, S. C. Ericka López Sánchéz (@ErickaEliberte) es profesora-investigadora de la Universidad de Guanajuato.

Pies de página

1 Personas transexuales, travestis, transgénero, trans, no binarias de pueblos originarios y emergentes.

2 Cisgénero, es decir, aquellas personas que no son trans*.

3 Abolicionista del trabajo sexual al que llaman “prostitución” y se posicionan tanto en contra de las políticas de regulación del trabajo sexual de parte de lo que llaman “Estado proxeneta y prostituidor”, abolicionista de la gestación subrogada a la que llaman “vientres de alquiler” y  lo vinculan como parte de una agenda LGBT y a veces trans*  contrario a las estadísticas que señalan que los principales usuarios son las personas cis-hetero blancas de los países del norte global y abolicionistas de la pornografía como parte nodal para desmantelar las violencias contra las mujeres.

4 De la misma manera que anteriormente sólo se hacían evidente las orientaciones sexuales no normativas derivado de la naturalización de la heterosexualidad sucede actualmente lo mismo con la identidad de género donde sólo se hace evidente cuando la experiencia de vida no corresponde con el sexo asignado al nacer, es decir, con las  experiencias trans*.

5 Este argumento borra a los hombres trans e identidades no binarias asignadas mujer al nacer.

6 Este argumento tergiversa y confunde los avances en el lenguaje incluyente que eliminan estereotipos de género que desgenerizan las funciones corporales relacionadas con la feminidad y la masculinidad como cuando se habla de personas menstruantes, personas lactantes o cuerpos gestantes que incluye también a hombres trans y personas no binarias de la misma forma como sucede con personas con próstata o personas donadoras de semen para incluir mujeres trans y personas no binarias. También sostienen la tesis de que el reconocimiento de la identidad de género borrará a las mujeres (cisgénero) de las estadísticas lo que es falso si se incorpora la herramienta de la interseccionalidad que permite distinguir trayectorias de vida entre mujeres cisgénero y mujeres trans* de la misma forma que permite distinguir entre orientación sexual e identidad de género del concepto monolítico llamado “diversidad sexual”.

7 Liga disponible aquí.

8 ECOSIG, esfuerzos para cambiar la orientación sexual y la identidad de género que van desde llevar a la persona a terapia para “cambiar” hasta encerrarle contra su voluntad por parte de su familia en “clínicas” donde reciben gritos, maltratos, mala alimentación, son sometidas a aislamiento y otras prácticas violentas que atentan contra la salud física y mental,  vulnerando  directamente derechos elementales. Los  ECOSIG parten del rechazo hacia las orientaciones sexuales y las identidades de género no normativas por lo que deben ser denunciadas y prohibidas, como ya sucede en algunos estados de la República.

9 De las entidades que actualmente reconocen y protegen  la identidad de género como un trámite administrativo, gratuito y rápido sólo Jalisco elimina el obstáculo de edad mientras que en la Ciudad de México se permite a partir de los 12 años. En el resto de las 15 entidades se les obliga a las infancias y juventudes trans* a esperar hasta los 18 años para que se les reconozca el nombre y sexo lo que en muchos casos participa en los contextos de hostilidad que viven diariamente.

10 Condiciones a las que históricamente no tienen ni han tenido acceso las poblaciones trans* por lo que la incorporación de los discursos trans excluyentes en las instituciones que representan el Estado acrecientan el clima de hostilidad y fortalece la asimetría del debate. Estos contextos asimétricos e históricamente violentos hacia las poblaciones trans* deben ser tomados en cuenta durante sus actos de protesta pública.

11 Mismo principio apegado a los más altos estándares de derechos humanos para reconocer la auto adscripción indígena y que también ha sido usurpado por algunas candidaturas de blancos o mestizos pero ahí no se posiciona el pánico moral porque sería evidente su racismo, situación que no sucede actualmente con la transfobia.

12 Generalmente en acuerdos, sentencias o lineamientos como los relacionados con el registro de candidaturas en cada proceso electoral federal, local o extraordinario.

13 Baja California Sur, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora y Tlaxcala.

14 Este doble estándar ya ha sido estudiado ampliamente y se le ha llamado cissexismo.

15 Como el Frente Nacional por la Familia en México y Vox en España.

16 Como las auto denominadas radicales y algunas corrientes del feminismo abolicionista ya descritas.

(Estudio,PDF) “#InfanciasEncerradas Reporte Especial: Niñez y adolescencias no binarias por @CDHCMX


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Liga de interés

https://euforia.org.es/tag/no-binarie/

https://www.amazon.es/Disidentes-g%C3%A9nero-generaci%C3%B3n-Bornstein-Bergman/dp/8494793888/ref=as_li_ss_tl?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=disidentes+de+genero&qid=1604169085&sr=8-1&linkCode=sl1&tag=euforiafta-21&linkId=0f9975d3cc1e35d55a45581183fc4366&language=es_ES

https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/079.asp

(Video) Glenda Prado @PradoGlenda lee poemario “El Oscuro Verano” (2021) en #Monterrey (septiembre/2021) en protesta a @UANL por despido injustificado de Daniel Loren Ibarra @cronicastrans por su injustificado despedido


La poeta, escritora, periodista y activista de derechos humanos, Glenda Prado Cabrera lee poemario de su autoría “El Oscuro Verano” (2021) en Frente de Rectoría de la Universidad Autónoma de Nuevo León en apoyo a la protesta de nuestro compañero Daniel Loren Ibarra por si injustificado despedido como hombre trans y por el que actualmente se realiza un plantón. No han recibido respuesta de alguna parte del rector.

Si deseas adquirir un poemario de ella puedes contactarla directamente en la red social de Facebook de Glenda Prado Cabrera o mediante las diversas cuentas de Queretrans.

Libro “Súmate: Infancias Trans* en México” editado por @InfanciasTrans


El libro se puede descargar aquí.

El 30 de marzo, Tania Morales, Presidenta de la Asociación por las Infancias Transgénero en México presentó el libro “Súmate: Infancias trans en México”. La presentación la pueden ver aquí:

https://fb.watch/6EXk_qs1g4/