(Descarga) Dossier “El sesgo cissexista como origen de injusticias” de @Rivka_Azatl de @QuereTrans y @ErickaEliberte de @BetweenLGBT


Presentación

«#CuartaRemembranzaTrans de @QuereTrans, el Centro de Estudios Trans de Queretrans y Between LGBT te invitamos este 15 de noviembre a las 7 de la tarde (horario de la Ciudad de México) a que nos acompañes a la Presentación del Dossier «»El sesgo cissexista como origen de injusticias»». «»Comentan: Blas Radi, Filósofo de la Universidad de Buenos Aires, Argentina; Claudia Ramos («»Mala Madre»») fundadora del medio digital Animal Político; Ilsa Aguilar, Presidenta de QuereTrans AC. Autoras: Rebeca Garza de QuereTrans y Ericka López de Between LGBT»». No te pierdas la transmisión en las redes de Facebook y YouTube de QuereTrans. Diseño de Killian Morales y Connor Nicolás. Te invitamos a revisar el itinerario semanal. No te pierdas la transmisión en las redes de Facebook y YouTube de QuereTrans. Diseño de Killian Morales y Connor Nicolás. Te invitamos a revisar el itinerario semanal.»

Aquí se puede ver

Twitter Space de @intersectaorg #reformaelectoral: ¿De qué trata? ¿Cuáles son algunas de sus implicaciones para temas como la igualdad? Hablemos y entendamos, juntes, la #reformaelectoral👉 Con @nuriav, @Rivka_Azatl, @AunaMexico y @samnbk.


Convocatoria

Space

Documento “Medidas para garantizar el derecho al voto de las personas trans en los países de América Latina y el Caribe” de @VotoTransLac


Medidas para garantizar el derecho al voto de las personas trans en los países de América Latina y el Caribe, que contiene medidas importantes para los Estados Parte. Se puede descargar aquí

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “ACCIONES AFIRMATIVAS A FAVOR DE LAS PERSONAS DE LA DIVERSIDAD SEXUAL Y PERSONAS AFROMEXICANAS EN EL EJERCICIO DE SUS DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES. AVANCES Y GRANDES PENDIENTES”


MES DEL LIBRO Y LA CULTURA DEMOCRÁTICA PUBLICATIO 2022

PRESENTACIÓN DEL LIBRO

ACCIONES AFIRMATIVAS A FAVOR DE LAS PERSONAS DE LA DIVERSIDAD SEXUAL Y PERSONAS AFROMEXICANAS EN EL EJERCICIO DE SUS DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES. AVANCES Y GRANDES PENDIENTES

14 DE NOVIEMBRE A LAS 12:00 HORAS

Modera:

Mtra. Indali Pardillo Cadena

Diputada del Congreso de la Ciudad de México

Il Legislatura.

Comentan:

Mtra. Luisa Rebeca Garza López.

Mtra. en Procesos e Instituciones Electorales e Integrante Fundadora de la organización QuereTrans.

Dra. Marina Martha López Santiago

Titular de la Defensoria Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del TEPJF.

Javier Meléndez López Velarde

Subdirector de Seguimiento de Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la SCJN.

Sigue la transmisión a través de las Redes Sociales del TECDMX

Aquí puedes descargar el libro:

Presentación del libro

Sobre transfeminismo y las deudas de la perspectiva de género hegemónica hacia los hombres trans*


Si quieres saber más, visita esta “Tertulia Académica” realizada con la Escuela Judicial Electoral sobre los derechos político electorales de las personas trans realizada el 3 de diciembre de 2021 el enlace de la descripción o visita mi blog rebecagarza.net

Ensayo “La ilusión en la justicia de las acciones afirmativas:la incómoda zapatilla de cristal para lashermanastras de las diversidades” de @ErickaEliberte y @Rivka_Azatl


La sala superior del tribunal electoral de la ciudad de México publica el libro llamado “ acciones afirmativas a favor de las personas de la diversidad sexual y personas afro mexicanas en el ejercicio de sus derechos político electorales. Avances y grandes pendientes“ y en donde mi querida amiga y compañera Ericka Lopez y yo escribimos el siguiente artículo .

Su objetivo es el siguiente :

Objetivo: El presente trabajo es un ejercicio de justicia epis- témica con el propósito de analizar un caso de injusticia her- menéutica que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) ejecutó tras la resolución que dio a la incon- formidad interpuesta el pasado 30 de noviembre de 2020 por Ilsa Aguilar Bautista, mujer trans, por no aplicarse el criterio de paridad de género en su designación como suplente en la fórmula 03 del Consejo Distrital 04, en el estado de Queré- taro y en el que alegó malgenerización al ser asignada como suplente de una fórmula propietaria de un hombre, cuando su sexo no corresponde al de un hombr

Redes sociales

En texto

La ilusión en la justicia de las acciones afirmativas:

la incómoda zapatilla de cristal para las hermanastras de las diversidades

Luisa Rebeca Garza

López

Ericka López Sánchez

La exclusión de la que buscamos emanciparnos (las personas trans*) se convierte en nuestra prisión conceptual.

Blas Radi

Objetivo: El presente trabajo es un ejercicio de justicia epistémica con el propósito de analizar un caso de injusticia hermenéutica que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, INE, ejecutó tras la resolución que dio a la inconformidad interpuesta el pasado 30 de noviembre de 2020 por Ilsa Aguilar Bautista, mujer trans, por no aplicarse el criterio de paridad de género en su designación como suplente a la fórmula 03 del Consejo Distrital 04, en el estado de Querétaro y en el que alegó malgenerización al ser asignada como suplente de una fórmula propietaria de un hombre, cuando su sexo no corresponde al de un hombre.

1. Caso: Ilsa Aguilar Bautista y su postulación a integrar un consejo distrital federal

Ilsa Aguilar Bautista es una mujer trans originaria del estado de Querétaro, socióloga con 31 años, defensora de los derechos humanos de las personas trans y de las personas con VIH desde una perspectiva social. Es presidenta de QuereTrans, Colectiva de hombres y mujeres trans y personas no binarias de Querétaro. En el pasado Proceso Electoral Federal 2020-2021 se postuló para integrar un consejo distrital electoral federal de su entidad federativa.

Ilsa Aguilar es la primera mujer trans en el estado de Querétaro en conseguir el reconocimiento a su identidad de género a partir de la rectificación legal de sus datos personales en su acta de nacimiento. Logró el reconocimiento de este derecho negado tanto a nivel nacional como en su entidad federativa mediante una travesía jurídica sustentada en el litigio estratégico. Su experiencia de vida se cimenta en resistencias y luchas cotidianas que han potencializado su capacidad de agencia frente al Estado.

El 09 de noviembre de 2020, Ilsa Aguilar entregó a la Junta Local Ejecutiva, JLE, del INE en el estado de Querétaro una solicitud para ser considerada dentro del procedimiento para integrar las propuestas de aspirantes para ocupar las vacantes de los cargos de Consejeras y Consejeros de los Consejos Distritales para los Procesos Electorales Federales 2020-2021 y 2023-2024.

En ambos procedimientos se establecieron criterios orientadores que deberían motivarse en el acuerdo de designación como son la paridad de género, la pluralidad cultural de la entidad, la participación comunitaria o ciudadana, el prestigio público o profesional, el compromiso democrático y el conocimiento de la materia electoral.

Cabe señalar que al cierre de la etapa de “Recepción de solicitudes e integración y remisión de expedientes” se recibieron 119 expedientes, siendo Ilsa Aguilar la única persona trans.

Entre el 16 y 20 de noviembre, la Presidencia del Consejo Local en Querétaro puso a disposición de las personas consejeras electorales y representaciones de los partidos políticos cada uno de los expedientes para su análisis y observaciones.

Al momento de la aprobación del acuerdo con la integración de propuestas de las consejerías de los cinco consejos distritales federales distribuidos en el estado de Querétaro se habían contabilizado a nivel estatal un total de 11 vacantes.

El 26 de noviembre, el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral de Querétaro aprobó el Acuerdo A04/INE/QRO/CL/26-11-2020 por el que se designó o ratificó, según correspondía, a las Consejeras y Consejeros Electorales de los Consejos Distritales correspondientes para los Procesos Electorales Federales (PEF) 2020-2021 y, en su caso, 2023-2024:

Consejeras y Consejeros del 04 Consejo Distrital en el Estado de Querétaro para el PEF 2020-2021, y en su caso, para el PEF 2023-2024

El 30 de noviembre, Ilsa Aguilar Bautista solicitó a la Lic. Ana Lilia Pérez Mendoza, Consejera Presidenta del Consejo Local del INE en Querétaro la tramitación de un recurso de revisión al acuerdo A04/INE/QRO/CL/26-11-2020 y que se le informara sobre el argumento por el cual no se aplicó el criterio de paridad en su designación como suplente de la fórmula 3 del Consejo Distrital 04 ya que consideró un acto de malgenerización el hecho que la hayan asignado como suplente en una fórmula propietaria de un hombre cuando su sexo no corresponde a tal.

También hizo referencia a la medida número 28 del Protocolo para adoptar las medidas tendientes a garantizar a las personas trans el ejercicio del voto en igualdad de condiciones y sin discriminación en todos los tipos de elección y mecanismos de participación ciudadana, en el que se señala que la participación de las personas trans en distintas funciones del proceso electoral tiene que estar mediada por la igualdad de trato y la no discriminación, y además establece las directrices para incentivar la participación de las personas trans, entre ellas la participación en los consejos locales y distritales:

Conforme a la política institucional de igualdad de trato y no discriminación, y en consonancia con las acciones para garantizar el voto de las personas trans, corresponda al INE impulsar de manera más amplia medidas de inclusión que hagan posible la participación de las personas trans en las distintas funciones del proceso electoral.

El 21 de diciembre, el Consejo General del INE resolvió mediante el Acuerdo INE/CD697/2020 el expediente INE-RSG/4U/2020 en donde consideró infundado el “único agravio hecho valer por la actora” por lo que procedió a confirmar el acuerdo controvertido.

2. Disonancia y Rebeldía Hermenéutica como detonantes de interpelación a la autoridad electoral

La trayectoria de vida de Ilsa, como muchas otras que se desarrollan en contextos cissexistas y violentos por la identidad de género, dan pauta a la conformación de marcos de comprensión capaces de nombrar las emociones que les atraviesan cuando una decisión social, política o legal es injusta, lastima y violenta. Ilsa Aguilar vivió la incomodidad de la contradicción de sus condiciones de vida y el resultado que dio el Consejo Local del INE en Querétaro tras el proceso de postulación en el que participó.

La incomodidad que le afectó está relacionada con los marcos interpretativos de los cuales partió el Consejo Local del INE en Querétaro para deliberar sobre su designación como suplente a la fórmula 03 del Consejo Distrital 04, ya que no operaron desde la inteligibilidad de su trayectoria de vida situada como mujer trans con una lucha personal y política por el reconocimiento de su identidad de género, que tiene estudios universitarios y con experiencia electoral tanto como capacitadora-asistente electoral en 2015 y como supervisora de campo de la Verificación Nacional Muestral del Registro Federal de Electores en 2016, ambas dentro del INE.

Cabe destacar que en su escrito de razones ante el INE, sitúa su activismo dentro de la participación social “en la búsqueda del reconocimiento con dignidad de los derechos humanos de las personas trans” y afirma que es “indispensable que se tengan consideraciones sociales de género y de diversidad al discernir la elección de las y los consejeros distritales (…)”.

Derivado de este contexto, Ilsa Aguilar experimentó una disonancia hermenéutica, aquella contradicción que se presenta entre la experiencia vivida y los marcos interpretativos que se imponen (Fricker, 2017), que se presentan como construcciones comunes que hacen sentir o tienen objeto de hacer sentir vergüenza acerca de las propias experiencias, ya que se leen desde los grupos privilegiados como absurdas, falsas y hasta ridículas.

No obstante, dirá Fricker (2017) descubrir que algo legítimamente autorizado es absurdo infunde la valentía crítica, en el caso de Ilsa detonó la rebeldía hermenéutica para elaborar desde una una valentía moral e intelectual su recurso de revisión donde solicita a la Consejera Presidenta del Consejo Local ser reconocida dentro de un contexto particular como mujer con trayectoria de vida trans*.

El escrito de revisión de Ilsa Aguilar evidencia un contexto de disputa relacionado con el reconocimiento de las experiencias e inconformidades surgidas desde una vida trans* a partir de un lugar situado tanto en lo personal como en lo colectivo-histórico que entra en contradicción con las asimetrías históricas y sistemáticas en prejuicio de ciertos grupos, del que no se puede escapar el sistema electoral.

El sistema electoral mexicano se articula a partir de la semántica legal constitucional y de los instrumentos normativos de los derechos humanos internacionales que velan por la disolución de las asimetrías que viven las mujeres y las personas LGBT; sin embargo, cuando opera sus decisiones, tareas y resoluciones lo hace con un fuerte sesgo cissexista.

Ilsa Aguilar articula su inconformidad a partir del absurdo que ella reconoce en el acto jurídico en el que se constituye su designación, a pesar de ser una resolución legítimamente autorizada por el máximo Órgano Público que organiza y vigila administrativamente la parte procedimental de la democracia. Esta designación y sus formas llegan mediante un escrito con firmas y sellos oficiales para investir de autoridad un discurso que se articula desde un lenguaje sofisticado-legal y que se impone como una verdad apegada a derechos humanos y con perspectiva de género.

3. Marginación hermenéutica de la experiencia e inconformidad trans*

Resultado de esta inconformidad hermenéutica, Ilsa Aguilar presentó un recurso de revisión que fue respondido por el Consejo General del INE con el Acuerdo INE/CG697/2020 (expediente INE-RSG/4/2020) aprobado el 21 de diciembre de 2020 y que contiene 29 cuartillas estructuradas de la siguiente manera: antecedentes, razones y fundamentos y resuelve (resolución).

Esta respuesta jurídica se elabora desde un lenguaje técnico- legal que se sostiene a partir de una narrativa jurídica que se ha conformado en el imaginario social como neutral, como si el acto de enunciar un largo listado de tratados y leyes a favor de la igualdad entre hombres y mujeres tuviera el efecto por sí mismo de dotar de una interpretación inmaculada a la resolución del caso.

El acuerdo INE/CG697/2020 se constituye a partir un avasallamiento discursivo conformado por 12 disposiciones legales nacionales, 12 obligaciones del Estado mexicano ante instrumentos internacionales y 8 tesis jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Todo este corpus legal aglutina las herramientas jurídicas que existen en materia de derechos humanos internacionales y constitucionales para subsanar la desigualdad entre hombres y mujeres así como la protección del principio de paridad constitucional.

La resolución que da el Consejo General del INE, como autoridad electoral administrativa, se estructura desde una comunicación sofisticada ausente de sensibilidad a partir de la que se construye el escrito y constituye una barrera lingüística mediante una brecha comunicativa desde donde se aleja a la persona inconforme con una trayectoria de vida trans* e instaura un cerco semántico donde la comunicación se torna asimétrica impidiendo la escucha, cerrando así toda posibilidad de completar un acto comunicativo. A esto se le reconoce como marginalidad hermenéutica, quien emite el mensaje, en este caso el INE, no le interesa contribuir a una distribución equitativa de los recursos expresivos que robustezcan la rebeldía hermenéutica de Ilsa Aguilar.

Lo anterior se materializa desde la definición de la litis que determina qué se analizará, lo que influirá directamente en la injusticia hermenéutica que Ilsa Aguilar vivirá en la resolución final:

De lo anterior, se advierte que la causa de pedir de la recurrente es se informe el por qué en la designación de la fórmula 03 no se aplicó el criterio de paridad de género, toda vez que la responsable la designó en una fórmula en la que el propietario es un hombre.

Asimismo, la pretensión del recurrente consiste en que este órgano colegiado modifique el acuerdo impugnado y, en consecuencia, se le designe como en una fórmula en la que una mujer sea propietaria. (Instituto Nacional Electoral [INE], 2020, p. 6)

Ilsa Aguilar hizo dos precisiones fundamentales en su recurso de revisión que la autoridad omitió incorporar dentro la construcción de la litis:

La inconformidad que resulta de la disonancia que le representa, como mujer trans que ha luchado por el reconocimiento social y legal de su nombre y sexo como mujer. Esta inconformidad la enuncia como un “acto de mal generización” al referirse al hecho de que se le haya asignado como suplente de una fórmula propietaria encabezada por un hombre cisgénero.

La invocación a la medida número 28 como una medida dirigida a los Consejos Locales y Distritales para incentivar la participación de las personas trans establecida dentro del Protocolo trans.

Es decir, en la construcción de la litis el Consejo General omite situar todos los elementos que plantea la propia inconforme como mujer trans dentro de su lucha personal y política con respecto al reconocimiento de su identidad de género (nombre y sexo), lo que se convierte en injusticia testimonial al momento que no se validan sus experiencias y testimonios vertidos en argumentos escritos, lo que la vuelve ininteligible dentro de la lógica de una resolución aparentemente apegada a derechos humanos.

La resolución del Consejo General del INE constituye simbólica, discursiva y materialmente un documento anclado en una “verdad inobjetable” de lo que considera la “real controversia”. Esta resolución también constituye una memoria histórica que se sitúa desde una matriz epistémica que rige y orienta la vida legal de grupos sociales a partir de quienes sí cumplen con los términos y condiciones de lo “normal”.

4. La injusticia hermenéutica dentro de la resolución del caso de Ilsa Aguilar

El apartado de resolución el Consejo General del INE considera que la solicitud de inconformidad de Ilsa Aguilar es infundada derivado de lo siguiente (INE, 2020, p.28)

Considera que han sido congruentes con las diversas medidas y normatividades aprobadas para hacer cumplir el principio de paridad de género.

Afirma que con el fin de “promover la participación política de las mujeres y su inclusión en la toma de decisiones de la autoridad electoral, se designó en una fórmula presidida por un hombre a una mujer, en el caso, resultó ser la actora del medio de impugnación que nos ocupa.”

Sostiene que “para el cumplimiento de la paridad de género, deben preverse tres fórmulas de mujeres, pero, adicionalmente, las mujeres pueden ser postuladas como suplentes en las fórmulas encabezadas por hombres, ya que la exigencia de que necesariamente una fórmula sea integrada por personas del mismo sexo, debe analizarse con la finalidad de alcanzar la igualdad material en la integración de las autoridades electorales. Es decir, se debe garantizar el posicionamiento paritario de mujeres, llevando en todo momento un mayor posicionamiento de la mujer, lo que permite fórmulas conformadas por un hombre y una mujer.

Concluye realizando tres afirmaciones donde se identifica la constitución de la injusticia hermenéutica a Ilsa Aguilar por parte de la autoridad electoral administrativa:

Que “(…)el acto de la autoridad local lleva a señalar que realizó una interpretación con perspectiva de género, con la finalidad de lograr paridad en la integración de los órganos distritales, lo que hace evidente que siguió el principio de legalidad al respetar lo contenido en la Constitución Federal.(…)”

“(…) En consecuencia, la designación de la C. Ilsa Aguilar Bautista, como consejera electoral suplente, de la fórmula 3, del Consejo Distrital 04 en el estado de Querétaro, fue en respeto a las acciones afirmativas y los principios constitucionales que contemplan la paridad de género.(…)

“(…) Al haber resultado infundado el único agravio hecho valer por la actora, lo procedente es confirmar, en lo que fue materia de impugnación, el acuerdo controvertido.”

El apartado de resolutivos, aparentemente con perspectiva de género, se sostiene de la laguna hermenéutica originada desde la litis donde prevalece la omisióndel hecho de que es una mujer trans y, por lo tanto, omite la importancia de ser reconocida como tal. La importancia de ser nombrada y reconocida adecuadamente se nutre de sus experiencias personales y colectivo-históricas relacionadas con el reconocimiento de la identidad de género en México.

La litis como imperativo definitorio de límites sobre la “realidad de la controversia” hace un recorte a la inconformidad que Ilsa Aguilar establece en su recurso de revisión, en consecuencia la resolución omite atender la invocación de la medida 28 del Protocolo Trans, que la inconforme señala, y que refiere a analizar las medidas para incentivar la participación de las personas trans dentro de los consejos locales y distritales. La fundamentación y motivación acerca de porqué siendo la única mujer trans postulante es precisamente ella a quien se le aplica el criterio de excepción de integrar una fórmula con su mismo sexo están ausentes dentro de la aplicación de los criterios orientadores.

En síntesis, los efectos de la laguna hermenéutica iniciada desde la litis se hacen presentes en los siguientes apartados que integran la resolución: razones y fundamentos y resuelve (resolución), apartados donde no existe espacio que dé respuesta por parte de la autoridad electoral administrativa a su inconformidad de que fue malgenerizada como mujer trans al haber sido la única mujer asignada como suplente de un hombre; tampoco existe mención al concepto de identidad de género y su importancia como derecho, en este caso, cuando Ilsa Aguilar afirma en el recurso de revisión que su “sexo no corresponde al de un hombre” y, finalmente, tampoco se aborda el análisis de las medidas para incentivar la participación de las personas trans dentro de los consejos distritales.

El expediente INE-RSG/4/2020 constituye un acto de injusticia hermenéutica porque se identifican los dos elementos centrales que constituyen su definición: 1. omite dentro del análisis y argumentación su exigencia de ser reconocida como mujer trans que se inconforma al aplicársele una cláusula de excepción como lo es el ser suplente de un hombre; en particular siendo ella la única mujer trans postulante en Querétaro; y 2. resuelve el caso sin atender su trayectoria de vida trans*. El Consejo General del INE cree que la aplicación de la perspectiva de género atiende la experiencia de vida de Ilsa Aguilar, y por lo tanto, cree o aparenta creer entender su inconformidad, situación que no sucede; por el contrario, la resolución genera la ilusión de que su experiencia e inconformidad han sido reconocidas y atendidas.

Se considera que el Consejo General del INE construye una argumentación robusta que sólo da cabida a la objeción vía el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lo que tiene una consecuencia directa en la judicialización de derechos, mediante una larga lista de información técnica-jurídica con la que se fundamenta la resolución. Este avasallamiento discursivo de normas y resoluciones jurídicas relacionadas acríticamente con los derechos humanos sostiene el espejismo hermenéutico desde donde se asume que se atiende totalmente la experiencia de vida trans* y la inconformidad de Ilsa Aguilar.

El Consejo General del INE responde desde la posición social-política de autoridad administrativa electoral, de tal manera que en aras de la objetividad jurídica y la expertiz desde la cual habla configura una injusticia epistémica, pues la persona inconforme es involuntariamente desventajada en su estatus de agente epistémico. Es decir, su posición social de mujer con una experiencia de vida trans* interfiere en la posición epistémica ante la autoridad electoral que impide que su inconformidad sea inteligible.

El sistema electoral puesto en práctica por sujetos no ajenos a las dinámicas de dominación, parte de matrices epistémicas basadas en la objetividad, en la idea de personas abstraídas de sus cuerpos y experiencias de vida, contempla una idea homogénea y hegemónica del sujeto político (de la ciudadanía) que no alcanza a comprender la diversidad humana y sus trayectorias diversas.

Desde este modo se configura un déficit de inteligibilidad desde la autoridad electoral administrativa acerca de la inconformidad de Ilsa Aguilar. El Consejo General no accede, porque no puede o porque no quiere, a los conceptos necesarios para comprender la inconformidad situada dentro de su trayectoria de vida como mujer trans*; por el contrario, analiza y resuelve el caso a partir de los conceptos hegemónicos de género anclados sólo para aprehender a las trayectorias de vida de determinadas mujeres cisgénero. En consecuencia, desde ahí, da respuesta a la inconformidad estableciendo una asimetría de inteligibilidad para comprenderla desde su dignidad humana como persona. Esto se reconoce como injusticia hermenéutica.

La autoridad electoral recurre a la ignorancia hermenéutica voluntaria para perpetuar la marginación hermenéutica al mismo tiempo que genera la ilusión de que la laguna no existe ni tampoco el acto de injusticia hermenéutica porque se le escinde en el análisis dentro de un contexto de violencia y resistencia como persona trans* mismo que se oculta bajo una aparente lógica de neutralidad jurídica pero que en los hechos es una forma de discriminación indirecta.

Reflexiones finales

A lo largo de los diferentes apartados del expediente, el Consejo General del INE usa acríticamente la teoría de derechos humanos para documentar el hecho que escucha, atiende y resuelve la inconformidad de Ilsa Aguilar pero sin tomar en cuenta su condición ciudadana atravesada por su experiencia de vida como mujer trans*. Es decir, enuncia y recupera la integralidad de normas jurídicas a favor de la igualdad entre hombres y mujeres pero no las articula directamente en ningún momento ni con su inconformidad de ser asignada dentro de una fórmula de consejería encabezada por un hombre ni del porqué no se atendió la recomendación 28 del llamado Protocolo Trans.

El INE opta por una ignorancia hermenéutica voluntaria dado que el marco de análisis ya lo tiene pero, no lo usa o no lo quiere usar, lo que perpetúa la marginación hermenéutica ante Ilsa Aguilar Bautista como consecuencia de la omisión de reconocer la importancia de una inconformidad hermenéutica que es tanto personal como colectiva-histórica, en este caso el reconocimiento de su nombre y sexo a partir de su identidad de género.

La conformación de marcos epistémicos que protegen los derechos humanos de los grupos desaventajados históricamente, en los cuales se fundamentan las resoluciones de la autoridad administrativa o jurisdiccional, tendrán poca eficacia en la atención de inconformidades, demandas y peticiones si parten de marcos de inteligibilidad privilegiados, pues desde esas matrices epistémicas se efectúan de manera categórica recortes a la realidad social y con ello se atienden solo a unos cuerpos con unas determinadas trayectorias de vida históricamente hegemónicas y a los “otros” se les atiende a partir de sesgos que lejos de dar justicia y reparar lastiman la dignidad humana y, en casos graves, revictimizan.

El Consejo General del INE es reiterativo al formular una respuesta sustentada en los derechos de las mujeres a partir de enunciar todos los instrumentos legales internacionales y nacionales, pero su argumentación evidencia una comprensión reducida pues sólo aprehende las experiencias de vida de ciertas poblaciones como determinadas mujeres cisgénero, pasando por alto la inteligibilidad de otras experiencias de vivirse mujer.

La resolución de dicho Consejo se estructura desde un déficit de recursos conceptuales; es decir, desde el déficit de la inteligibilidad de la inconformidad de Ilsa Aguilar. El grado de sofisticación política del discurso y el cúmulo de información tiene el efecto de desactivar la acción de inconformidad de quien interpone el recurso de revisión. Los privilegios desde los cuales se operan construyen zonas de opacidad, de no inteligibilidad y desde está dinámica el cauce de los recursos de inconformidad por personas o grupos desventajados epistémicamente difícilmente procederán.

La injusticia hermenéutica hacia Ilsa Aguilar, como ha sucedido históricamente hacia las personas trans* dentro del sistema electoral mexicano (Garza, 2019), no se resuelve con medidas de nivelación como el Protocolo Trans ni éste es suficiente como medida de reparación ante las violencias sistemáticas y estructurales a estas poblaciones. Al contrario, sin un ejercicio constante de autocrítica que resignifique la autonomía epistémica de poblaciones históricamente en desventaja y sin una revisión constante de estas lagunas y espejismos hermenéuticos difícilmente las injusticias podrán ser reconocidas, previstas o atendidas.

El sesgo epistémico cissexista produce y reproduce injusticias que impiden el reconocimiento de las experiencias e inconformidades de poblaciones históricamente excluidas como las trans* al omitir dentro de sus análisis y argumentaciones las complejidades específicas de condiciones de vida diversas y alejadas de la condición hegemónica de ciudadanía.

Este sesgo dentro del diseño, implementación, seguimiento y evaluación de las acciones afirmativas y medidas de nivelación dentro del sistema electoral mexicano, como sucede con el Protocolo Trans y el procedimiento para integrar consejos distritales, impide el ejercicio de una inclusión de facto no sólo de jure de las poblaciones trans* y participa en la falta de confianza hacia las instituciones y sus procedimientos democráticos.

La condición de ciudadanía validada por los grupos hegemónicos se establece como una medida estándar a la que las personas tienen que ajustarse para ser comprendidas y en consecuencia escuchadas, de tal manera que el sujeto político de las democracias liberales es la justa medida de la zapatilla de Cenicienta, la que será difícil de calzar en el pie de las hermanastras de la diversidad humana.

Referencias bibliográficas

Cossío Díaz, J. R. (2006). La integración de la Litis en juicio ejecutivo mercantil. Revista de Derecho Privado, (13-14), 63-68. Recuperado de http://historico.juridicas.unam.mx/publica/rev/derpriv/cont/13/dtr/dtr3.htm

Enríquez, G. A. y Martínez, Díaz C. (2016). Ciudadanía y cuerpos: reconfigurando la ciudadanía desde la diversidad. Sinéctica, (46), 1-13.

EXPEDIENTE: INE-RSG/4/2020, 21 de diciembre, Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto del recurso de revisión interpuesto por Ilsa Aguilar bautista, que confirma el acuerdo del consejo local en Querétaro, por el que se designa o ratifica a las consejeras y consejeros electorales de los Consejos Distritales. Instituto Nacional Electoral, 21 de diciembre de 2020, pp. 1-29. Recuperado de https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116220/CGex202012-21-rp-14-2.pdf

Fricker, M. (2017). Injusticia epistémica (Ricardo García Pérez, Trad.). Barcelona: Herder.

Garza, R. (2017). Trans*: entre lo personal y lo político. Violencias de género y participación político-electoral de las personas trans* en México 1990-2016 dentro del sistema electoral mexicano. México: INE-SEP.

Pérez. M. y Radi, B. (2018). El concepto de “violencia de género” como espejismo hermenéutico. Igualdad, Autonomía Personal y Derechos Sociales, 8, 69-88.

Protocolo para juzgar con perspectiva de género, haciendo realidad el derecho a la igualdad. Suprema Corte de Justicia de la Nación. 2da edición, noviembre de 2015. Recuperado de https://www.scjn.gob.mx/registro/sites/default/files/page/2020-02/protocolo_perspectiva_genero.pdf

Presentación de “La base de datos: la memoria del avance de los derechos LGBT+ en América Latina y el caribe” y la participación de @Rivka_Azatl de @QuereTrans @georgehaleg de @Promsex, Nicolai Ayden de @HTPanama organizado por @ErickaEliberte de @BetweenLgbt


Convocatoria

Redes sociales

Memoria fotográfica

⚠️ El feminismo trans excluyente mexicano intenta ir contra el derecho humano al libre desarrollo de las infancias trans y no binarias en #Chihuahua ⚠️


Esta propuesta es acorde a la agenda feminista llamada abolicionista y que abordaron en su Encuentro Nacional sobre lo que llaman “Neo patriarcado neoliberal” y que definen con 7 eslabones (si mal no recuerdo).

En dicha agenda incluyeron como peligro de lo que llaman “borrado de mujeres” los avances en el reconocimiento de la identidad de género y su posicionamiento en contra de las infancias trans lo incluyeron dentro del eufemismo “en contra de los estereotipos de género a las niñas y niños. Ahí consideran que reconocer la identidad de género de las infancias trans es “hipersexualización”. Lo cual no sólo es falso sino que atenta contra la autonomía progresiva y el derecho humano al libre desarrollado de la personalidad de las infancias trans y no binarias.

Lo grave es que no solo se están organizando y aliando con partidos con agendas anti LGBT sino con los llamados de “izquierda”.

La transfobia y la LGBTfobia así como el machismo permea dentro del sistema electoral mexicano en muchas personas porqué es un reflejo de la sociedad mexicana donde se asesinan 11 mujeres Cis al día y donde Mexico encabeza estadísticas de violencias hacia Infancias, particularmente las diversas, diversidades sexuales y de género, entre otras.

A todo esto ¿que dicen las 2 personas diputadas del PAN de diversidad sexual que supuestamente llegaron en el Congreso?

Aquí escribí sobre las violencias que trae como consecuencia el discurso feminista trans excluyente: https://rebecagarza.net/2022/01/12/violencias-separatistas-consecuencias-de-los-discursos-trans-excluyentes-por-rivka_azatl/

Rebeca Garza

Más información aquí

Redes sociales

Ponencia: Acciones afirmativas de Iniciativa de Reforma Político-Electoral 2022: ¿En riesgos? Por @Rivka_Azatl en @somee_mx #EstudiosTrans #MemoriaTrans


Cartel

El Programa del XXXIII Congreso Internacional de Estudios Electorales, América Latina y el Caribe, elecciones y virajes políticos se puede ver aquí.

Difusión

Mesa 3 “Estudios de Género: representación en perspectiva interseccional”

La Mesa 3 “Estudios de género: Representación en Perspectiva Interseccional” se puede ver aquí.

(Video) Acciones afirmativas de Iniciativa de Reforma Político-Electoral 2022: ¿En riesgos?

Ponencia en PDF

Galería Fotográfica


(Texto) Acciones afirmativas de Iniciativa de Reforma Político-Electoral 2022: ¿En riesgos?

Resumen

El contexto político electoral en México ha tenido cambios importantes y profundos en las últimas reformas, algunas de ellas se han dirigido ampliar derechos de poblaciones históricamente vulneradas, como de la diversidad sexual, a partir del reconocimiento de acciones afirmativas o cuotas para el acceso de candidaturas como las que surgieron en el año 2021 tanto para elecciones federales como locales, muchas de ellas en cargos de mayoría relativa y otras en listas cerradas por vía representación proporcional. Sin embargo, dada la iniciativa de reforma político electoral presentado en el año 2022 se analizarán estos avances en relación con la propuesta del modelo del sistema político electoral que transitaría a un sistema proporcional 100% puro con listas de candidaturas abiertas.

Presentación

Se analizará el posible impacto de las acciones afirmativas dentro de la propuesta de la iniciativa de la reforma político electoral enviada el 28 de abril de 2022 al Congreso de la Unión por Pablo Gómez Álvarez, actual titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) quien tiene como trayectoria política haber sido diputado federal en cinco legislaturas donde ha tenido una participación importante en la construcción de diversas reformas político-electorales.

La perspectiva será de derechos humanos e interseccional donde el análisis de las acciones afirmativas de la diversidad sexual considerará, por una parte, la estructura de opresión identificada como cisheteronormatividad y, en segundo lugar, el cruce de otras categorías de opresión como el origen racial por que a su vez procurará incorporar una perspectiva intercultural. Finalmente, se reflexionarán los efectos que tendría la iniciativa actual en la participación política electoral de las poblaciones de las diversidades sexuales y de género desde la misma perspectiva de derechos humanos e interseccional teniendo como eje de análisis, para este ensayo, a estas poblaciones.

De esta forma, en primer lugar se analizará qué es la cisheteronormatividad y cuáles son sus efectos en el acceso a derechos, entre ellos los políticos electorales, de las poblaciones de las diversidades sexuales y de género a partir de sesgos que afectan la presunción de neutralidad del sistema electoral mexicano. En segundo lugar, se repasará la propuesta de iniciativa político-electoral de Pablo Gómez para identificar los apartados que pueden vincularse de alguna u otra manera con las acciones afirmativas actualmente ya alcanzadas. En tercer lugar se reflexionará acerca del impacto de las acciones afirmativas a partir de la propuesta de reconfiguración del sistema electoral mexicano contenida en la iniciativa político electoral de Pablo Gómez. Finalmente, se proponen ajustes razonables y se hacen reflexiones con la finalidad de que dicha iniciativa, o cualquier otra de esta naturaleza, se apegue al principio de progresividad de derechos humanos, que no tenga efectos discriminatorios hacia ninguna de las poblaciones históricamente vulneradas e incorpore acciones de nivelación o afirmativas como actos de justicia histórica.

La cisheteronormatividad como sesgo al principio de neutralidad dentro del sistema político electoral mexicano

La cisheteronormatividad es una forma de nombrar al sesgo normativo producto de una ideología dominante que da forma a una estructura simbólica y social en donde las instituciones políticas y económicas así como sus procedimientos surgen si y solo si para administrar y regular relaciones humanas acotadas a la existencia y a las relaciones entre dos sexos/géneros opuestos y complementarios y se concibe bajo este esquema de pensamiento, es decir, hombres y mujeres asignados al nacer como tales y que se identifican plenamente con dicha asignación, de ahí el apócope “cis”.

La cisheteronormatividad también asume que hombres y mujeres cisgénero experimentarán su sexualidad únicamente dentro de una pequeña parte del espectro alosexual, es decir, aquellas personas que se sienten bien estableciendo vínculos tanto románticos/afectivos como eróticos. En este sentido, la heterosexualidad como orientación sexual y como régimen político está acotada a este estrecho espectro donde la reproducción humana juega un papel primordial pero sólo bajo este esquema de pensamiento.

La cisheteronormatividad produce una estrechez de perspectiva que tiene consecuencias funestas en las vidas de las personas de las diversidades sexuales y de género cuando se asume que toda la población nace predeterminadamente como hombres y mujeres que deberán tener trayectorias de vida como personas cisgénero y heterosexuales.

Los impactos de la cisheteronorma son profundos en la generación y legitimación de obstáculos que afectan y limitan el acceso a condiciones igualitarias para el desarrollo de seres humanos plenos porque normaliza la violencia hacia quienes no cumplen con estos estándares de ser personas con trayectorias de vida cisgénero y heterosexuales. Los costos van desde el rechazo familiar desde la infancia y desde del entorno comunitario e institucional que en conjunto construyen cadenas de violencias que acompañan toda una trayectoria de vida, por ejemplo trans*, por lo tanto, tienen consecuencias materiales en la falta de acceso pleno a derechos humanos como a la educación, a la protección, a la salud física y mental, al trabajo digno, a la seguridad social, a la presunción de inocencia, al acceso a la justicia, a una vida libre de violencia, a que se nos reconozcan nuestros derechos políticos electorales y gozar de representación política, entre otros derechos que cotidianamente se nos vulneran por ser personas de la llamada “diversidad sexual” cuando lo cierto es que las personas vivimos nuestra sexualidad como un espectro donde no existe la dicotomía de lo negro y lo blanco, lo masculino y lo femenino, lo heterosexual y lo homosexual incluso entre lo trans y lo cis.

Cuando el sesgo cisnormativo se filtra dentro del sistema electoral mexicano impide que las autoridades vean y reconozcan tanto los derechos humanos y sus avances así como las violencias hacia las poblaciones de las diversidades sexuales y de género e incluso pueden ser parte del contexto que genere que la propia autoridad les revictimice como ya ha documentado la CIDH.

En este sentido, la cisheteronorma es el estándar que no suele cuestionarse y que además surge de una ideología dominante que asume que las personas heterosexuales y cisgénero son más válidas, más auténticas, más naturales, más sanas y más deseables que las personas que no lo son. A partir de esta perspectiva hegemónica se fomentan y moldean tanto espacios de deseabilidad como de indeseabilidad o incluso de abyección por medio de discursos y prácticas socialmente legitimadas que jerarquizan y subordinan unos cuerpos con respecto de otros.

La cishetenorma no solo es la vara con la que se construyen normas sociales, políticas y económicas sino también instituciones y procedimientos de tal forma que al mismo tiempo que reconoce y regula algunas poblaciones invisibiliza y excluye a otras, en este caso, a las poblaciones de las diversidades sexuales y de género.

Desde el año 2018, a partir del surgimiento de las llamadas “falsas candidaturas trans” toma fuerza una narrativa que también fortalece la dicotomía cis versus trans cuando en realidad esta expresión de la diversidad humana actualmente también debería ser considerada como parte de un espectro y que actualmente se materializa en los movimientos sociales y discursos políticos de las personas trans binarias y no binarias.

Por lo tanto, la cisheteronormatividad tiene implicaciones fuertes y profundas para el acceso al sistema político electoral en condiciones de igualdad más allá del binario de género y del régimen político heterosexual y afecta incluso a las personas asignadas mujeres al nacer pero que también forman parte de las diversidades sexuales y de género como los hombres trans y las personas no binarias.

Los entornos hostiles en contextos de cisheteronormatividad generan falta de confianza en las instituciones dado el continuo rechazo hacia las poblaciones LGBT en diversos espacios y prácticas sociales con la consecuente apatía o desconfianza para exigir sus derechos humanos; generan miedo a que no les crean cuando denuncien obstáculos o violencias o, incluso existe el riesgo padecer revictimización por las mismas instituciones que deberían reconocer y proteger sus derechos.

Es importante identificar estos sesgos cisheteronormativos para administrar, defender la dignidad humana de estas poblaciones y juzgar con perspectiva de género y de derechos humanos dentro del sistema electoral mexicano.

Una consecuencia del sesgo cisheteronormativo se refleja en la constitución de las autoridades administrativas y jurisdiccionales integradas mayoritariamente con personas con experiencias de vida cisgénero y heterosexuales; este sesgo no sería tan grave sino se asumiera que esa experiencia de vida es la superior, la legítima, la más natural y por lo tanto la más sana y ejemplo de NEUTRALIDAD del que tampoco escapa el sistema electoral mexicano, por lo que dicho sesgo difícilmente será percibido dentro de la forma en que las instituciones son omisas o en la manera en que construyen propuestas, iniciativas, leyes, procesos, procedimientos, formatos o entrevistas ya que desde ahí se estará filtrando una percepción de la realidad que les impedirá ver y reconocer los tratos diferenciados hacia otras poblaciones que les impactan negativamente en el acceso y reconocimiento a sus condiciones de vida digna.

¿Acciones afirmativas dentro de la propuesta de iniciativa político electoral de Pablo Gomez?

El 28 de abril de 2022, Pablo Gomez Alvarez quien actualmente ejerce la titularidad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y en representación del Poder Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador hizo llegar al Honorable Congreso de la Unión la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia Electoral, específicamente los artículos 35, 41, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 60, 63, 73, 99, 105, 110, 111, 115, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).

La iniciativa se integra de una exposición de motivos que contiene diez objetivos en donde se destaca la conformación de un sólo sistema electoral nacional bajo un mecanismo de representación proporcional cien por ciento puro donde las instituciones administrativas y jurisdiccionales sean únicas y electas mediante listas abiertas por medio de voto secreto, directo y universal pero postuladas por los tres poderes de la Unión (Ejecutivo, Legislativo y Judicial por medio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, objetivos 5 y 6). Este mecanismo de representación proporcional al cien por ciento impacta la integración de ambas cámaras del Congreso de la Unión (Diputaciones y Senadurías) de tal forma que todos estos cargos serían electos mediante votación en cada una de las entidades federativas a través del uso de listas abiertas postuladas por los partidos políticos y las candidaturas independientes (objetivo 7) y este mecanismo se trasladaría por medio de la iniciativa a los 32 Congresos Estatales y a cada uno de los diferentes ayuntamientos que serían elegibles también por medio de listas abiertas postuladas en una sola demarcación ya sea estatal o municipal, según el caso (objetivo 9).

A su vez, dado el principio de austeridad republicana (objetivo 5) la iniciativa contempla una contracción del sistema electoral mexicano a partir de la integración de las autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales en una sola figura, respectivamente. Para el caso de los cargos de representación popular, se prevé la eliminación de 200 diputaciones federales y 32 senadurías para conformar la Cámara de Diputados con 200 cargos y la de Senadores con 96 senadurías (objetivo 8). Si bien, no se menciona dentro de los objetivos, también incluye una reducción significativa en la integración de los congresos estatales y homologa la integración de los ayuntamientos en todo el país por medio de criterios poblacionales.

También el principio de austeridad republicana impacta directamente en la propuesta de limitar el financiamiento de los partidos políticos solamente para gastos de campaña electoral con la consecuente eliminación de llamado “financiamiento ordinario” al mismo tiempo que regula y limita las aportaciones de las personas hacia los partidos políticos así como su uso (objetivo 10).

La exposición de motivos establece que la reconfiguración del sistema electoral mexicano bajo esta iniciativa abonaría a fortalecer la seguridad del respeto al voto, la honradez y la legalidad por medio de la elección de las autoridades administrativas y jurisdiccionales que estima se mantendrían fuera de la lucha por el poder lo que garantizaría la libertad política de la ciudadanía, incluso sin censura y a los partidos políticos y candidaturas independientes les ofrecería garantías para una libre participación (objetivos 1, 2, 3 y 4).

Posteriormente, la iniciativa aborda y motiva diversos apartados que fundamentan la iniciativa, a saber:

1. Reducción del financiamiento público a los partidos políticos. Lo anterior, fundamentado en que los partidos políticos son una de las instituciones más desacreditadas lo que no se compensa con su costo al erario. Se resalta para este análisis cómo la iniciativa concibe un “sistema de partidos democrático” como uno “cuya legitimidad y capacidad de acción política se basa en el apoyo social, producto de sus propuestas programáticas, es decir, de su capacidad de obtener el apoyo ciudadano como única condición viable para el ejercicio del poder.

2. Acceso de los partidos políticos a radio y televisión con fines electorales. La iniciativa propone un nuevo modelo de comunicación política con el objetivo de “procurar la difusión efectiva de mensajes propositivos de los partidos” donde el criterio es cien por ciento cuantitativo, es decir, define un determinado número de minutos a distribuir conforme al criterio vigente de 30% distribuidos de forma equitativa entre partidos políticos y el 70% en función del desempeño de la elección de diputaciones federales. Sin embargo, carece de ajustes razonables que garanticen que la difusión de los mensajes propositivos de los partidos políticos representarían a la diversidad de candidaturas ni contiene restricciones para que dicha comunicación gire alrededor de una figura o unas cuantas figuras cercanas al poder y que deseen permanecer.

3. Unificación de las autoridades electorales administrativa y jurisdiccional y extinción de los organismos públicos locales y los tribunales electorales de las entidades federativas en donde el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) reemplazaría al Instituto Nacional Electoral (INE) y a los 32 Organismos Públicos Locales (OPL) convirtiéndose así en la única autoridad administrativa electoral para organizar todos los procesos electorales, de consulta y de participación ciudadana a nivel nacional, estatal y municipal. Si bien, el INEC absorbería la estructura de los OPL al mismo tiempo eliminaría la estructura electoral distrital permanente como órganos técnicos como las Juntas Distritales Ejecutivas así como órganos de vigilancia como las Comisiones Distritales de Vigilancia (300 en el país por cada figura) y se conformaría por órganos temporales y auxiliares que, particularmente durante los procesos electorales, desempeñarían las funciones electorales como suelen hacer los consejos temporales de los OPL durante las elecciones locales. En este sentido, sin una profesionalización de las personas que integren dichos órganos temporales y auxiliares se corre el riesgo de que efectivamente se reduzcan inicialmente presupuestos pero a costa de curvas de aprendizaje con errores diversos que impacten en las diversas etapas que constituyen el proceso electoral. El mismo riesgo puede correr el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) quien sería la única autoridad jurisdiccional que resolvería todas las controversias electorales.

4. Conformación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas y de la Sala Superior del Tribunal cuyo proceso de selección pretende “reivindicar a la ciudadanía como fuente de poder y representación de estas instituciones clave en el funcionamiento de los poderes formales del país” por medio de elecciones de listas que se realizarían el primer domingo de agosto cada seis años. Las convocatorias las emitiría la Cámara de Diputados para el INEC y la Cámara de Senadores para la Sala Superior del TEPJF de tal forma que cada uno de los tres poderes de la Unión postularían a 20 personas de manera paritaria para cada órgano a integrar. Algo inédito es que las personas candidatas propuestas tendrían acceso de manera igualitaria a tiempos de radio y televisión para exponer sus propuestas y programas de trabajo. El INEC organizaría cada una de las etapas de este proceso electivo. También hay una reducción en la integración de ambos órganos integrándose por 7 consejerías o magistraturas.

5. Elección mediante sistema de listas por entidad federativa y reducción del número de legisladoras y legisladores que parte de la premisa de buscar “mejorar la representación ciudadana depositada en las Cámaras del Congreso de la Unión con la reducción del número de sus integrantes y su elección mediante una sola lista por entidad federativa”. A diferencia del sistema de representación proporcional actual el propuesto por la iniciativa obligaría a que las personas “candidatas a hacer campaña territorial, contrario a lo que ocurre con las actuales cinco listas de las circunscripciones plurinominales. Al votarse en cada entidad, las listas estarían integradas por personas nacidas en la entidad federativa o por residentes con antigüedad domiciliaria mínima de un año.” La iniciativa propone que se cuente con una diputación por cada 420,000 habitantes y una senaduría por cada 1;312,500 personas.

6. Voto electrónico para “aprovechar las tecnologías de la información y comunicación para facilitar la participación ciudadana en las elecciones y las consultas populares“ de tal forma que la iniciativa propone que se eleve a rango constitucional la garantía del uso de tecnologías de información y comunicación así como los mecanismos de certificación, autentificación y encriptación así como modelos híbridos para dar certeza en el conteo de cada uno de los votos.

7. Reducción de integrantes de Congresos locales, ayuntamientos y alcaldías mediante el establecimiento de un criterio poblacional para definir el número de representantes en cada uno de esos órganos de representación.

Posterior a estos apartados la iniciativa contiene el Decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos donde para el análisis de este ensayo se resalta lo siguiente:

A. La iniciativa limita en el artículo 41, numeral I la intervención de las autoridades electorales en los asuntos internos de los partidos políticos a la reposición de procedimientos por violaciones a su normativa interna o a derechos de la ciudadanía restringiendo la posibilidad de resolver nombramientos de dirigencias y candidaturas por lo que esta autora considera que la iniciativa fortalece la vida interna de los partidos políticos. Esta restricción de intervención de las autoridades electorales quedaría detallada en reglas y procedimientos secundarios.

B. El artículo 54, numerales I al VI contiene la fórmula para determinar el cociente natural de asignación de diputaciones para cada partido político o candidatura independiente a partir de la votación válida de la entidad federativa entre el número total de diputaciones por asignar y se aplicaría a todo partido político o lista de candidatura independiente que alcance al menos el 3% de la votación válida en la entidad federativa que se trate de tal forma que se asignará el número de curules equivalentes a los cocientes naturales enteros derivados de la votación estatal. El remanente se asignará mediante cociente natural y resto mayor. En la ley secundaria se determinarán las reglas y fórmulas de operación.

C. Artículo 55: elimina la restricción de edad para aspirar a una diputación, modifica otras como haber nacido en un estado vecino con una residencia efectiva de más de un año anterior a la fecha de la elección y agrega otras restricciones como no formar parte de las magistraturas de la SCJN, del TEPJF o consejería, Secretaría Técnica, titular de dirección ejecutiva o profesional directivo del INEC a menos que se hubiesen separado del cargo 3 años antes de la elección.

D. Artículo 56: señala la fórmula para asignar senadurías a los partidos políticos y a listas de candidaturas independientes de forma similar al artículo 55.

E. Artículo 63: obliga a ambas Cámaras del Congreso de la Unión a sesionar con más de la mitad del número total de sus integrantes (151 para la Cámara de diputados y 49 para la Cámara de Senadores) estableciendo un plazo de 30 días para concurrir con las personas ausentes de tal forma que quien no lo hiciese la Ley entenderá que por ese sólo hecho no acepta el cargo y se cubriría por la fórmula de candidaturas o lista de candidaturas independientes en el orden de la lista de la entidad que corresponda. La autora considera que esta propuesta dificultaría una parálisis legislativa que pueda poner en riesgo la gobernabilidad ante la falta de renovación de los cargos públicos por motivos políticos.

F. Artículo 110 y 111: amplía el catálogo de cargos susceptibles de ser sujetos a juicio político como senadurías y diputaciones al Congreso de la Unión, magistraturas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consejerías de la Judicatura Federal, secretarías de Despacho, Fiscal General de la República, magistraturas de Circuito y jueces de Distrito, consejería titular de la Presidencia, consejerías electorales y Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, magistraturas del Tribunal Electoral, integrantes de los órganos constitucionales autónomos, direcciones generales y equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos. Principalmente, la designación de los cargos directivos de órganos del Estado se podrá declarar por mayoría absoluta de la Cámara de Diputados.

G. Artículo 115: en donde de forma constitucional se establece que cada cada municipio gobernado por un ayuntamiento de elección popular sería integrado por listas votadas de forma paritaria y se integrarían por una presidencia municipal, una sindicatura y un número de regidurías de acuerdo con su número de habitantes que se asignarían mediante el método de continente natural y resto mayor.

H. Artículo 116: considera que las diputaciones de las legislaturas de los estados podrán exceder de 15 a 45 curules a partir de su aumento poblacional.

I. Artículo 122, numeral VI, inciso a) define a las “alcaldías” de acuerdo al modelo propuesto de sistema político electoral como “órganos político-administrativos que se integran por un Alcalde o Alcaldesa y por un Concejo electos por votación universal, libre, secreta y directa, mediante el sistema de listas votadas en cada demarcación territorial, para un periodo de tres años”.

J. Tercer transitorio: los recursos humanos, materiales, financieros, presupuestales así como archivos y acervo de información publicada o por publicar en posesión del INE serían transferidos al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado quien coordinará las acciones de desincorporación y transferencia de archivos.

Impacto de las acciones afirmativas dentro la propuesta de sistema electoral mexicano de la iniciativa político electoral de Pablo Gómez.

Si bien, la paridad de género se mantiene como un principio constitucional dentro del sistema político electoral mexicano propuesto en la iniciativa no se hace mención sobre cómo se recuperaría o mantendría el logro alcanzado a partir del año 2021 para las poblaciones históricamente vulneradas en cuanto a acciones afirmativas tanto por cargos de mayoría relativa como en cargos de representación proporcional debido a que nuestro sistema electoral actual es mixto.

En el proceso electoral 2020-2021 tanto a nivel federal como a nivel local se implementaron un total de siete acciones afirmativas para los siguientes grupos históricamente vulnerados: personas indígenas, afromexicanas, con discapacidad, jóvenes, de la diversidad sexual, de personas migrantes y residentes en el extranjero y personas adultas mayores. El surgimiento e implementación de estas acciones afirmativas fueron producto de exigencias ciudadanas y de la sociedad civil organizada de los diferentes grupos poblacionales por lo que no se encuentran de forma homogénea en el país como se detalla en la siguiente tabla elaborada por el INE:

Es decir, para las elecciones de 2020-2021 se logró el reconocimiento de acciones afirmativas para la diversidad sexual tanto a nivel federal como en 22 entidades siendo los OPL de los siguientes estados quienes de alguna y otra forma no aprobaron acciones afirmativas: Colima, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco y Tamaulipas.

A nivel federal, se establecieron dos tipos de acciones afirmativas o cuotas para la diversidad sexual: una para el sistema de mayoría relativa y otra para el de representación proporcional de tal forma que se determinaron tres fórmulas de mayoría relativa en cualquiera de los 300 distritos electorales del país y 1 fórmula de representación proporcional a postularse en cualquiera de las cinco circunscripciones del país en los primeros diez lugares de la lista.

Asimismo, a nivel federal se realizó el reconocimiento histórico de las personas no binarias y se establecieron reglas para incorporar la no binariedad en armonía con el principio constitucional de la paridad de género.

El avance en el reconocimiento de acciones afirmativas a favor de grupos históricamente vulnerados permitió, por ejemplo, que en la Cámara de Diputados además de atender el principio de paridad se comenzó a reconocer el principio de diversidad mediante la herramienta de la interseccionalidad de tal forma que de las cinco acciones afirmativas que se reconocieron a nivel federal (personas afromexicanas, con discapacidad, de diversidad sexual, jóvenes y migrantes) llegaron 65 personas registradas bajo estas categorías, siendo 4 por diversidad sexual y, por primera vez en la historia de la democracia mexicana y de los derechos humanos de las mujeres, llegaron dos mujeres trans como diputadas federales.

Por una parte, la iniciativa propone reconfigurar al sistema político electoral a un sistema de representación proporcional cien por ciento puro sin embargo es omisa al incluir o mencionar de qué forma se asegurará mantener o de ampliar los avances en cuanto al reconocimiento de la representación de las poblaciones históricamente vulneradas no solo en los cargos de elección popular sino en la inédita modalidad de integrar a las autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales. Si bien, esta omisión podría ser subsanada en la ley secundaria tampoco se establecen criterios orientadores que aseguren el principio de progresividad con perspectiva interseccional de derechos humanos respecto a estos a avances.

Esta omisión puede tener efectos que representen un retroceso con respecto a los derechos ya ganados por las siguientes razones:

• La desaparición de los cargos de representación por mayoría relativa implicaría también la extinción de todas las acciones afirmativa o cuotas ganadas no solo para las poblaciones de la llamada diversidad sexual sino para el resto de las poblaciones históricamente vulneradas. Es decir, iría en contra del principio de progresividad de derechos humanos.

• Vulneraría el articulo 1 Constitucional al ser omiso también con respecto a los criterios y recomendaciones a favor de los derechos de las mujeres diversas, como las trans*, como sucede con el Caso Vicky Hernández de Nicaragua donde la CIDH afirmó que los derechos humanos de las mujeres trans* también están reconocidos y protegidos en instrumentos y tratados internacionales como la CEDAW que recomiendan, entre otros apartados, favorecer condiciones para aumentar la participación política de las mujeres.

• Vulneraría el derecho de autodeterminación de los pueblos originarios tanto para ser consultados como para participar en todo el proceso de debate y construcción de una propuesta que modifica la forma de gobierno que actualmente tienen los pueblos originarios de México lo que atenta directamente con el artículo 2 de la CPEUM.

La estructura cisheteronormativa articulada con otras estructuras de opresión como el racismo vuelve aún más complejo el proceso de identificar los sesgos para reconocer la existencia de las diversidades sexuales y de género dentro de los pueblos originarios y afromexicanos para proteger y ampliar sus derechos humanos, como los político-electorales.

En otras palabras, la iniciativa debe prever que las listas abiertas tanto para integrar a los órganos electorales administrativos y jurisdiccionales como los cargos de representación popular de los tres niveles de gobierno cumplan con ciertas condiciones o criterios orientadores no solo para mantener el principio de progresividad de derechos humanos con respecto a los derechos ya ganados sino también para asegurar una representación paritaria y plural no sólo ideológicamente política -puesto que la iniciativa fortalece aún más el sistema de partidos- sino que sea diversa en cuanto a las trayectorias y agendas políticas y que éstas a su vez estén articuladas con los diversos apartados de la Carta Magna que obligan a las autoridades del Estado asegurar la participación de los pueblos originarios y afromexicanos en las decisiones que afectan sus intereses y su forma de gobierno.

El bloque de convencionalidad surgido con la reforma constitucional de derechos humanos de 2011 tampoco es tomado en cuenta en tanto desatiende cómo se respetarán, traducirán o reconfigurarán los espacios de participación ya ganados para las poblaciones de la diversidad sexual -y del resto de las poblaciones históricamente vulneradas- para asegurar la efectiva participación de estas poblaciones en las diversas candidaturas mencionadas.

La iniciativa fortalece aún más al sistema de partidos políticos y esto puede tener efectos regresivos e incluso discriminatorios para el reconocimiento y protección de los derechos políticos electorales de las diversidades sexuales y de género, y el resto de poblaciones históricamente excluidas por las siguientes razones:

La iniciativa concibe al “sistema de partidos democrático” como uno “cuya legitimidad y capacidad de acción política se basa en el apoyo social, producto de sus propuestas programáticas, es decir, de su capacidad de obtener el apoyo ciudadano como única condición viable para el ejercicio del poder”. En otras palabras, presupone al “sistema de partidos democrático” como uno ajeno y neutral a las estructuras racistas, clasistas, sexistas, capacitistas y, por supuesto, cisnormativas en cuanto a sus estructuras y procesos que le componen. Esta aparente neutralidad invisibiliza el trato diferenciado o discriminatorio que padecen las poblaciones históricamente vulneradas que han sido excluidas de su derechos a la participación política pero también tiene efectos profundos en su omisión o negación de la realización de los ajustes razonables correspondientes para eliminar obstáculos estructurales e históricos que también afectan con respecto al ejercicio de este derecho humano.

Por ejemplo, la incorporación de listas abiertas implicaría que el electorado podrá reacomodarlas de acuerdo a su preferencia electoral por lo que es peligroso que la iniciativa no prevea principios orientadores para mitificar los efectos que producen los estigmas y prejuicios que gravitan sobre las poblaciones de las diversidades sexuales y de género en el contexto político electoral mexicano. Asimismo, la iniciativa es omisa en delinear principios orientadores para prevenir, atender y sancionar las violencias políticas durante los procesos electorales por razones lgbtfóbicas, cissexistas, clasistas, racistas y capacitistas y que han identificado encuestas en la materia como CONAPRED al mismo tiempo que se desaparecerían las cuotas ya ganadas.

En otras palabras, si las acciones afirmativas alcanzadas en 2021 fueron un avance en derechos humanos para las poblaciones históricamente vulneradas la ausencia de principios orientadores para preservarlas puede tener efectos directos en la configuración de discriminación e incluso de violencia política por modalidad de omisión y en razón de orientación sexual e identidad de género así como las categorías relacionadas con el resto de poblaciones que se beneficiaron con estas cuotas.

De tal manera que se propone que una iniciativa que pretenda reconfigurar el sistema político electoral mexicano para pasarlo a uno 100% proporcional debe de contemplar los ajustes razonables correspondientes que garanticen la participación efectiva de las poblaciones beneficiadas, al menos en los porcentajes alcanzados en el sistema electoral anterior, en atención al principio de progresividad de la teoría de derechos humanos.

Éstos ajustes razonables deben de ser considerados desde el acceso a candidaturas de tal forma que esta autora recomienda que:

• Las listas cerradas tendrían en realidad que ser listas mixtas de tal forma que los primeros lugares se aseguren siempre para las poblaciones históricamente vulneradas lo cual en articulación con el principio de paridad constitucional garantizaría una integración más plural y diversa y mitigaría los diversos efectos de cisheteronormatividad con respecto al pleno acceso a los derechos políticos electorales en particular hacia los hombres trans y personas no binarias hacia quienes la deuda histórica es aún mayor.

• También se deben incorporar ajustes razonables que garanticen acceso igualitario a prerrogativas públicas incluido el presupuesto y una difusión de mensajes propositivos de los partidos políticos que representarían la diversidad de candidaturas de forma equitativa considerando un igualitario acceso a tiempos de radio televisión sin estigmas ni prejuicios.

• Los ajustes razonables también deben impactar en el acceso de manera igualitaria a tiempos de radio y televisión de tal manera que su fiscalización no sólo sea cuantitativa sino también cualitativa a partir de criterios orientadores que garanticen que la difusión no perpetúe estigmas y prejuicios hacia las poblaciones históricamente vulneradas, como las de las diversidades sexuales y de género, o que los partidos políticos les destinen menos del tiempo ordenado por la normatividad aplicable.

• Ajustes razonables como cuotas para las poblaciones históricamente vulneradas en la integración de forma paritaria y diversa de los órganos temporales y auxiliares que se conformarían durante los procesos electorales y mecanismos de consulta ciudadana. Éstos ajustes razonables también deben de impactar la integración de las autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales.

La iniciativa es omisa con respecto al articulo 2 Constitucional y los tratados internacionales en incorporar criterios orientadores para garantizar y asegurar el respeto y reconocimiento de la auto determinación de los pueblos originarios para definir su propia forma de gobierno ya que no contempla dentro de su contenido no solo la consulta a los pueblos originarios acerca de las modificaciones que impactan la forma de organización política a nivel estatal y municipal sino que dichas poblaciones así como las afromexicanas están ausentes a tener las mismas oportunidades de participación para acompañar todo el proceso de reconfiguración del sistema político electoral y del que evidentemente forman parte incluyendo sus derechos a la traducción e interpretación lingüística para que conozcan el contenido de esta iniciativa y tengan oportunidades igualitarias para participar en estos debates y reflexiones.

Particularmente los artículos 115, 116, y 122, numeral VI, inciso a son problemáticos con el principio de interculturalidad porque tampoco ofrecen principios orientadores sobre cómo se consultará a los pueblos originarios y de qué manera participarán de forma efectiva durante todo el proceso de reconfiguración del sistema político electoral de forma activa y no con una participación simulada (“sólo por cumplir que se consultó”) o para evitar la franca omisión de tal manera que la iniciativa no evite acciones que terminen legitimando prácticas colonialistas, racistas y que vulneren el derecho de autodeterminación de los pueblos indígenas, donde también hay diversidades sexuales y de género.

En ese sentido, se considera que la iniciativa tiene también el reto de incorporar profundamente el principio de derechos humanos con una perspectiva interseccional de tal manera que permita asegurar atender el principio de progresividad con respecto a los alcances relacionados con la representatividad como las acciones afirmativas por lo que se considera que carece de principios orientadores para asegurar al menos el mantenimiento de dichas cuotas ajustadas a las reglas propias de un sistema 100% proporcional como las que se han propuesto en este ensayo pero que al final sus resultados no deben ni pueden ser menores a lo alcanzada en el sistema electoral que se pretende refundar.

Este ensayo reitera que la omisión de los principios orientadores propuestos sería un gravísimo retroceso con respecto a los avances hacia una democracia basada en los derechos humanos en donde se coloque la dignidad humana de las poblaciones históricamente vulneradas en el centro.

Reflexiones finales

En una primera parte de este ensayo se reflexionó acerca de cómo las cisheteronormatividad dentro del sistema electoral mexicano tiene efectos en sesgos que impactan directamente en la limitación o restricción en el acceso pleno a derechos humanos de las poblaciones de las diversidades sexuales y de género. Se reflexionó acerca de la importancia de cambiar la perspectiva cisheteronormativa hacia una basada en derechos humanos e interseccional que repare y garantice medidas de no repetición ante actos de violencia hacia estas poblaciones para asegurar sistemas electorales que no sean hostiles por motivos de identidad y/o expresión de género y orientación sexual con el cruce de otras categorías de opresión como la racista. Se analizó la propuesta de iniciativa político electoral de Pablo Gómez para identificar de qué manera impactaría con el actual avance en relación a acciones afirmativas hacia las poblaciones históricamente vulneradas. Finalmente, se reflexionó acerca de cómo estas reformas al sistema político electoral tendrían un impacto muy probablemente negativo, restringido en materia de derechos humanos y discriminatorio por motivos de orientación sexual, identidad de género y por falta de perspectiva intercultural hacia las poblaciones de los pueblos originarios y afromexicanos por motivo de omisión de una perspectiva que garantice el mínimo de derechos ya ganados, y por otra forma parte, que atienda el principio de autodeterminación de los pueblos originarios.

Bibliografía

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Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), Encuesta sobre discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género 2018, ENDOSIG, 2019, México. Liga: https://www.conapred.org.mx/ index.php?contenido=pagina&id=611

Corte Interamericana de Derechos Humanos, Vicky Hernández y otras VS Honduras”, Sentencia de 26 de marzo de 2021 (Fondo, Reparaciones y Costas): https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_422_esp.pdf

Gómez Pablo, Con eliminación de presupuesto ordinario, partidos dejarán de ser “parásitos”: Pablo Gómez. Milenio, México, 7 de julio de 2022. Revisado el 20 de agosto de 2022. Liga: https://www.milenio.com/politica/reforma-electoral-partidos-dejaran-parasitos-pablo-gomez

Garza Rebeca. Derechos políticos de las personas trans en México, Animal Político 11 de mayo de 2018, México. Liga: https://www.animalpolitico.com/diversidades-fluidas/derechos-politicos-de-las-personas-trans-en-mexico/

Garza Rebeca, Trans*, entre lo personal y lo político: Violencias de género y participación política electoral de las personas trans* en México 1990-2016 dentro del sistema electoral mexicano, 2017, México. Liga: https:// http://www.academia.edu/39330925/ TRANS_ENTRE_LO_PERSONAL_Y_LO_POLÍTICO_Violencias_de_género_y_participación_pol%C3%ADtica_elect oral_de_las_personas_trans_en_México_1990_2016_dentro_del_sistema_electoral_mexicano_Rebeca_Garza

Autora

Por Luisa Rebeca Garza López

Integrante de QuereTrans, SC y Encargada de Despacho de la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Participación Ciudadana del Instituto Estatal Electoral y Educación Cívica en el Estado de Oaxaca (IEEPCO) rebeca.garza@outlook.com

Twitter: @Rivka_Azatl

@senadomexico Aprueba hoy 11 de octubre de 2022 prohibición de #ECOSIGs


El día de hoy, 11 de octubre el Senado de la República votó a favor de la prohibición de los esfuerzos para corregir la orientación sexual y la identidad de género en llamadas ECOSIG.

Éstas prácticas han sido consideradas como actos de tortura por parte de organismos internacionales a favor de los derechos humanos como la Comisión internacional de derechos humanos.

Sin embargo, desgraciadamente sigue siendo una práctica muy común particularmente en estados conservadores que tienen vínculos muy estrechos con grupos religiosos que simulan o disfrazan hospitales o centros de recuperación física o mental para literalmente secuestrar a sus propias familias LGBT.

En esos espacios donde clandestinamente les priva de libertad, bajo la supuesta terapia de corregir la orientación sexual no heterosexual así como la identidad qué no sea así cisgénero reciben también privación del sueño, de la alimentación, malos tratos, humillaciones, entre otras prácticas que como ya he dicho son consideradas actos de tortura.

Rebeca Garza

Memoria gráfica

Redes sociales

❗️⚠️Alerta⚠️❗️Se prepara marcha Feminista Trans Excluyente a Nacional en Méxicos


“Algunas de las reformas constitucionales contenidas en este dictamen implican un borrado de la categoría sexo mediante la eliminación o reconceptualización del concepto de mujer como identidad de género y no como una realidad biológica.”

Aunque nunca dicen la palabra trans en el texto, párrafos como el anterior hacen referencia a los pocos reconocidos a favor de la personas trans. A eso se le llama “dog whistle” que es un llamado qué pasa desapercibido para la mayoría pero no para quienes conocen y comparten los mismos códigos prejuicios, en este caso contra las poblaciones trans.

Lo anterior se confirma al revisar el apartado de personas firmantes, quienes son mujeres que se han caracterizado por organizar foros, eventos y escribir artículos en contra de los derechos de las personas tras a partir de conceptos que ellas han acuñado para promover el pánico moral como: “el borrado de mujeres“, “acabar en contra de los estereotipos de género del posmodernismo“, “el neopatriarcado neoliberal “ entre otros.

El 15 de octubre se realizará una conferencia con Marcela Lagarde en el INE y es muy preocupante que dentro de este contexto y estas marchas se utilice dicho espacio para difundir y legítimar estos discursos que estigmatizan a las personas trans en un Mexico donde han asesinando a tres mujeres trans esta semana.

El borrado de mujeres es un discurso que perpetúa estigmas hacia las poblaciones trans y pone en riesgo gravemente nuestros derechos humanos.

Rebeca Garza

Movilización nacional contra el borrado de las mujeres en la Constitución de la República

Antecedentes TERF

Tendedero para denunciar violencias institucionales o de género del @INEMexico hacia la base trabajadora o hacia la ciudadanía


Ante las diferentes denuncias por violencia de género, institucionales entre otras sobre @INEMexico se ha creado este tendedero:

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Ir a tendedero aquí

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También puedes acceder por medio de este código QR:

Ayúdanos a difundir

#JusticiaTrans #MemoriaTrans Les adelanto que ya gané por segunda vez un juicio electoral en contra de @inemexico e @IneQuerétaro por negarse por SEGUNDA VEZ a iniciar procedimiento laboral sancionador a la Delegada


Les adelanto que ya gané por segunda vez un juicio electoral en contra de @inemexico e Ine Querétaro INE Querétaro por negarse por SEGUNDA VEZ a iniciar procedimiento laboral sancionador a la Delegada a pesar que el Sala Regional Monterrey del TEPJF determinó que de las pruebas sí hay indicios para hacerlo.

Desde que he hecho pública mi denuncia de recibido muchísimos mensajes de personas que han vivido el mismo trato que yo. Que han sido acosadas y hostigadas, que han denunciado de una u otra manera y que no les han dado trámite o absuelven también a sus personas violentadoras.

Por esa razón, nos estaremos organizando todas las personas que han colaborado con @INEMexico como CAE, SE, Rama administrativa y SPNE para hacer un TENDEDERO DE DENUNCIAS PÚBLICAS #BASTAIMPUNIDADINE

INENOMECUIDA

✅seguiré informando

Rebeca Garza

Expedientes

Tendedero de denuncias por violencia institucionales y de género de líneas en la base trabajadora o hacia la ciudadanía

El tendedero se puede acceder a la siguiente liga.

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