Sobre la educación sexual en la infancia


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El pasado 9 de noviembre la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló la obligación del Estado para impartir educación sexual a menores de edad.[1]

Una mujer de Aguascalientes había impugnado algunos artículos de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, emitida en diciembre de 2014 porque, entre otras cosas, consideraba que el Estado interfería excesivamente en la patria potestad cuando reconoce que niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la educación y a servicios en materia de salud sexual y reproductiva.

Claro que esta ley ha alarmado a un gran sector movido por prejuicios machistas que consideran inapropiado que el Estado asuma su papel en educar en temas como la “preferencia sexual” o sobre métodos de control reproductivo y consideren que esto genera un “ambiente nocivo”[2] para la niñez mexicana.

En diversos apartados, la ley establece las obligaciones de las autoridades federales, estatales y municipales para asegurar el acceso a derechos humanos (como la educación) por parte de niñas, niños y adolescentes especialmente para quienes viven situación de vulnerabilidad, entre otros, por aspectos de género, preferencia sexual o prácticas culturales.

Sin embargo, la existencia de la ley ni este criterio de la SCJN garantiza que la discriminación y vulneración de derechos humanos a niñas, niños y adolescentes dejen de suceder dada la introyección de prejuicios raciales, de género, religiosos, clasistas, corporales y funcionales que siguen legitimando socialmente la exclusión  y consideran a estas leyes una imposición a su “derecho de madres y padres” de educar a sus hijas e hijos sin cuestionarse sus propios prejuicios y aislándose de la convivencia democrática que debe existir en sociedades plurales.

Por ejemplo, en el pasado mes de octubre estudiantes y madres y padres de familia se manifestaron en contra de una alumna trans de una preparatoria de Colima quien además era violentada por la directora e ignorada por la SEP y en 2014 un colegio privado de Nuevo León tuvo que pagar 161 mil pesos después de 7 meses de litigios a una pareja de hombres gay por expulsar a su hija de 3 años sólo por pertenecer a una familia homoparental.

El problema es que estos prejuicios también están introyectados en las personas que integramos las instituciones públicas y aunado a la ausencia de una verdadera convicción democrática se traducen en  pasividad e incluso contubernio que legitiman violencias y que judicializan y encarecen el acceso a derechos humanos fundamentales resultando nuevamente más perjudicados los sectores más desprotegidos colocándoles en una espiral de vulnerabilidad por razones de pobreza, falta de acceso a la educación o a un empleo negados por su origen étnico, su condición sexo-genérica o sus funciones corporales.

Rebeca Garza

@Rivka_Azatl

[1] http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2016/11/9/suprema-corte-avala-que-menores-reciban-educacion-sexual

[2] http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/11/09/scjn-constitucional-derecho-de-los-menores-a-educacion-sexual

 

El efecto Trump y el incremento de odio hacia población más vulnerable.


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La reciente victoria de Trump ha levantado señales de alarmas no sólo por su agenda política sino porque su triunfo ha dado carta de naturalización a los prejuicios racistas, misóginos y hacia la  población de la diversidad sexual.

Poco después de su triunfo,  han surgido agresiones homofóbicas y racistas. Aparecieron en escuelas de Estados Unidos pintas que decían “bye bye Latinos hasta la vista”, “la vida de los negros no importan, tampoco su voto”, “poder blanco” y han llamado “recolectores de algodón” a las personas negras e incluso han llegado a las agresiones físicas.

Esto me parece preocupante por las siguientes razones:

  1. Sin los pronunciamientos y respuestas institucionales eficaces y prontas que rechacen y sancionen estas agresiones se corre el riesgo de normalizar el discurso de odio y sus manifestaciones.
  2. Esta normalización no sólo generaría más violencia, sino que pudiera permear en la institucionalización de la discriminación bajo un malentendido discurso de la mayoría por medio de acciones u omisiones que signifiquen estancamiento, en el mejor de los casos, o retrocesos en materia de derechos humanos.
  3. Lo anterior, puede tener un efecto en México donde grupos conservadores que ya se han pronunciado contra los derechos de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, contra el matrimonio igualitario y las leyes de identidad de género, pueden ver también legitimadas sus aspiraciones al intensificar acciones que rechacen los pocos avances logrados o que modifiquen el entramado institucional que protegen derechos.

El escenario tanto en Estados Unidos como en México parece complicado, especialmente para aquellas personas que encarnan múltiples categorías de opresión: como las mujeres y personas no binarias en situación de precariedad, racializadas y/o con una condición translésbica.

Por lo tanto, me parece que  las instituciones y los procedimientos democráticos creados para proteger derechos humanos seguirán estando a prueba ante la constante tensión propia del principio de mayoría que no puede existir si se vulneran derechos de las minorías.

Rebeca Garza

@Rivka_Azatl